La salida de Ángel Ron de la presidencia del banco Popular está en el punto de mira. La pensión que le corresponde cobrar hasta su jubilación, de 1,1 millones de euros anuales por su trabajo durante 32 años en la entidad -los 10 últimos en la presidencia-, está siendo cuestionada por buena parte del accionariado del banco, que considera el cobro de esta cantidad inapropiado, dada la debilidad en la que queda Popular tras la marcha del ejecutivo.

La pensión del ex número uno del banco está regulada en los estatutos sociales de Popular y está vinculada al cumplimiento de un pacto de no competencia post contractual los próximos 11 años, de tal manera que Ron no podrá trabajar para otra entidad de crédito o financiera en ese tiempo.

Los bufetes consideran que el esquema del pago por importe de 1,1 millones al año es procedente

Sin embargo, Popular, para curarse en salud y poder justificar el desembolso de la citada pensión ante los accionistas disconformes, ha encargado a los despachos de abogados Garrigues y Sagardoy un informe que justifique el esquema del pago de la renta vitalicia, según ha podido saber El Independiente. El informe de los bufetes acredita que el pago es procedente y que la cesación de la relación entre el banco y Ron es sin causa.

Los documentos hacen referencia al informe de autoevalución aprobado por el consejo en el que se analizan las decisiones tomadas, como la ampliación de capital, y resuelven que fueron correctas.

Algunos accionistas exigen revisar el pago de la pensión, dada la situación de debilidad del banco

Garrigues y Sagardoy, asesores en temas de relaciones laborales del banco y mediadores en los contratos, emitieron los informes como parte de los trabajos habituales que realizan para Popular.

Para hacer frente a al pago de la pensión, la entidad tiene que hacer una dotación de 15,63 millones que se suma a la que acumulaba de 8,57 millones en su sistema de ahorro a largo plazo al final del año pasado. El banco ha dotado un máximo de 24,1 millones para afrontar los derechos acumulados por el ex presidente.

Ron percibió en 2016 una remuneración de 1,47 millones de euros, mismo importe que un año antes.

La pensión de Ron, aunque polémica dada la actual debilidad de Popular, golpeado por sus necesidades de capital y el lastre inmobiliario, queda muy lejos de las percibidas por algunos de sus homólogos en el momento de dejar sus entidades en los últimos años.

Pensiones millonarias

José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, dejó BBVA en 2009 con una pensión anual de tres millones de euros, que cobró de golpe embolsándose 53 millones de euros.

Ángel Cano, por su parte, ex consejero delegado de BBVA, pactó en 2015 cobrar 1,79 millones de euros brutos anuales de forma vitalicia. La entidad estimó, basándose en sus provisiones, que la pensión de Cano le costará 45 millones de euros.

Javier Marín, ex consejero delegado de Santander, cobró al dejar el grupo 10,8 millones de euros, cifra total de los 800.000 euros anuales que le correspondían desde 2015 hasta su jubilación. El acuerdo contempla que Marín no puede competir en el sector financiero.

El récord lo tiene Ángel Corcóstegui, consejero delegado de Santander hasta 2002. Percibió una pensión de 108 millones de euros.