Una carrera de caballos. Con el pistoletazo de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 se inició una galopada entre PSOE, Ciudadanos y Podemos por ganar votantes a golpe de fusta social. Los tres ofrecieron una renta mínima, formulada de una u otra forma, para el alivio de rentas bajas, parados de larga duración o jóvenes sin estudios. Ahora, en el momento de la política real, Ciudadanos juega su baza poniendo en práctica el acuerdo de Gobierno alcanzado con el PP, mientras que el PSOE y Podemos tratan de sacar alguna cabeza con un caballo que no es el suyo, aprovechando la tramitación parlamentaria de la Prestación de Ingresos Mínimos de los sindicatos.

En el momento de las presentaciones antes del 20D, la más llamativa fue la de Podemos. La formación morada propuso en precampaña una renta universal (que después pasó a ser una renta garantizada) de 600 euros mensuales (hasta 1.290 euros en función del número de miembros la familia) para los hogares sin ingresos.

A ojos de sus contrincantes, la ambición de Podemos era loable, pero su ejecución presupuestaria, imposible. Además, con el acuerdo para un Gobierno reformista suscrito entre Ciudadanos y PSOE tras el 20D, aún lo fue más: ambas formaciones dejaron a un lado a los de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.

Aquel documento suscrito por socialistas y la formación naranja incluía tanto un Ingreso Mínimo Vital propuesto por  el PSOE  (una prestación no contributiva acompañada de un itinerario de activación laboral y formación), como el complemento salarial garantizado para rentas bajas (en forma de rebaja del IRPF) de Ciudadanos.

El único partido con un pacto sellado con el PP es Ciudadanos

Sin embargo, tras las elecciones generales del 26 de junio, Ciudadanos suscribió un nuevo acuerdo, esta vez con el PP. El nuevo documento, de 150 medidas, volvía dejar fuera a Podemos, pero también a los socialistas. Mantenía vivo, en cambio, el complemento salarial garantizado de Ciudadanos.

De este modo, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy tomara forma el pasado mes de diciembre, llegó el momento de cumplir los acuerdos. Sin embargo, las estrecheces presupuestarias por las exigencias de reducción del déficit al 3,1% del PIB en 2017, junto a la necesidad de alcanzar pactos con las principales fuerzas políticas para garantizar el apoyo a los Presupuestos de este año, están enfriando las expectativas de los de Albert Rivera y dando otra oportunidad al PSOE.

¿Qué pasa con el complemento salarial de Ciudadanos?

En primer lugar, el complemento salarial de Ciudadanos está menguando por momentos. Se hará, porque así se pactó, pero no en los términos en que fue ideado. Fuentes de la negociación entre el Gobierno y los naranjas creen que la ayuda no se incluirá en los Presupuestos, más allá de su consignación dentro de las cuentas del Servicio Público de Empleo (SEPE) como fondos europeos, para preservar el déficit. Pero además, no tendrá una dotación de 1.300 millones de euros.

Esto se debe a que, para buscarle encaje sin que afecte al déficit, los negociadores estudian vincular la ayuda a la Garantía Juvenil y financiarla con cargo a unos 800 millones de euros de fondos de la UE sin gastar. Para que la UE otorgue el visto bueno a este nuevo destino de los fondos, el complemento debe transformarse en una política activa de empleo y, por tanto, debe estar vinculada a la formación. Además, solo podrá beneficiar a menores de 30 años.

Como conclusión, el caballo de Ciudadanos ha ido perdiendo fuerza a lo largo de la carrera, aunque parece que llegará a la meta.

PSOE y Podemos se acercan a los sindicatos

Mientras tanto, el ingreso mínimo vital de PSOE sigue en pie. Pero además, los socialistas están brindando su apoyo a la Iniciativas Legislativa Popular (ILP) trasladada al Congreso por los sindicatos CCOO y UGT, para que el Parlamento vote una Prestación de Ingresos Mínimos.

Las centrales lanzaron esta iniciativa en abril de 2015 con el respaldo de unas 700.000 firmas. Se trata de una ayuda de alrededor de 426 euros para personas en edad de trabajar, pero sin empleo ni ingresos suficientes (menos del 75% del SMI sin pagas).

La prestación económica tiene vocación indefinida mientras el beneficiario cumple los requisitos de acceso, una vez agotadas el resto de prestaciones contributivas y asistenciales, y estaría financiada con presupuestos. Según los sindicatos, esta renta beneficiaría a 2,4 millones de personas de forma directa y tendría un coste de 12.000 millones de euros (1,1% del PIB).

Ciudadanos ya ha avanzado que votará en contra de la toma en consideración de la ILP porque «no se puede financiar».

Sin embargo, el PSOE ha pedido a la Junta y Mesa de Portavoces que esta iniciativa se debata ya en el primer Pleno de la Cámara. Su portavoz de Economía, Rafael Simancas, ha asegurado a El Independiente que “no trata de apadrinar” la propuesta de los sindicatos, pero que su grupo “la comparte” en casi todos sus términos.

Por su parte, fuentes de Podemos han avanzado a este periódico que la formación quiere reunirse también con CCOO y UGT para «estudiar» su propuesta con la idea de poder acercarla, vía enmiendas en el debate parlamentario, hasta su renta garantizada.

Antes de saber quién llegará primero a la meta y se pondrá la medalla, los primeros en salir, los sindicatos, no quieren que nadie hable en su nombre o se reparta sus méritos. Según el portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, las organizaciones sindicales quieren el apoyo de todos y creen que “es una oportunidad de que entre todos salga una única opción de renta mínima”. “Hay que dejar el mercadeo”, concluye.