La Agencia Tributaria considera que Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid, tendría que haber pagado ocho millones de euros más por sus derechos de imagen entre los años 2011 y 2013, según un expediente que ha enviado a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid del que informa la Cadena Cope. Todavía no está aclarado si eso supondría un delito fiscal o una infracción administrativa.

El intento del jugador de regularizar su situación tributaria en 2015 llamó la atención de Hacienda, cuando trató de ponerse al día de los derechos de imagen correspondientes a los ejercicios de 2011 a 2013. La Agencia Tributaria cree que esa regularización no fue correcta y que a los 5,6 millones que pagó debían haberse sumado otros ocho millones. La Fiscalía deberá decidir ahora si acusa al portugués de delito fiscal o de una infracción administrativa tras haber intentado regularizar su situación por voluntad propia.

El pasado mes de diciembre Cristiano Ronaldo fue protagonista por una investigación de El Mundo, que afirmó que desvió 150 millones de euros de sus ingresos publicitarios, correspondientes al periodo entre 2009 y 2020, al paraíso fiscal caribeño de las Islas Vírgenes Británicas. Hacienda ya le abrió una investigación al luso por sus declaraciones de la renta entre 2011 y 2013.

El delantero madridista se benefició de la conocida como Ley Beckham, que permitía a los deportistas extranjeros tributar al 24,75%, y no al 48% habitual de las rentas altas, y sólo por los ingresos obtenidos en España. Cristiano decidió pagar en nuestro país sólo el 20% de sus derechos de imagen hasta 2014, unos 75 millones de euros hasta entonces, y justo antes de que terminasen los privilegios de la Ley Beckham vendió otro paquete con sus derechos de imagen hasta 2020 por otros 75 millones, para tributar a esa cantidad más baja.

El caso pasará ahora a manos de la Fiscalía, que será la que decida si es un delito fiscal o una infracción administrativa antes de remitir el caso al juez de instrucción. La Cadena Cope afirma que la denuncia será admitida a trámite para evitar que prescriba el primer posible delito, del año 2011, el próximo 30 de junio.