Los primeros compases de 2004 eran tiempos propensos a hacer balance. El gobierno de José María Aznar, líder del Partido Popular, consumía sus últimos días, tras ocho años en el poder. En la lista de éxitos de aquel mandato, la gestión económica ocupaba un lugar destacado, y el ministro del ramo, Rodrigo Rato, no dudaba en hacer gala de sus logros.

El 14 de enero de aquel año, Rato aparecía, flanqueado por el entonces secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, para enumerar algunos de los réditos de sus políticas. Entre ellos, no faltó mención para el programa de privatizaciones que el Gobierno había implementado desde que asumió sus funciones en 1996. Según sus notas, la venta de empresas públicas había dado, entre otros resultados, el aumento de un 10% de su empleo, un 40% de su facturación y un 60% de sus inversiones.

Rato defendía al fin de su mandato que las privatizaciones había elevado el empleo y la inversión

Tales cifras venían en apoyo del que había sido uno de sus principales propósitos al asumir el cargo. Pocos meses después de la victoria electoral del PP, Rato confirmaba, en una entrevista concedida al diario El Mundo, la puesta en marcha de un plan de privatizaciones de empresas públicas. “No tiene ninguna ventaja que el Estado sea dueño de empresas”, afirmó el ministro.

El tránsito de las palabras a los hechos no se hizo esperar. En septiembre de 1996, la venta de un 3,81% del capital de Gas Natural suponía el punto de partida del proceso. A partir de entonces y hasta 2003, el Gobierno ejecutó la privatización (total o parcial) de 52 compañías, efectuadas a través de 60 operaciones. Con ellas, el Estado logró ingresar 31.747 millones de euros.

La tarea no fue sencilla ni estuvo exenta de críticas. Antes incluso de la puesta en marcha del plan, el entonces secretario general adjunto del Grupo Socialista, Jesús Caldera, acusaba a Rato de ser el principal beneficiario de las privatizaciones del gobierno y afirmaba que este proceso dejaba al Estado “albur de los intereses privados, que son los que pueden hacer grandes negocios con la venta del Patrimonio”.

Los reproches cobraron mayor crudeza en 2003, cuando el ya presidente de Telefónica, César Alierta, fue acusado de haber hecho uso de información privilegiada para lucrarse con la compraventa de acciones de Tabacalera, una compañía que fue privatizada en 1998.

El proceso buscaba sanear las cuentas públicas y liberalizar los mercados de bienes y servicios

Compañías hoy en día fundamentales del entramado económico español formaron parte de aquella oleada de liberalización económica que se presentaba bajo un doble objetivo.

Desde el lado estrictamente económico, se pretendía cerrar la sangría generada por empresas estatales en pérdidas; pero al tiempo también se buscaba obtener recursos con los que sanear las cuentas públicas en aras de dejar atrás el crónico déficit presupuestario que afectaba a la Hacienda pública desde hacía años. En este aspecto, la necesidad de converger con los criterios económicos impuestos por Europa para acceder al mercado monetario único suponía un reto inaplazable.

Desde el punto de vista político, el objetivo era liberalizar los mercados de bienes y servicios para favorecer la competencia aumentando el número de operadores. Reduciendo al mínimo, en pocas palabras, el papel del Estado en la economía.

Endesa, la mayor venta pública

Telefónica, Red Eléctrica, Repsol, Aceralia, Indra, Iberia y Transmediterránea son sólo algunos de los múltiples nombres de compañías que vieron en aquellos años descender o desaparecer la participación del Estado en su capital.

También Endesa, protagonista de la mayor operación de privatización en la historia de España. En octubre de 1997, el Gobierno se deshizo del 25,44% de la compañía eléctrica, por un importe de 4.207 millones de euros. Esta operación representaba un récord por entonces, pero sólo un año después la propia Endesa se veía envuelta en otra venta de mayor calado. En junio de 1998, el Estado vendía más de 300 millones de acciones de la eléctrica, con una valoración superior a los 6.000 millones de euros.

Otra operación destacada fue la venta en febrero de 1997 de un 21% de Telefónica, que suponía el fin de la presencia pública en el capital de la compañía de telecomunicaciones. La venta reportó más de 3.786 millones de euros a las arcas públicas y fue denominada operación del año por la revista Corporate Finance.

Entre 1997 y 1998, el Gobierno ingresó más de 10.000 millones con la venta de acciones de Endesa

La coincidencia en el tiempo de estas ventas con las de Repsol, Tabacalera y Argentaria, entre otras, hicieron de 1997 y 1998 los años de mayor intensidad en el proceso de privatización, con ventas que, en ambos ejercicios, superaron los 12.000 millones de euros. En relación al PIB, las privatizaciones supusieron esos años más de un 2,5% de la producción de la economía española.

El proceso fue recibido con creciente interés entre los inversores, que aprovecharon las ventas en bolsa (el 75% de las ventas se formalizó a través de OPV bursátiles) para entrar en el capital de estas empresas. La demanda en la salida a bolsa de Indra superó hasta en 35 veces la oferta, mientras que en operaciones como las de Argentaria o Tabacalera la sobredemanda fue de hasta 15 veces.

La intensidad del proceso también fue perceptible en la pérdida de protagonismo del Estado en bolsa. A cierre de 1995, el Gobierno era propietario de un 12,2% del capital de las empresas cotizadas. Ocho años después, este porcentaje había menguado hasta un minúsculo 0,52%.

El peso del Estado en la bolsa española se redujo en ocho años del 12,2% a apenas el 0,52%

Para valorar el rendimiento bursátil de las compañías privatizadas, el Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) elaboró una serie de índices para medir el comportamiento relativo de estas empresas frente al conjunto del mercado. En 1999, el CCP determinaba que el peor comportamiento relativo de las compañías que el Estado había puesto en el mercado era significativo de “que los precios a los que el Estado ha vendido a través de OPV sus participaciones en empresas públicas han sido ajustados”.

Cuatro años después, sin embargo, su rendimiento duplicaba el del Ibex, lo que el CCP explicaba por tratarse por lo general de compañías ligadas a negocios estables y defensivos, menos golpeadas por la crisis que había desatado en los mercados el pinchazo de la burbuja puntocom.