“Este debate requiere mucho sosiego, hay que abordarlo con mucha sensatez, y vamos hacerlo escuchando todas las opiniones”. Es el mensaje que han querido con insistencia transmitir hoy tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en la sesión de control en el Congreso de los Diputados sobre la decisión gubernamental acerca de la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), la más vieja de España y cuya reactivación ya cuenta con el aval técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

“El Gobierno no ha tomado una decisión sobre Garoña, primero escucharemos a todos. Y entonces intentaremos tomar la mejor decisión en defensa de los intereses generales”, ha sentenciado Rajoy. El Ejecutivo abrirá un proceso de audiencia con todas las partes interesadas (las empresas, las comunidades autónomas y ayuntamientos concernidos, grupos ecologistas, partidos políticos…) y posteriormente otro trámite de alegaciones.

En total, el Gobierno tardará unos seis meses -el plazo máximo que le permite la normativa- en adoptar una decisión acerca de si concede la renovación de la licencia de explotación de Garoña a sus dueños (Iberdrola y Endesa controlan la central a partes iguales a través de la sociedad Nuclenor) y en qué términos, singularmente la duración de la vigencia del nuevo permiso.

Y es que Garoña, que se desconectó de la red eléctrica en 2012, ha sido la primera central española en pedir poder funcionar hasta los 60 sesenta años desde su construcción y la primera en solicitar una renovación de licencia por más de diez años, que hasta ahora era el límite permitido para ampliar una autorización (el CSN ultima la modificación de una norma de uso interno para que las nuevos permisos puedan ser por más de una década).

“Queremos escuchar a todo el mundo. El Gobierno toma decisiones meditando muchas las cosas, escuchando a todos los que tienen opiniones diferentes”, ha dicho Nadal. Para Rajoy, “lo más prudente, lo más razonable y lo más sensato” es estudiar a fondo el expediente del CSN y los razonamientos de todas las partes antes de adoptar una decisión final.

Tanto el ministro de Energía como el presidente del Gobierno se han comprometido a exigir “las máximas condiciones de seguridad” a Garoña para poder reabrir, pero no se han pronunciado sobre el hecho de que el CSN haya avalado la reactivación sin que la central haya incorporado las reformas de seguridad que hasta ahora le exigía el supervisor como condición previa. Unas modificaciones que Nuclenor tampoco pretende implementar ahora hasta conocer la decisión del Gobierno.

Desde la oposición –hasta tres grupos han preguntado sobre Garoña en la sesión de control: PSOE, Unidos Podemos y PNV- se ha afeado que el Gobierno ahora no desvele cuál será su decisión cuando siempre ha respaldado la reapertura de la central y la ampliación de la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años. Los partidos han denunciado que Garoña es la puerta para ampliar la vida del resto de centrales y que la decisión de renovar las licencias de las plantas a largo plazo permitirá que las eléctricas reclamen indemnizaciones millonarias, en caso de que futuros Gobiernos decidan prescindir de la energía nuclear.

El ministro de Energía ha afeado que los partidos que reclaman el cierre de Garoña sin matices lo hacen por motivos ideológicos. “Ustedes quieren sacrificar a los trabajadores de la central y a la comarca entera porque quieren hacer política. Nosotros nos lo tomamos en serio”.