Los sindicatos de la función pública FeSP-UGT, FSC-CCOO y CSI-F se preparan en todos los frentes para que la oferta de empleo público (OEP) para 2017 sea una realidad y sirva para recuperar todos los puestos de trabajo perdidos en este sector durante la crisis. Pero al mismo tiempo quieren consolidar los puestos interinos.

Por un lado, se organizan para la negociación de dicha oferta en la reunión de la Mesa General de la Función Pública comprometida por el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para las próximas semanas bajo el supuesto de que será posible sacar adelante unas nuevas cuentas públicas para el próximo año.

En el caso de que no sea posible, están presionando al Gobierno para que desvincule la OEP de la tramitación de los Presupuestos y se busque un encaje legal, principalmente un Real Decreto, para aprobar el reparto de nuevas plazas contando, al menos, con la partida de recursos consignada en el Presupuesto de 2016, actualmente prorrogado.

Pero tanto en un caso como en otro, las federaciones del sector público de CCOO y UGT no quieren que el Gobierno caiga en la tentación de aprovechar la oferta de nuevas plazas de promoción interna que cada año se incluye en la OEP para cumplir al mismo tiempo su compromiso de reducir este tipo de contrataciones en la Administración, al calor de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TSJUE).

Para ello, han trasladado al Gobierno la necesidad de llevar a cabo una oferta de empleo público especial para que unos 300.000 puestos de interinos se consoliden dentro de la Administración. No obstante, fuentes de FeSP-UGT admiten que ello obligaría a abrir nuevas oposiciones, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas, donde Hacienda no tiene competencias directas.

En paralelo, demandan la OEP habitual y, en este contexto, se encuentran elaborando un censo de las “necesidades estructurales” de plantilla en todos los ámbitos de la administración.

Por su parte, CSI-F ha instado al Ejecutivo a determinar las necesidades reales de las plantillas y a sacar a concurso las plazas estructurales que en la actualidad se suplen abusando de la interinidad, convocando ofertas de empleo público conforme a «los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad».

Más del 100% de la tasa de reposición

En lo que se refiere a la convocatoria ordinaria de oposiciones, los sindicatos creen que el Gobierno cederá y aceptará eliminar las tasas de reposición, esto es, los límites impuestos durante la crisis al relevo de personal que se ha ido jubilando con el objeto de controlar el gasto en personal y reducir el déficit.

La tasa de reposición se fijó en el 10% entre 2011 y 2014, pero sólo para una serie de servicios considerados de primera necesidad, como la educación, la sanidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la inspección de fraude. En 2015, esta tasa se elevó al 50%, y en 2016, se estableció un límite del 50% con carácter general y del 100% para las actividades prioritarias.

A lo largo de este recorrido, los sindicatos denuncian una pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo. Según sus cálculos, desde 2011 se han quedado por el camino unos 300.000 puestos de trabajo por la amortización de jubilaciones.

Y ahora, con la recuperación, coinciden en que es el momento de recuperar este terreno perdido. La manera es eliminar las tasas de reposición, pero no sólo eso, establecer de tasas superiores al 100% para poner el contador de las necesidades de plantilla en la Administración a cero.

El Gobierno no está por la labor

Fuentes del Ministerio de Hacienda no aportan de momento información alguna al respecto. Sin embargo, fuentes del Grupo Popular en el Congreso sí aportan una aproximación a lo que pueden ser las negociaciones en las próximas semanas.

Estas fuentes asumen que Hacienda tendrá que encontrar la forma de reducir las tasas de interinidad en la administración. Y es que el informe encargado por el Ministerio de Empleo al grupo de expertos designado para analizar el alcance de la sentencia del TSJUE sobre los interinos, aconsejaba, por ejemplo, limitar la duración de este tipo de contratos en el sector público.

Sin embargo, entre los populares se considera excesivo el prever una oferta pública específica para 300.000 interinos al margen de la ordinaria.

El Gobierno y el grupo que le sustenta en el Congreso de los Diputados apelan a la “responsabilidad”, ya que, según señalan las mismas fuentes, es preciso encuadrar el gasto en personal en el conjunto de un Presupuesto que, a diferencia de años anteriores, tendrá que dar cabida a gastos que aún se están negociando con los grupos parlamentarios en la búsqueda de los apoyos necesarios para su aprobación. Un sudoku en el que, como señalan, no se puede considerar el gasto en personal funcionario como algo aislado.