En el cuadro que, el 28 de septiembre de 2012, presentó Oliver Wyman, detallando el déficit de capital que había detectado en la banca española, una barra sobresalía sobre el resto. Era la que hacía mención a las necesidades de la banca española, que fijaba en 24.743 millones de euros el agujero en el balance de BFA-Bankia.

Ya por entonces, el Gobierno había tomado el control del grupo bancario, forzado la dimisión de Rodrigo Rato como presidente y había puesto en su lugar a José Ignacio Goirigolzarri. La crisis de Bankia se había erigido en los meses anteriores en epicentro de una tormenta financiera que había puesto en riesgo incluso la solvencia del país.

El tamaño del agujero parece representativo de unas deficiencias de calado, de raíces profundas. Pero sólo un año antes del análisis de Oliver Wyman, el Banco de España había detectado una situación muy diferente. Entonces, cuando apenas habían transcurrido dos meses desde el estreno en bolsa de Bankia, el regulador financiero, por entonces presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, asumía que la entidad nacida de la integración de Caja Madrid y Bancaja con otras cinco cajas de ahorros había cubierto ya, con dinero privado, 3.092 millones de euros, de unas necesidades de 5.775 millones de euros derivadas de las últimas reformas financieras. Es decir, Bankia apenas tenía unas necesidades de 2.683 millones de euros, 9,3 veces menos de lo que acabó detectando Oliver Wyman.

Poco antes, la institución había hecho públicos los resultados de los test de estrés a los que había sometido al sector. En ellos, determinaba que ninguna entidad precisaba ampliar su capital por encima de lo requerido en la última reforma del sector. BFA-Bankia salía de aquellas pruebas con una ratio de capital Core Tier 1 del 6,5%, muy por encima de la tasa mínima requerida, del 5%. «La mayoría es sólida, tenemos muy concentrado el problema», aseguró entonces Fernández Ordóñez.

Críticas al supervisor

La actuación del Banco de España a lo largo de la crisis ha sido muy contestada, especialmente a raíz de que se descubrió el agujero de Bankia. La decisión de la Audiencia Nacional, anunciada este lunes, de citar a declarar como imputados al expresidente del supervisor financiero, a su entonces número dos, Javier Aríztegui, y otros seis responsables de supervisión e inspección de la institución supone para muchos el destino inevitable para lo que habría sido una actuación negligente.

La filtración de correos en los que inspectores del Banco de España manifestaban sus dudas sobre la viabilidad de Bankia antes de su salto a los parqués; la publicación de que el auditor, Deloitte, había mostrado su desacuerdo con la contabilidad del banco en febrero de 2012, sin que el organismo supervisor tomara ninguna medida al respecto; o el hecho de que la institución presidida por Fernández Ordóñez anunciara, dos meses después, que “en la mayor parte de las entidades el saneamiento derivado del nuevo Real Decreto–Ley se ha realizado ya o se realizará sin grandes dificultades merced a su sólida situación de solvencia y rentabilidad”, sin menciones explícitas a la delicada situación de Bankia, son algunos de los principales argumentos esgrimidos por los críticos de la labor del Banco de España.

Para éstos, la actitud del Banco de España durante el proceso de salida a bolsa de Bankia estuvo dirigida por cuestiones políticas, dejando a un lado los criterios financieros. Fue el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, el que denunció ante el Congreso que «la salida a Bolsa de Bankia fue una decisión política. Se definió por el Gobierno como una cuestión de Estado, en la que su Gobierno forzó voluntades e hizo que los supervisores miraran hacia otro lado”.

Los propios responsables de la institución, al igual que la entonces ministra de Economía, Elena Salgado, tomaron parte activa en la tarea de convencer a empresas y entidades financieras de la conveniencia de invertir en Bankia.  Un alto ejecutivo de un banco recuerda que Aríztegui solía llamar directamente a los primeros espadas de las entidades -consejeros delegados o presidentes-, mientras Jerónimo Martínez, en ese momento director general de Supervisión del Banco de España, contactaba con los directores financieros. “Es por el bien del sector financiero, no se puede dejar caer a Bankia”, repetía la cúpula del Banco de España, como si de un mantra se tratase. Apelaba, constantemente, al “patriotismo».

Incluso Rato, meses después de su dimisión, levantó el dedo acusador contra el Banco de España -además de contra el Gobierno y sus reformas-, al indicar que obligó a Caja Madrid a fusionarse con el resto de cajas que integraron Bankia cuando no estaban preparados. En la misma línea se expresó el entonces presidente de Bancaja, José Luis Olivas.

El impacto de las reformas

Ordóñez, por su parte, siempre ha defendido la actuación de la institución, resaltando que fue la actuación del Gobierno la que acabó provocando la caída de Bankia. «El problema fue que el Gobierno aterrorizó a los mercados, generó tal desconfianza que se cerraron los mercados y se hizo inevitable [solicitar el rescate de la banca]», declaró en una entrevista con El País.

Los sucesivos decretos de reforma de la banca aprobados por el Ejecutivo durante la primera mitad del año también hicieron, sin duda, mella en la complicada situación del banco, al obligarle a revisar a la baja la valoración de sus activos ligados al riesgo inmobiliario y, por ende, a dotar millonarias provisiones.

Fue tras el primero de aquellos decretos, durante los primeros compases de 2012, cuando en el mercado se empezóa ver comprometida la viabilidad de Bankia. El Banco de España mantuvo entonces, sin embargo, una actitud impasible. Y eso, a pesar, de que sus propias cuentas habían detectado ya en diciembre del año anterior unas necesidades de capital en la entidad próximas a los 10.000 millones de euros.

Sin la cortapisa del supervisor, el presidente de la entidad, Rodrigo Rato, se mostraba en los primeros meses de diciembre confiado en la capacidad del banco para salir adelante sin ayudas ni absorbido por ningún otro banco. De hecho, llegó a postularse para adquirir algunas de las entidades nacionalizadas, como Unnim, Novacaixagalicia o Catalunya Caixa. En abril, logró incluso, el visto bueno del supervisor para abonar el bonus correspondiente a 2011 a 72 directivos del banco.

Pocas semanas después, un demoledor informe del FMI desencadenaba el proceso que llevaría a la millonaria recapitalización de Bankia con dinero público.

Sólo un mes después, Fernández Ordóñez se despedía de la presidencia del Banco de España. Lo hacía defendiendo una vez más la actuación de la institución durante su mandato, aunque reconociendo la posibilidad de errores. «Yo no puedo decir que el Banco de España, en su tarea de supervisión, no haya podido equivocarse en ocasiones, pero sí puedo asegurar que las decisiones del Banco de España han estado siempre basadas en criterios exclusivamente profesionales», sentenció.