El proyecto de construcción de un almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas, en Cuenca, se encuentra formalmente paralizado desde julio de 2015. Enresa, la empresa pública encargada del proyecto, ha seguido repartiendo contratos ligados al silo y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el supervisor del sector, ha continuado con el proceso para avalar las autorizaciones para su construcción, pero el proyecto estaba formalmente bloqueado por ley. Hasta ahora.

El Tribunal Supremo ha decidido suspender cautelarmente la medida con la que la Junta de Castilla-La Mancha intentó bloquear la construcción del cementerio nuclear. El Gobierno regional de Emiliano García-Page amplió una zona de protección medioambiental justo hasta hacerla llegar a las parcelas en que se ubicaría el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos.

Pero ahora el Supremo suspende su aplicación y da así al Gobierno, que fue quien presentó el recurso, su primera victoria en la batalla legal para volver a impulsar el almacén. El Alto Tribunal entiende que, si bien el Gobierno de Castilla-La Mancha trata de proteger a las aves ampliando la zona especial, prevalece la protección de todas las especies animales –incluida la humana- y del medio ambiente en general que supone la correcta y pronta gestión de los residuos que generan todas las centrales nucleares españolas y que acabará en el ATC.

Esto es, el Supremo considera que la seguridad nuclear que proporcionaría el almacén beneficia a todas las especies animales y el mantenimiento de la zona de protección ambiental sólo beneficia a un puñado de especies de aves.

Dudas sobre el proyecto

El Consejo de Seguridad Nuclear decidió en julio del año pasado aprobar su informe favorable para la concesión de la autorización de emplazamiento del almacén nuclear, a pesar de las dudas expresadas por sus propios técnicos y por consultoras externas sobre la idoneidad de los terrenos elegidos para ubicar la instalación de los que alertan sus técnicos.

El Gobierno, no obstante, aún no ha aprobado formalmente esa autorización previa, porque aún no dispone de una declaración de impacto ambiental que debe aprobar el Ministerio de Agricultura, que exige estudios más completos sobre el proyecto. Sin esa autorización de emplazamiento no se puede aprobar la autorización de construcción para arrancar las obras.

En cualquier caso, el bloqueo legal impuesto por la Junta de Castilla-La Mancha dejaba hasta ahora en un permanente impasse el interés del Gobierno central por impulsar el proyecto. Pero con la decisión del Supremo de suspender la medida, empieza a despejarse el camino para que el Ministerio de Energía, ahora comandado por Álvaro Nadal, retome el proyecto.

Aún queda que el Supremo tome una decisión sobre el fondo del asunto, dado que ésta se trata sólo de una suspensión cautelar. Y aún no está despejado por completo el camino para el pryecto, ya que la Junta castellano manchega reforzó el bloqueo del ATC anulando el plan de ordenación urbanística en el que el Ayuntamiento de Villar de Cañas contemplaba la construcción del silo.