Para adaptar la directiva europea que sanciona los procedimientos negociados sin publicidad, el Gobierno elaboró en 2015 un Borrador de Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público. El borrador quedó varado por las dos elecciones generales, pero ahora el Ejecutivo de Mariano Rajoy, investido a finales de 2016, ha introducido sucesivas modificaciones. Una de ellas afecta a la “modificación de contratos”, que básicamente se refiere a los sobrecostes en las adjudicaciones públicas.

Así lo denuncian Podemos y Ciudadanos, que ya han avanzado que van a introducir enmiendas en el borrador elaborado por Hacienda tendentes a erradicar dichos sobrecostes. El borrador esconde, con un lenguaje técnico enrevesado, la opción de que las firmas privadas reclamen más modificados de obra con relación al precio original del contrato. A veces con márgenes exagerados para las firmas privadas, mayoritariamente constructoras.

Por ejemplo, con la antigua ley de 2011, en el artículo 107, relativo a las Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación, se dice que “se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato (…) cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10% del precio de adjudicación del contrato”. Con otro lenguaje, en el nuevo borrador este apartado se recoge en el artículo 203, que habla de las Modificaciones no previstas en el pliego de clausulas administrativas particulares: “Entre los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista (…) está el que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente, del 50% de su precio inicial, IVA excluido”.

Las modificaciones no previstas suben del 10% del precio inicial al 50%

En otras palabras, los sobrecostes no previstos pasan del 10% al 50% del precio original, de acuerdo con lo plasmado por Hacienda. “Resulta llamativo que el proyecto de ley permita en las modificaciones no incluidas en los pliegos unas modificaciones más elevadas que las que se dan en las licitaciones actuales”, se queja Fernando Navarro, diputado de Ciudadanos: “Vamos a proponer claramente reducir estos porcentajes”.

No es el único punto polémico, sino que hay uno todavía más llamativo. Dentro del mismo bloque, la norma de 2011 habla de las Modificaciones previstas. “Los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad”, dice el artículo 106, así como que “se hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma”.

“El Gobierno sabe que las modificaciones de los contratos son causa de corrupción”, dice Honorato

En el borrador actual esa misma disposición aparece en el artículo 202 y el sobrecoste no tiene un porcentaje límite. “Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia con independencia del porcentaje del precio inicial que represente la modificación”, reza el texto, “cuando en los pliegos de clausulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad”.

Los partidos en la oposición guardan cautela con el borrador, pero interpretan la coletilla “con independencia del porcentaje del precio inicial” como una potestad ilimitada para reclamar sobrecostes onerosos. “El Gobierno sabe perfectamente que las modificaciones de los contratos son una de las principales causas de corrupción en este país”, denuncia Auxiliadora Honorato, diputada de Podemos y portavoz de su grupo en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. “Se lo ha dicho la CNMC, se lo ha dicho el Tribunal de Cuentas y se lo repiten los jueces prácticamente todas las semanas con cada nuevo escándalo de malversación y prevaricación del que tenemos constancia”.

El pasado 4 de diciembre, El País publicó que el borrador de anteproyecto de ley de contratos públicos también relaja el régimen de contratación de las empresas públicas, con unas reglas diferentes a las que rigen la Administración. Tramas como la Gürtel o el caso Bárcenas tienen que ver con esta supuesta flexibilidad y con los sobrecostes.

En cualquier caso, se abre un periodo de discusión pública en el que al menos Podemos y Ciudadanos aseguran que rechazarán esta tolerancia legislativa hacia los modificados. “No nos gusta”, sentencia Navarro, de Ciudadanos.