El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ultima la aprobación de una reforma de la normativa que regula las revisiones que sus inspectores realizan en las plantas, con la que permitirá que los permisos de explotación de las centrales que se concedan por parte del Gobierno a las compañías eléctricas puedan ser por más de 10 años, el límite técnico que se reconoce actualmente.

Hasta ahora para que el CSN diera su visto bueno a que el Ejecutivo aprobara la renovación de una licencia de una central era necesario contar con una Revisión Periódica de Seguridad (RPS) realizada por el supervisor. Estas revisiones seguirán realizándose como hasta ahora al menos cada 10 años, pero el pleno del CSN se dispone a introducir los cambios necesarios en la guía de uso interno para que las propias revisiones no sean obligatorias en cada renovación de licencia.

Esto es, el Gobierno podrá conceder permisos a las eléctricas para explotar una central por 15, 20 o 25 años, dado que ya no será necesario como hasta ahora que cada renovación vaya acompasada con el periodo de 10 años que se establece para las revisiones.

El CSN hasta ahora se autoprohibía dar informes positivos sobre las licencias de las centrales referentes a periodos superiores a 10 años (al obligarse a que esos informes siempre fueran acompañados de una RPS), y con ello se impedía que el Ejecutivo pudiera ampliar los permisos por encima de ese límite.

En el último borrador del nuevo texto de la Guía 1.10, la que regula las revisiones y que se pretende aprobar en breve, el CSN ha eliminado la garantía de que renovaciones y revisiones vayan siempre asociadas. Un cambio que había sido propuesto durante la tramitación por la patronal de las eléctricas Unesa y finalmente adoptado por el supervisor, según se recoge en la documentación hecha pública por el CSN sobre el proceso de actualización de la guía.

A las puertas de la decisión sobre Garoña

La reforma se produce justo en el momento en que el propio CSN ultima el informe sobre la polémica reactivación de la central de Santa María de Garoña (Burgos), que fue la primera precisamente –y de momento la única- en solicitar una renovación de licencia por encima de los 10 años como se hacía hasta ahora (por un total de 17 años, en concreto).

Garoña, cerrada a finales de 2012 voluntariamente por Endesa e Iberdrola –que controlan a partes iguales la planta a través de Nuclenor-, solicitó hace más de dos años la renovación de su permiso de explotación hasta 2031, justo cuando cumplirá 60 años de su construcción. Otro hito, dado que hasta ahora se consideraba que la vida útil de las centrales alcanzaba sólo hasta los 40 años, que es el límite establecido en las especificaciones técnicas de diseño cuando fueron construidas. La legislación española ya permite superar ese límite de las cuatro décadas de funcionamiento.

Otra fractura en la cúpula del CSN

La reforma de la guía sobre las revisiones a las centrales ha provocado un nuevo choque en el pleno del CSN, el órgano de cinco miembros por el que pasan todas las grandes decisiones del centro. La decisión de continuar con el proceso de revisión del texto fue aprobada el pasado 30 de noviembre con cuatro votos a favor y una abstención, la de exministra socialista Cristina Narbona.

La consejera ha emitido una explicación razonada de su abstención, en la que se queja de que la disociación de revisiones y renovación de permiso se realice “sin ningún debate en profundidad” de sus implicaciones. Y ha solicitado que se paralice esta reforma y también la decisión sobre la reactivación de Garoña y sobre la ampliación de la vida del resto de nucleares hasta los 50 o 60 años hasta que ese debate, con expertos nacionales e internacionales, se produzca.

Otro de los consejeros, Fernando Castelló, replica en otro texto adjuntado al acta de la reunión del pleno recordando que el debate técnico sobre la operación a largo plazo de las nucleares se viene produciendo desde 2001 y que las sucesivas actualizaciones de la Guía 1.10 se vienen analizando y produciendo casi desde su aprobación. Castelló propone que la Dirección de Seguridad Nuclear del CSN redacte un informe de situación sobre la normativa y la regulación actual acerca de la ampliación de la vida de las centrales y que se analice en 2017, para que luego sea estudiando por expertos internacionales en 2018.

Javier Dies, también consejero del CSN, esgrime por su parte que las propuestas de Narbona son muy similares a las que han trasladado ya al supervisor las organizaciones ecologistas Greenpeace y Ecologistas en Acción, y recuerda que la duración de la vida útil de las centrales nucleares no es competencia del CSN, sino que forma parte de la política energética sobre la que tiene potestad el Gobierno.