Los bancos españoles han cerrado 2016 con un nuevo frente abierto que amenaza el cumplimiento de los objetivos marcados en sus planes estratégicos: las cláusulas suelo de las hipotecas.

En un entorno económico ya de por sí adverso -tipos de interés en mínimos, mayores exigencias regulatorias y reconversión tecnológica del sector-, los directores financieros de los bancos empiezan a hacer sus cálculos y a esbozar planes de contingencia para analizar cómo absorber el efecto que tendrá en sus cuentas del recién concluido 2016 o de los próximos la devolución del importe percibido de sus clientes hipotecados por el efecto de las cláusulas suelo abusivas.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 21 de diciembre obligará a la banca española a provisionar, en el escenario más adverso, hasta 4.200 millones de euros, según estimaciones del Banco de España. Firmas de análisis rebajan este importe al entorno de los 3.000 millones.

La normativa que aprobará el Gobierno para acelerar las devoluciones definirá la estrategia de la banca

El Tribunal Europeo ha determinado que las entidades españolas deberán devolver íntegramente a los afectados, con carácter retroactivo, lo cobrado indebidamente por las cláusulas suelo sin limitación temporal. Hasta la fecha, el Tribunal Supremo había fijado que el reintegro se aplicaba, exclusivamente, desde mayo de 2013.

El Gobierno planea aprobar un código de buenas prácticas para los bancos de adhesión voluntaria -pero cumplimiento obligatorio una vez adscritos- con el objetivo de que se agilice el procedimiento de devolución del dinero que corresponde a los afectados. Una vez que el texto definitivo se apruebe, los bancos tendrán un marco más claro para evaluar cómo afrontar las devoluciones de los importes que cobraron indebidamente por el efecto de las cláusulas suelo abusivas.

Las entidades hacen sus cálculos para valorar si realizan sus provisiones a cargo de 2016 o los próximos años

Algunas entidades atribuirán las dotaciones para hacer frente a las futuras reclamaciones al cuarto trimestre de 2016, mientras que otras provisionarán a cargo de las cuentas de 2017. Y, puesto que el goteo de reclamaciones y los procesos pueden dilatarse en el tiempo, habrá entidades que realicen sus provisiones paulatinamente, en función de ritmo y la cuantía de las futuras demandas.

Por volumen, las entidades más afectadas son BBVA, CaixaBank y Popular. Las tres deberán realizar provisiones, en conjunto, que rondarán los mil millones de euros. En términos relativos, Liberbank será la que más sufra el impacto de la resolución europea. Estima que el diferencial de intereses devengados es de 83 millones.

El grupo que preside Francisco González, que en un primer momento estimó el impacto total de la supresión de la cláusula en 1.200 millones de euros, anunció que realizará una dotación de 404 millones este año para cubrir la contingencia de futuras reclamaciones.

BBVA calcula que esta provisión tendrá un impacto negativo neto en el beneficio atribuido del grupo, pero mantiene su objetivo de alcanzar un ratio de capital CET1 fully loaded (completamente implementado) del 11% en 2017.

Popular, que ya había provisionado 305 millones de euros para cubrir el alcance de las sentencias conocidas antes de la del 21 de diciembre, estima que el impacto de la resolución ascenderá a 334 millones de euros, que deberá dotar próximamente.

El impacto total para CaixaBank por la eliminación de las cláusulas desde el inicio de la vida del préstamo asciende a 750 millones de euros, en el peor escenario posible. El grupo catalán ya ha provisionado para hacer frente a reclamaciones 515 millones, por lo que debería hacer nuevas dotaciones por 235 millones adicionales.

Sabadell cuenta actualmente con provisiones genéricas -no específicas para hacer frente a demandas por cláusulas suelo- que, si fuese necesario, cubrirían las futuras reclamaciones, asegura la entidad. El grupo siempre ha defendido la transparencia de sus contratos y, por tanto, su confianza en que la justicia le dé la razón. Sin embargo, tras el fallo del tribunal europeo del 21 de diciembre, ya hay una sentencia en Oviedo que ha condenado a Sabadell a pagar al demandante con carácter retroactivo, lo que podría suponer un peligroso precedente para Sabadell.