La eventual restitución de la jornada laboral para todos los empleados públicos del país de 37,5 a 35 horas, como Susana Díaz pretende llevar a cabo en Andalucía el próximo año, requeriría la contratación de más de 214.000 funcionarios en todo el Estado para mantener la prestación de servicios y obligaría a destinar a ese fin unos 6.550 millones de euros adicionales, cifra que equivale a un 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB) español.

La reducción de la jornada laboral de los funcionarios ha sido un caballo de batalla de los presidentes regionales socialistas desde las elecciones autonómicas de 2015. Es el último arma arrojadiza de Susana Díaz contra el Gobierno central, pero ya lo fue antes para Emiliano García-Page, que se presentó a las elecciones en Castilla-La Mancha prometiendo acabar con las ‘horas Cospedal’. García-Page consiguió que la ley entrase en vigor en enero de 2016, pero fue posteriormente recurrida por Moncloa, en abril, y tumbada por el Tribunal Constitucional a finales de septiembre.

Una muerte prematura que el tribunal argumentó sobre el hecho de que resultaba «incompatible» con la norma estatal «una norma autonómica que determine una duración de la jornada que sea inferior». Uniformidad de acción que volverá a invocar el Ejecutivo de Rajoy, ya con plenos poderes, pero con la vista puesta también en las consecuencias económicas que podría tener la propagación de la medida al resto del Estado, donde el salario de 3.003.900 personas depende de la Administración, según los datos publicados en la última Encuesta de Población Activa (EPA).

El Parlamento andaluz, con la abstención de PP y C’s, convalidó el decreto-ley la pasada semana

Ignorando el reciente pronunciamiento del Constitucional, Susana Díaz recuperará en 2017 la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos que el Gobierno de Rajoy elevó a 37,5 en el año 2012 dentro del paquete de medidas económicas adoptadas en materia de reequilibrio financiero. Con los votos a favor de PSOE, Podemos e IU y la abstención del PP y Ciudadanos, el Parlamento andaluz convalidó el pasado 10 de noviembre el decreto-ley que restablece la medida.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Se trata de una ‘medida estética’ y un guiño a un colectivo formado por unas 233.000 personas en un momento en el que los profesionales sanitarios están haciendo patente su malestar contra la Junta de Andalucía secundando históricas movilizaciones. De paso, Díaz pretende percutir una vez más al recién investido gabinete de Rajoy, que con seguridad recurrirá la medida por su inconstitucionalidad. Con todo, el Gobierno andaluz ya ha provisionado el impacto en el presupuesto para el próximo año.

¿Qué consecuencia tendría para el mantenimiento de los servicios públicos en Andalucía esta reducción de jornada? Las fuentes consultadas por El Independiente consideran que la Junta tiene ya una plantilla suficientemente dotada y que no se produciría merma alguna. De hecho, el propio portavoz del Gobierno regional, el socialista Miguel Ángel Vázquez, reconoció el pasado mes de abril que había 1.800 empleados públicos «mano sobre mano». Vázquez se refería a un colectivo de trabajadores integrados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) desde fundaciones y otros organismos autónomos y que, al no ser funcionarios, no tenían potestades públicas.

Extrapolar la reducción a todo el país supondría una merma semanal de 7,5 millones de horas

De extrapolarse al conjunto del Estado, una reducción de 2,5 horas supondría una caída semanal de 7,5 millones de horas en la actividad del sector público. Para mantener el nivel de servicios al 100%, el cuerpo de funcionarios debería reforzarse con 214.564 nuevas contrataciones que, atendiendo al salario público medio publicado en 2014 (2.544 euros brutos al mes), supondrían para las arcas del Estado un coste de 6.550,2 millones de euros, por encima del 0,6% del PIB anual español.

La cifra tiene mal encaje en la actual situación macroeconómica del Estado, obligado a recortar unos 5.000 millones el próximo año para cumplir con el objetivo de déficit del 3,1% marcado por Bruselas. En el acuerdo de investidura firmado por el PP y Ciudadanos, de hecho, se contempla el ingreso de ese dinero a través de la modificación del Impuesto de Sociedades, la eliminación de duplicidades en la Administración y el rescate de algunos fondos ‘perdidos’ en la última amnistía fiscal. Para estos 6.500 millones extra ya habría que improvisar.

La medida tendría un impacto desigual entre comunidades. Mientras que en Ceuta y Melilla, por la masiva presencia militar, más del 40% de trabajadores están empleados en el sector público, la media nacional se sitúa en el 16,2%. Por encima de ella destacan Extremadura (26,4%) y Castilla-La Mancha (20%), ambas gobernadas por el PSOE, mientras que por debajo se sitúan por lo general las regiones más diversificadas y con mayor actividad turística y empresarial: Baleares (11,3%), Cataluña (12,9%), País Vasco (14,9%) o Madrid (15,6%).

En el caso de Andalucía, el 18,90% de las personas ocupadas trabaja en el sector público, casi tres puntos por encima de la media nacional (16,2%). De acuerdo con el proyecto de presupuesto que Susana Díaz ha enviado al Parlamento para su debate y posterior aprobación, la Junta correrá el próximo año con las nóminas de 232.936 personas entre funcionarios (210.141) y personal laboral (22.795). Es, con una diferencia sideral, el primer empleador de la comunidad.

Para hacer frente a los gastos de personal, el Ejecutivo andaluz ha calculado que necesitará el próximo año 10.242 millones de euros -cantidad a la que hay que descontar los sueldos de los 174 altos cargos y de los 57 delegados territoriales-, lo que representa casi un tercio del presupuesto total (33.239 millones de euros). Expresado de otro modo, la Junta dedicará 3,2 de cada 10 euros de su presupuesto a pagar a sus empleados.

La Junta andaluza prevé que, el próximo año, tendrá 2.018 funcionarios más que en 2016

Pese al contexto económico y atendiendo a sus propias cifras, la Administración autonómica ha incrementado su plantilla en más de 2.000 personas en el curso del último año. El número de funcionarios y laborales con el que elaboró el presupuesto para 2016 ascendía a 230.918 personas, frente a las 232.936 que ha detallado en el anexo de personal de las cuentas para 2017.

Este aumento de los empleados públicos explica, en parte, que el montante económico del capítulo de personal se eleve en unos 176 millones de euros respecto al ejercicio en curso. Sólo en parte, porque el Ejecutivo de Díaz ha consignado también las cantidades necesarias para hacer frente a la devolución de otro 25% de la paga extra de 2012 -si satisface este pago, sólo le quedaría otro 25% por abonar- y una previsión de subida salarial del 1% si así lo aprobara el Gobierno.

Días por asuntos propios

Con anterioridad, la Administración autonómica había restituido ya los días adicionales de permiso por asuntos particulares en las mismas condiciones que se aplicaban en 2012 y había recuperado los días adicionales de vacaciones en función de la antigüedad. El resto de medidas pendientes pretende recuperarlas entre 2018 y 2019, como la nómina completa al restituirse el 10% de los conceptos retributivos variables en dos tramos del 5% cada año y el restablecimiento de las ayudas de acción social.

Estas medidas se plasman en el acuerdo suscrito entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF el pasado 2 de junio -ratificado por el Consejo de Gobierno 19 días después- por el que se fijaba el calendario para la recuperación progresiva de los derechos laborales suspendidos por el Gobierno en 2012 debido a la crisis económica. El acuerdo prevé también el compromiso de revisión del catálogo de enfermedades que son causa del abono del 100% del complemento de incapacidad temporal y de la totalidad de retribuciones en los días de ausencia que provoquen.