La factura del rescate público a la banca española supera ya los 60.000 millones de euros. En concreto, el coste para el Estado del saneamiento del sector ascendía a cierre de 2015 a 60.718 millones de euros, según un informe del Tribunal de Cuentas, que fiscaliza el proceso de reestructuración bancaria entre los ejercicios desde 2009 a 2015.

La institución explica que el principal componente de este coste se deriva de las aportaciones al capital y cuotas participativas, que asciende a unos 46.021 millones de euros. Por su parte, las garantías comprometidas en la venta de entidades han representado un desembolso de dinero público de 11.785 millones.

Tres entidades son responsables de casi el 60% de este gasto. Catalunya Banc, la unión de diversas cajas de ahorro catalanas, lidera este ránking, al haber supuesto un coste de 12.676 millones de euros. La entidad ha sido posteriormente absorbida por BBVA. BFA/Bankia, por su parte, ha representado un coste para el erario público de 12.346 millones de euros. Mientras que CAM, caja adquirida por Banco Sabadell bajo un EPA (Esquema de Protección de Activos), ha generado un coste público de 11.064 millones de euros.

Todas estas cifras no pueden darse por definitivas, tal y como señala el propio Tribunal de Cuentas, todos los procesos de reestructuración no están finalizados. Así, por ejemplo, las pérdidas por la EPA de CAM, que está vigente hasta 2021, podrían engordar la factura pública del rescate. Y más significativo puede ser el cierre del proceso de privatización de las entidades bajo control del Estado, como Bankia y BMN, que han recibido de forma conjunta alrededor de 12.400 millones de euros de dinero público, según el informe.

El Gobierno está estudiando en los últimos meses la venta del más del 60% del capital que controla en BMN o fusionar a la entidad con Bankia, de la que es propietaria también de un 65% de las acciones.

En total, los recursos públicos comprometidos en el rescate del sector bancario español se elevan hasta los 122.122 millones de euros. Al margen de ese importe, la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito relacionadas con los procesos de reestructuración o resolución, por un importe máximo de 85.965 millones de euros, ascendiendo el saldo vivo de la única emisión no amortizada hasta la fecha a 1.059 millones. Además, el saldo vivo a 31 de diciembre de 2015 de las emisiones de deuda senior de la sociedad Sareb, que ascendía a 43.476 millones de euros, está avalado por el Estado.

En cualquier caso, el Tribunal de Cuentas insiste en que todas estas medidas no implican un coste para las arcas públicas.

Asimismo, en su informe, la institución deja constancia de que, con escasas excepciones, las entidades fiscalizadas (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB); los tres Fondos de Garantía de Depósitos que existían hasta el 15 de octubre de 2011 y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito -que sustituyó a los anteriores-; y el Banco de España) han cumplido adecuadamente la normativa reguladora en las actuaciones emprendidas en los procesos de reestructuración y resolución bancaria, durante el periodo 2009-2015.