Los sindicatos CCOO y UGT han logrado lo que hace algo más de un año era impensable, que el Congreso de los Diputados tramite la proposición de Ley para aplicar su renta mínima de 426 euros para familias con rentas bajas.

La posibilidad de que su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) tuviera cabida en el debate legislativo parlamentario era casi una quimera cuando con la mayoría del Gobierno del PP hasta 2016. Sin embargo, un Parlamento más abierto ha permitido que, con todas las fuerzas políticas a favor, salvo los populares y Ciudadanos, se abra la puerta a la tramitación de la ansiada proposición de Ley.

Para ello, las centrales han desplegado en los últimos días una ronda de contactos para lograr adeptos a su causa. Esta demanda ya la habían expresado hace unas semanas en comparecencia ante la Comisión de Empleo de la Cámara Baja y la han acabado de apuntalar el este mismo jueves con una presencia inusual de los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo  y Pepe Álvarez, en el Pleno.

Sin embargo, el camino por recorrer aún es largo. La razón es que ni Podemos ni PSOE están dispuestos a aprobar la medida en sus actuales términos durante el debate en Comisión, sino que tratarán de asemejarla en lo posible a su propia formulación de renta básica, la que ambos por separado vienen defendiendo en sus programas electorales.

Así lo han puesto de manifiesto en el debate de la proposición no de Ley para fijar la renta mínima que ha tenido lugar este jueves en el Congreso de los Diputados.

Todos a favor, menos PP y Ciudadanos

Todos los grupos parlamentarios han mostrado este jueves su apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley para establecer una prestación de ingresos mínimos de 426 euros a las familias sin recursos, salvo el PP y Ciudadanos por considerar “inasumible” la cuantía de la renta.

El portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha calificado de iniciativa “de alcance, sumo interés y relevante” la proposición de ley, pero ha anticipado que su grupo pedirá que se incremente la prestación por hijo a cargo durante su tramitación.

De la misma forma, el portavoz de Presupuestos de Unidos Podemos, Segundo González, ha defendido que la iniciativa va en la “dirección adecuada”, pero ha indicado que la formación morada intentará incrementar la cuantía por la vía de las enmiendas, para ampliar la cobertura de 426 euros, que “no es una cantidad suficiente para salir del umbral de la pobreza”, hasta el entorno de los 600 euros.

El límite presupuestario a la renta mínima

Por el contrario, la diputada popular Susana López Ares ha apelado al “voto responsable” para rechazar la toma en consideración de la iniciativa porque “no se puede votar el inicio de un proceso que se sabe desde un principio que no es viable”.

López Ares ha indicado que algunos expertos calculan que el número de posibles beneficiarios podría oscilar entre los 8 y los 10 millones de personas, aquellos que podrían cumplir unos requisitos que “no son tan claros”, y que el coste podría situarse entre los 12.000 y los 50.000 millones de euros.

Por ello, ha abogado por “soluciones reales a los problemas y no castillos en el aire”, y ha avanzando que se continuará con el Plan Prepara, el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y los programas sociales, que permiten, ha dicho, que 14 millones de españoles reciban alguna prestación.

El portavoz de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán, se ha opuesto a la proposición de ley y ha criticado al PSOE por “podemizar” sus políticas, con una iniciativa que “no se puede cumplir” puesto que su dotación presupuestaria alcanza los 12.000 millones de euros.

Sin embargo, Roldán también ha dado otra de las claves por las que su grupo se opone a esta renta mínima. Y es que los naranjas ultiman con el Gobierno su el complemento salarial para los jóvenes y la ampliación del Programa de Activación para el Empleo (PAE). Según ha dicho, este complemento dará cobertura a “cientos de miles de jóvenes”, mientras que el nuevo PAE contará con un importante aumento dotacional.

Por su parte, los portavoces de ERC, PNV, PDECat, Compromís, Coalición Canaria y UPN se han mostrado favorables a la medida, pero han hecho hincapié de forma casi generalizada en que la tramitación de esta posible Ley no puede desatender ciertas implicaciones competenciales que afectan a las comunidades autónomas.