El Pleno del Congreso de los Diputados ha aceptado a tramitación una Proposición de Ley de modificación del Código Penal que incluye, entre otras cuestiones, una suerte de ‘indulto’ para los piquetes sindicales procesados por supuestas coacciones en el desarrollo del derecho de huelga.

La iniciativa ha sido promovida por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y ha sido apoyada por PSOE, ERC, PNV, Compromis y PdeCAT. Ciudadanos ha optado por la abstención y ha avanzado que aportará enmiendas cuando sea el momento. Por último, el Grupo Popular se ha quedado prácticamente solo en la oposición frontal al texto, únicamente junto a Foro y UPN.

La clave de la proposición es el artículo 315.3 del Código Penal, en el que se determina que “quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccione a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de 18 meses a 24 meses”.

Según la formación morada, este artículo ha sido utilizado “profusamente” y “con el único fin de reprimir a los trabajadores en sus actuaciones de organización y extensión de la huelga”, sobre todo tras las últimas huelgas generales de 2010 y 2012, contra los Gobiernos del PSOE y PP.

Fruto de su aplicación han tenido lugar procesos sonados como el de ‘los 8 de Airbus’, en 2010, que acabó con su absolución y que precisamente abrió la puerta a la eliminación de este artículo. También es el caso de Rubén Ranz y José Manuel Nogales, ‘Los dos de la Lealtad’, a quienes se les piden 7 años de cárcel tras su participación en la huelga general de 2012.

Pero la Proposición, de salir adelante en forma de Ley, afectaría a muchos otros. Según datos de los sindicatos, actualmente hay 300 sindicalistas encausados, con peticiones de penas de prisión por parte de la Fiscalía de cerca de 90 años.

Solo el PP defiende ya el 315.5

La proposición presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea argumenta que el Código Penal ya contemplan el delito de coacciones y que el tipo penal agravado de coacciones en caso del ejercicio del derecho de huelga “no solo no es necesario, sino que es contrario a los derechos fundamentales de huelga y de libertad sindical”.

Por ello, plantea de entrada la supresión del punto 3 del artículo 315 y, al mismo tiempo, establece que aquellos empresarios que “mediante engaño y abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga” deban cumplir penas de prisión de entre seis meses a tres años, uno más que la actual redacción. Además, se mantienen las multas previstas en este caso de seis a dos meses.

Un ‘indulto’ para sindicalistas procesados

Además, la propuesta añade una disposición transitoria y otra final, en las que se indica que las causas que se encuentren en tramitación por delito previsto en el artículo 315.3 quedarán sobreseídas, y que solo podrán enjuiciarse por la comisión de delitos o faltas dentro de su legislación ordinaria.

Asimismo, se establece que en los casos en los que se haya producido una sentencia condenatoria se revisarán en un plazo de 15 días desde la entrada en vigor de la Ley, a fin de anular la condena.

Por último, la proposición señala también que en los casos en los que hubiera dado comienzo el cumplimiento de la ejecución de una pena carcelaria por aplicación del 315.3, ésta quedará anulada, cancelándose los antecedentes penales. Incluso, se prevé una indemnización al interesado por el tiempo que estuvo ingresado en prisión.

Ciudadanos ya pactó esta posibilidad con el PSOE

La propuesta ha logrado el apoyo inequívoco de PSOE, que incluso ha acompañado este martes a los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, durante el registro en la Cámara Baja de una propuesta de reforma del Código Penal para la descriminalización del ejercicio del derecho a huelga de los sindicatos, similar a grandes rasgos a la debatida.

También ha dado su apoyo a la tramitación el PNV, que ha animado a una «reflexión profunda, enriquecida por expertos y afectados», en torno al derecho a huelga y para una normativa penal «adecuada» en estos casos. Y entre las minorías, se han posicionado a favor ERC, PdeCAT y Compromís.

En el caso de Ciudadanos, la formación ha reclamado incluso la autoría de la petición de supresión del artículo 315.3 del Código Penal. En efecto, esta se encontraba en el apartado nueve del pacto alcanzado entre Ciudadanos y el PSOE alcanzado tras las elecciones generales del 20-D, previo a la alianza de los de Albert Rivera con el PP que ha permitido echar a andar la presente legislatura.

En cuanto a las disposiciones que constituyen una forma de ‘amnistía’ de sindicalistas. En Ciudadanos opinan que se trata de acotaciones innecesarias, pues el Código Penal ya contempla un efecto retroactivo en el caso de que se suprimiera el artículo en cuestión. No obstante, sin desvelar la intención final del voto, desde Ciudadanos se ha asegurado que «se aportarán las enmienda oportunas». Finalmente, el PP ha tildado la propuesta de «espejismo» y de «desatino jurídico».