El PSOE quiere abanderar la recuperación de la jornada de 35 horas para los funcionarios, después de que el Ejecutivo del PP la elevara a 37,5 horas de media en cómputo anual en 2012. Capitalizaría así una de las principales demandas sindicales –como hizo con la subida del salario mínimo al 8%–, esta vez de un colectivo que aúna a alrededor de tres millones de trabajadores.

El objetivo es alcanzar un pacto con el Gobierno para que se comprometa a no recurrir la jornada de 35 horas en aquellas administraciones que así lo aprueben, como hizo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, donde el Tribunal Constitucional tumbó el pasado mes de septiembre esta medida.

No obstante, una eventual restitución de la jornada laboral para todos los empleados públicos del país de 37,5 a 35 horas requeriría la contratación de más de 214.000 funcionarios en todo el Estado para mantener la prestación de servicios y obligaría a destinar a ese fin unos 6.550 millones de euros adicionales, cifra que equivale a un 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB) español.

La vocal de la Comisión Gestora del PSOE María Jesús Serrano ha avanzado a El Independiente que los socialistas ya plantearán esta cuestión al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su comparecencia de este jueves en el Congreso de los Diputados.

Es de esperar que algunos de los barones del PSOE planteen la cuestión durante la Conferencia de Presidentes del próximo martes

Pero también es de esperar que algunos de los barones del PSOE planteen la cuestión durante la Conferencia de Presidentes del próximo martes.  Según ha dicho, se trata, como en toda cuestión que suponga la recuperación de derechos por parte de los funcionarios, de una cuestión “prioritaria”.

EL PSOE, punta de lanza

De hecho, algunas administraciones ya han dado el primer paso estableciendo la jornada de 35 horas en sus territorios. Una de ellas ha sido la Andalucía, donde la secretaria general de la federación andaluza del PSOE, Susana Díaz, se ha comprometido a aplicarla, aunque aún no ha dotado de consignación presupuestaria a la medida. Por el momento, esta decisión aún no ha sido recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

Otro ejemplo de avanzadilla socialista en esta cuestión es Extremadura, donde el Parlamento ha aprobado ya una resolución para poner en marcha las 35 horas a lo largo del próximo año. En otras regiones como Cataluña o La Rioja, la cuestión está actualmente en la mesa  de negociación con los sindicatos.

Los socialistas también han mostrado esta disposición al presidente del sindicato de funcionarios CSI-F, Miguel Borra, durante una reunión mantenida este miércoles en Ferraz con la propia vocal de la gestora del PSOE. Desde el sindicato aseguran que los socialistas quieren hacer «punta de lanza» con estas cuestiones. “Nos buscan como aliados, van a ir con nosotros”, aseguran.

En la misma línea, lo que el sindicato demanda es un cambio en el real decreto de 20 de julio de 2012 para que, sin fijar expresamente una jornada de 35 horas, al menos se permita a cada administración que lo considere oportuno y pueda asumirlo económicamente, reducirla en esos términos.

CSI-F también quiere reponer las plantillas

Sin embargo, CSI-F también persigue que las tasas de reposición de puedan calcular de acuerdo con las necesidades de cada comunidad autónoma o de cada ayuntamiento y recuperar el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos durante la crisis, pero en el horizonte de la legislatura. Según Borra, estas propuestas también han resultado «interesantes» a Serrano.

En lo que se refiere a la subida salarial pendiente en 2017 para estos trabajadores, los socialistas prevén negociarla en el marco de los Presupuestos para este año con el Gobierno y, aunque aún no han formulado una propuesta, estudian poner sobre la mesa una subida algo superior al 1,5%, el IPC anual con el que cerró 2016.

El PSOE baraja plantear una subida salarial de algo más del 1,5% para 2017

Son éstas reclamaciones que han venido enarbolando los sindicatos de la función pública en los últimos años, aprovechando la recuperación económica. El hecho de que ahora se estén dinamizando responde a una suerte de simbiosis entre los partidos políticos, especialmente el PSOE, y los sindicatos.

Los sindicatos, también CSI-F, son conscientes de que sus bazas pasan por la capacidad de negociación del PSOE en el marco de los Presupuestos. De hecho, fue el Gobierno quien colocó la decisión última sobre el salario de los funcionarios en este ámbito en lugar de aprobar una subida salarial por la vía del decreto, como hizo con el salario mínimo interprofesional (SMI) del 8% para este año.

Por ello, fuentes de CSI-F han indicado que su estrategia pasa por buscar mayor influencia a través del PSOE como principal partido de la oposición. Básicamente, persiguen que sus demandas, como previsiblemente ocurrirá, sean expuestas en la Conferencia de Presidentes y que el PSOE fuerce  al Gobierno a convocar la Mesa General de la Función Pública para reclamar de primera mano un subida salarial en el mercado de la legislatura que retorne el poder adquisitivo de los funcionarios a los niveles de 2010.

La duda que sobrevuela entre los sindicatos es si el PSOE, dentro de la gran coalición en la sombra con el PP que han criticado CCOO y UGT, se colocará estas medallas sin contar con las centrales, como moneda de cambio a su apoyo en la aprobación de los Presupuestos.