El Gobierno y los sindicatos más representativos de la función pública –CSI-F, FeSP-UGT y FSC-CCOO– ha cerrado un acuerdo para consolidar la mayor parte de la masa de personal interino empleado en las administraciones en un plazo de tres años. Concretamente, se prevé sacar a concurso el 90% de las actuales plazas -fundamentalmente en sanidad, educación justicia, servicios sociales o policía local–, lo que supondría reducir la temporalidad en las Administraciones del 25% al 8%.

Sin embargo, en lo que no se ponen de acuerdo las partes es en las cifras concretas de plazas que están en juego.

Poco después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, celebrara en rueda de prensa este “primer acuerdo de la legislatura entre los sindicatos de la función pública y el Gobierno”, los representantes sindicales han explicado que, de acuerdo con sus cálculos, las cifra de plazas a consolidar se situaría entre las 260.000 y las 290.000. Desde Hacienda, en cambio, de habla de un total aproximado de 250.000 plazas, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), educación (98.807) y administración de justicia (8.564).

Establecer unan cifra consensuada sería algo más sencillo en el caso de la Administración General del Estado (AGE). Sin embargo, los sindicatos se preparan para “una duras negociaciones” con las comunidades autónomas para perimetrar la oferta de plazas para cubrir en estas administraciones. En el caso de los ayuntamientos, la situación es peor, porque apenas se tiene información al respecto y habrá que empezar por recabarla.

La oferta no supone más gasto en el Presupuesto

Este acuerdo, con vigencia en 2017, aunque con efectos hasta 2019, será ratificado, si no hay sorpresas, en la reunión de la Mesa General de las Administraciones Públicas de esta tarde, en la que participarán los sindicatos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Aunque a primera vista podría parecer que Hacienda ha decidido tirar la casa por la ventana e incrementar el gasto en personal, fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro confirman que, a priori, la oferta pública de empleo de 2017 no supondrá un incremento del gasto en personal. En lo que se refiere a los interinos, ello supone en la práctica consolidar puestos de trabajo, pero no incrementar el coste de cada uno de ellos.

Además, esta por ver cómo se concreta la oferta de empleo público ordinaria correspondiente a este año en el proyecto de Presupuestos para este año, que el Consejo de Ministros aprobará este viernes, 31 de marzo. No obstante, la única novedad que ha avanzado el Gobierno es la ampliación de la tasa de reposición del 100% de las jubilaciones a los ámbitos de servicio de cara al público.

Se incluirán en este saco las oficinas de DNI, la Seguridad Social, los servicios de empleo o la Dirección General de Tráfico (DGT), junto con los que ya se beneficiaban de esta tasa. De esta forma serán sectores prioritarios en 2017: sanidad, educación, administración de justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y contra la Seguridad Social, prevención y extinción de incendios, políticas activas de empleo, atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.

Pero tampoco esta ampliación supondrá mayor gasto total en el capítulo presupuestario de personal, ya que el resto de sectores mantendrán una tasa de reposición del 50% y además las nuevas incorporaciones tendrán menores salarios que los funcionarios salientes.

Según las cifras que maneja Hacienda, teniendo en cuenta la oferta aprobada en 2016, una Oferta de Empleo Público de alrededor de 67.000 plazas. Por subsectores, 19.000 plazas serán en la Administración General del Estado, 28.144 plazas, aproximadamente, en las comunidades autónomas y en torno a 20.000 plazas en las entidades locales.

Hacienda recalca además que esta oferta de plazas se llevará a cabo dentro de los límites y reglas de gasto establecidos y “respetando los principios de libre concurrencia, igual, mérito, capacidad y publicidad”. Esto quiere decir que la consolidación de puestos no garantizará la continuidad a las personas que actualmente trabajan como interinas.

No habrá acuerdo salarial hasta 2018

Montoro ya había adelantado que sería posible subir el salario de los funcionarios en 2017 siempre que ello no aumentara la masa salarial de la Administración. De esta forma, la oferta de empleo público deja margen para subidas, pero no tan ambiciosas como las que reclaman los sindicatos, que piden un incremento de al menos un 1,2%, el IPC medio previsto para este año.

Todo apunta a que la subida salarial se quedará en un 1%, en línea con la de 2016. La subida aplicada a los empleados del Senado, en ese porcentaje, anticipa de alguna manera este incremento, que esta tarde podría confirmarse en la reunión de la Mesa General.

Montoro no se ha referido hasta el momento a esta cuestión, pero ha venido a confirmarla al señalar que, tras el acuerdo sobre la oferta de empleo para consolidar puestos interinos, que el siguiente pacto deberá ser “el de las retribuciones en los Presupuestos de 2018”, toda vez que España espera cerrar este año con un déficit del 3,1% del PIB con vistas a que el año que viene lo reduzca por debajo del 3% y salga del procedimiento de déficit excesivo. Esto equivaldrá a no tener que dar tantas explicaciones a Bruselas sobre el gasto público.

Agria satisfacción entre los sindicatos

Entre los sindicatos ha cundido una cierta satisfacción por la voluntad del Gobierno de consolidar los puestos interinos en la Administración, pero reiteran que no van a dar su brazo a torcer en el plano retributivo.

Para empezar, han reclamado a Montoro garantías de que la oferta pública pactada se llevará a la práctica aunque finalmente no prosperen los Presupuestos para este año. El ministro les ha trasladado que dicho inconveniente se salvaría aprobando la normativa necesaria por la vía del decreto (en el caso de las comunidades autónomas y los ayuntamientos lo pondrán en práctica en tanto ratifiquen el acuerdo esta tarde y éste se haga vinculante).

Por su parte, el presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha afirmado que hay “un antes y un después” en el ámbito del empleo público tras la rúbrica del acuerdo, si bien ha mostrado su disconformidad con la subida salarial del 1% que podría fijarse, y ha anunciado que desde este jueves iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para tratar de elevar este porcentaje en el trámite parlamentario.

A su vez, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), Julio Lacuerda, ha valorado que el acuerdo va a permitir poner fin a la tasa de temporalidad y constituye un “primer paso” en las negociaciones, si bien ha insistido en que la “prioridad” sigue siendo la recuperación del poder adquisitivo, aunque la postura está “muy alejada” de las pretensiones del Gobierno.

De su lado, el secretario general de FSC-CCOO, Javier Jiménez, ha celebrado la firma del acuerdo porque supondrá la “estabilización de centenares de miles de empleos públicos”, y conlleva la devolución a cada administración pública de su responsabilidad respecto a tener que negociar en el ámbito que le corresponda.