El Gobierno revoluciona la defensa de la competencia facilitando que las víctimas de las empresas que montan cárteles -tanto sus rivales como los propios consumidores- puedan reclamar una indemnización.

El Consejo de Ministros ha articulado este viernes la transposición de una directiva europea de 2014 que allana las reclamaciones de las víctimas, tanto empresas como particulares, de prácticas anticompetitivas, según consta en la referencia del Consejo de Ministros. Para ello, se ha introducido, en la Ley de Defensa de la Competencia, un nuevo título para garantizar que los daños por actuaciones contrarias a la competencia sean «efectivamente resarcidos».

Hasta ahora, alguien que se considerara víctima de estas prácticas -como por ejemplo fijación de precios en un sector o reparto de mercado- difícilmente podía ver compensado el daño.
Para facilitar este camino, la ley pasa a recoger una serie de principios como la «responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios causados» por quienes infrinjan el Derecho de la competencia o la declaración del «derecho al pleno resarcimiento de los daños que causen estas actuaciones».

Un resarcimiento, incorpora la ley, que comprenderá el derecho a la indemnización tanto por el daño causado como por el lucro cesante (pérdida de una ganancia legítima) más el pao de los intereses.

También establece que la responsabilidad «solidaria» de quienes hubieran llevado a cabo la infracción de forma conjunta, con reglas especiales para pymes, y un plazo de prescripción de cinco años para el ejercicio de las acciones por daños.

Con esto, el Gobierno transpone una directiva comunitaria del 26 de noviembre de 2014 con determinadas normas para las acciones ante los daños que causan estas infracciones. El objetivo de esta directiva es, por un lado, homologar las legislaciones de los Estados miembros para «evitar posibilidades de éxito dispares» de las acciones de daños en función del lugar de residencia del reclamante o del país donde se realice la reclamación.

Junto a esto busca «facilitar» las reclamaciones de las víctimas de las prácticas anticompetitivas y contribuir a la consecución de una competencia «real y efectiva».