El polémico derribo en el madrileño distrito de Hortaleza de varios edificios históricos pertenecientes a la congregación religiosa de la Misión San Vicente de Paúl, más conocido como la finca de los Padres Paúles, tendrá que esperar. Aprobada con los votos de Ahora Madrid y el PP de Esperanza Aguirre, la demolición del conjunto arquitectónico lleva paralizada desde diciembre por orden de la Comunidad de Madrid, según confirman portavoces del Gobierno regional a El Independiente.

«La Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto con los propietarios, los arquitectos y los Padres Paúles para que se haga un informe exhaustivo antes de derribar nada», aseguran en la Comunidad de Madrid, concretamente en la Dirección General de Patrimonio. «Ahora estamos a la espera del estudio. El objetivo es que no se tire nada de lo que luego nos podamos arrepentir y evitar así un daño irreversible…».

La finalidad del derribo es erigir un complejo en un área de alrededor de 13.500 metros cuadrados en el casco histórico de Hortaleza, donde varios edificios afectados cuentan con más 150 años. Éste contará con un párking de tres plantas, un gimnasio enorme con piscina, ludoteca, cafetería… La aprobación del Plan Especial que concede la supresión del convento de la congregación se realizó en un Pleno municipal en junio. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) denunció posteriormente que nadie en Cibeles les informó de esta decisión, de la que se enteraron por la prensa, y sobre este punto mantienen un enfrentamiento con el Ayuntamiento.

El plan, una «guarrería»

En la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible (Urbanismo) del próximo miércoles la concejala socialista Mercedes González pretende llevar este punto a debate. González preguntará si el Ayuntamiento puede informar «sobre los problemas que plantea la Comunidad de Madrid» respecto a Padres Paúles «y sobre las medidas que ha tomado su Área respecto a este requerimiento, el estado en el que se encuentra el proyecto en estos momentos así como qué licencias o actuaciones se están tramitando». La edil tildó en verano pasado el plan especial de «guarrería».

Consultada por este medio, el área de Urbanismo no ha hecho ninguna declaración. Miembros de la FRAVM defienden que nadie hizo alegaciones al plan especial llegado el momento de votar en el pleno «porque nadie se enteró». Hay un Change.org con miles de firmas contrarias al proyecto sobre un complejo con edificios de 1850 -algunos están semiderruidos-.

En otras ocasiones Urbanismo, por boca del delegado José Manuel Calvo, ha defendido que la operación es un acuerdo entre la congregación de los Paúles y la empresa privada Ingesport, propietaria de la marca Go Fit. Pero las que sacaron adelante el proyecto fueron la alcaldesa Manuela Carmena y Esperanza Aguirre, con los votos en contra de PSOE y Ciudadanos. La Comunidad dará a conocer su resolución en breve.