La Oficina Antifraude (ONIF) dependiente del Ministerio de Hacienda, acusa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de haber ocultado rentas por importe de 14 millones de euros entre 2004 y 2015, de lo que se desprende que habría defraudado 6,8 millones de euros en ese periodo.

Según el informe final de que la ONIF ha remitido al juzgado de instrucción número 31 de Madrid, Rato obtuvo estas rentas no declaradas a través de una red de sociedades. No obstante, las mayores cantidades defraudadas se concentran en los años 2011, 2013 y 2014, con alrededor de 1,2 millones de euros en cada ejercicio.

No obstante, si se excluyen los ejercicios anteriores a 2009 y fiscalmente prescritos, el supuesto fraude sería de unos 5,4 millones de euros, con cantidades superiores a los 120.000 euros que se consideran delito fiscal en todos los años.

Rato ha asegurado hoy a Efe que demostrará que «en todo momento» ha actuado conforme a las leyes tributarias y, por ello, ahora contestará «puntualmente» a las acusaciones de Hacienda.

El exministro de Economía y Hacienda, cuya fortuna está siendo investigada desde hace dos años, habría cometido el fraude mediante «ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles».

El método del fraude

El informe de la ONIF, clave para seguir avanzando en la investigación judicial, habla de movimientos de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio Rato.

Las sociedades habrían servido «para ocultar la obtención de rentas y la tenencia de un patrimonio financiero» mediante transferencias bancarias internacionales en Luxemburgo, Mónaco, Suiza, Reino Unido y Gibraltar.

La ONIF asegura en el documento al que ha tenido acceso Efe que «nunca se ha acreditado que dichas rentas hubieran tributado, ni siquiera las de ejercicios prescritos», una operativa en la que habría contado con la colaboración de dos despachos de abogados, Plazas, de España, y Findsbury Trust, de Gibraltar.

Entre los asuntos que aborda la ONIF destacan los pagos recibidos de CaixaBank y Telefónica, que el exvicepresidente no habría declarado únicamente en los años 2008 y 2009.

Tras abandonar en teoría sus labores como asesor para CaixaBank, una vez que se incorporó a Caja Madrid, Rato facturó entre 2012 y 2015 más de medio millón de euros a través de la sociedad COR, de su propiedad, cantidad que en opinión de Hacienda está muy por encima del precio de mercado.

Durante 2013, 2014 y 2015 utilizó el mismo sistema, aunque a través de otra sociedad, Kradonara, para facturar a Telefónica 730.000 euros, aunque las facturas las emitió otra de sus sociedades, Arada, que también evitó tributar al declarar pérdidas.

A ojos de Hacienda, Arada servía a Rato tanto para recibir pagos de paraísos fiscales como para cobrar por impartir conferencias, siempre con la intención de eludir el pago de impuestos.