«Usted sabe que la salida a Bolsa de Bankia fue una decisión política. Se definió por el Gobierno como una cuestión de Estado, en la que su Gobierno forzó voluntades e hizo que los supervisores miraran hacia otro lado». Con estas palabras, Luis de Guindos, ministro de Economía, reprochó al PSOE su gestión de la crisis de las cajas, en una comparecencia en el Congreso, a finales de 2014.

El ministro denunció entonces que la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011 no hubiese salido adelante sin el impulso del Gobierno, el Banco de España y de la CNMV. El fiasco de Bankia ha costado a los españoles más de 22.000 millones de euros, de los que la entidad ha devuelto 1.600 millones.

El Banco de España llamaba a las entidades; Economía, a las empresas para instarles a comprar acciones

Las acusaciones vertidas por Guindos hace más de dos años se han visto finalmente refrendadas por la Audiencia Nacional.

El lunes, la Audiencia Nacional ordenó al juez Fernando Andreu que llame a declarar en calidad de investigados (antigua figura del imputado) al ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, al subgobernador, Javier Aríztegui y a otros miembros de la cúpula del organismo. También Julio Segura, ex presidente de la CNMV, deberá declarar en calidad de imputado como corresponsable de la presunta estafa cometida a los inversores.

Los jueces sostienen que los indicios que pesan contra ellos y otros funcionarios de estos organismos son “múltiples, bastantes y concurrentes”.

Apelaban al patriotismo y equiparaban la salvación de Bankia a la salvación del sistema financiero

La OPS (Oferta Pública de Suscripción) de Bankia fue el resultado de una operación política, orquestada por el Banco de España y el Gobierno socialista. Mientras Javier Aríztegui, subgobernador del regulador, presionaba a los presidentes y consejeros delegados de los bancos para que «apoyasen» la operación, Elena Salgado, ministra de Economía en ese momento, y José Manuel Campa, su número dos, hacían lo propio con las grandes corporaciones españolas.

Los mayores bancos -Santander, CaixaBank, Popular y Sabadell-, salvo BBVA, cedieron a las presiones. Y, entre las empresas españolas que pagaron el impuesto revolucionario, destacaron Iberdrola, Telefónica, ACS, Acciona, El Corte Inglés, Meliá, Grupo Villar Mir, Mapfre y Mutua Madrileña. Algunas de estas corporaciones han presentado demandas contra Bankia.

Un alto ejecutivo de un banco recuerda que Aríztegui solía llamar directamente a los primeros espadas de las entidades -consejeros delegados o presidentes-, mientras Jerónimo Martínez, en ese momento director general de Supervisión del Banco de España, contactaba con los directores financieros. «Es por el bien del sector financiero, no se puede dejar caer a Bankia», repetía la cúpula del Banco de España, como si de un mantra se tratase. Apelaba, constantemente, al «patriotismo».

Las llamadas eran bilaterales. Uno a uno. Y, mientras BBVA se enrocó en su No, «para defender a sus accionistas», señalan fuentes próximas, Santander invirtió más de 150 millones en acciones de Bankia.

Botín, defensor de «llevarse bien con los que gobiernan, sean del color que sean», invirtió 150 millones

«La banca mediana estaba pendiente del movimiento que hiciese Botín. Si Santander hubiese rechazado comprar títulos de Bankia, es muy probable que CaixaBank, Sabadell y Popular también se hubiesen negado a acudir a la OPS», explican fuentes financieras que vivieron la operación en primera línea.

Pero Emilio Botín siempre defendió una máxima, que aplicó cuando recibió la llamada de Aríztegui. «Hay que llevarse siempre bien con el que gobierna, sea del color que sea, y con los reguladores, en España y el resto de países. Aunque se pueda perder dinero, es una inversión que acaba siendo rentable», solía decir el presidente de Santander a sus colaboradores más próximos.