Los sindicatos CCOO y UGT ya avisaron en diciembre de que mantendrían este año una tónica de movilizaciones constantes, como un ruido de fondo para el Gobierno y los empresarios, y ya tienen cerradas las próximas fechas, según ha podido saber El Independiente.

Un movimiento similar, esa cierta premeditación, ya tuvo lugar en diciembre, cuando los sindicatos anunciaron protestas y una gran manifestación en Madrid para el día 18 de ese mes horas después de haberse reunido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Moncloa.

Diversas fuentes sindicales, que no han querido dar más detalles, señalan, sin embargo, el por qué de este nuevo hito de agitación.  Y es que cabría pensar que, tras lograr que la proposición de Ley sobre la renta mínima se tenga en consideración, y otros avances, como la elevación del salario mínimo en un 8% en 2017, se calmarían las aguas.

Pero hay una serie de cuestiones que no avanzan, a ojos de los sindicatos, al ritmo deseado. Es el caso de las mesas del diálogo social que se acordaron abrir en enero sobre cuestiones como protección social o calidad en el empleo, pero de las que solo ha echado a andar la de pensiones. Sin embargo, el enfado se centra especialmente en lo que se refiere a salarios.

En lo que respecta al sector privado, las negociaciones bilaterales con la patronal para acordar la recomendación de subidas salariales en convenio para 2017 están estancadas. Las mismas fuentes señalan que la posición de los sindicatos es inamovible: quieren empezar por cerrar esta cuestión antes de empezar a hablar de otros asuntos relacionados con la negociación colectiva.

Su propuesta es una subida de salarios de entre 1,8% y el 3%, y es aún más firme después de que el IPC haya repuntado hasta precisamente el 3% en tasa interanual en enero. Así se lo han vuelto a hacer saber a los empresarios en una carta reciente.

Sin embargo, la patronal plantea subidas hasta el 1,5%, con la posibilidad de llegar al 2% en función de la productividad. Además, condiciona este asunto a la negociación en paralelo de otras cuestiones como el absentismo o el gasto que suponen para las empresas los liberados sindicales.

Los sindicatos aseguran estar a la espera de que los empresarios muevan ficha. Las centrales dicen haber recibido un documento de propuestas de la patronal, pero sin ninguna llamada a la negociación. «Queremos tratar estas cuestiones sobre la mesa, pero es imposible desde hace un mes», aseguran. En lo que respecta a CEOE, este periódico no ha logrado obtener información al respecto.

La única certeza es que, los sindicatos tienen claro que «la negociación va a ser muy conflictiva». «Ya hay fecha prevista para las movilizaciones», añaden desde su cúpula.

Solo faltaría entonces dar los pasos preceptivos a nivel interno para poner en marcha las protestas. En este sentido, las centrales están trasladando la iniciativa a sus respectivas estructuras y la movilización no se hará esperar. Lo que está por ver y no quieren desvelar los sindicatos es el formato elegido.

Hartazgo también en el sector público

Otras instancias sindicales sostienen que «es la única alternativa que queda» también en lo que se refiere al sector público. En este caso, el Ministerio de Hacienda se comprometió en una reunión mantenida con los sindicatos a convocar alrededor de 15 días la Mesa General de la Función Pública para abordar la recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos durante la crisis en un plazo plurianual que abarque la legislatura o el incremento de las tasas de reposición.

Sin embargo, los representantes de los trabajadores hablan de «mucho escepticismo» conscientes de que todo lo que tiene que ver con la recuperación de derechos en la función pública está supeditado a un Presupuesto para 2017 que no acaba de ver la luz. «Veremos si la disponibilidad se concreta, si no nos veremos abocados a hacer protestas y movilizaciones», indican desde el ámbito público.

Este pesimismo se ha visto alimentado también por la última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha suspendido la jornada de 35 horas de los empleados del Ayuntamiento que gestiona Manuela Carmena.

Y es que la vuelta de la jornada de 37,5 horas a la de 35 horas es otra de las prioridades sindicales. Tanto es así, que a través del PSOE han hecho llegar al Gobierno su petición de permitir a cada administración que fije esas 35 horas en virtud de su capacidad. De momento, la Junta de Andalucía, la última comunidad en dar el paso, no ha recibido aún un recurso ante el Tribunal Constitucional interpuesto por el Gobierno.

Después de las movilizaciones del pasado 18 de diciembre en Madrid, la conflictividad tendrá continuidad, solo falta ver de qué manera.