El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado un paso decisivo para facilitar que la ampliación a largo plazo de la vida útil de las centrales nucleares españolas. Por un lado, ha dado el visto bueno a la reforma propuesta por el Gobierno para dar más tiempo a las eléctricas para decidirse sobre la renovación de sus licencias y, por otro, ha aprobado cambiar sus normas de uso interno para hacer posible que el Ejecutivo conceda a las compañías autorizaciones de explotación por más de 10 años, el límite que se establecía hasta ahora.

El pleno del CSN ha aprobado un nuevo texto de la Guía de Seguridad 1.10, la orden de funcionamiento interno del organismo que regula las revisiones periódicas a las que están sometidas las centrales, según ha anunciado el propio organismo en un comunicado. El nuevo texto establece criterios de seguridad más exigentes para adecuarse al envejecimiento de las instalaciones y para que operen con garantías a muy largo plazo (más allá de los 40 años)

Pero en la nueva norma también se introducen cambios para hacer posible que los permisos de explotación de las centrales que se concedan a partir de ahora por el Gobierno a las eléctricas puedan ser más de 10 años (el límite técnico que se reconoce actualmente), como ya adelantó El Independiente.

Hasta el ahora, para que el CSN diera su visto bueno a que el Ejecutivo aprobara la renovación de la licencia de una central era necesario contar con una Revisión Periódica de Seguridad (RPS) realizada por el supervisor. Estas revisiones seguirán realizándose como hasta ahora al menos cada 10 años, pero el pleno ha aprobado hoy por cuatro votos a favor y una abstención (la de la exministra socialista Cristina Narbona) introducir los cambios necesarios para que las propias revisiones no sean obligatorias en cada renovación de licencia.

El CSN se autoprohibía hasta ahora dar informes positivos sobre las licencias de las centrales para periodos superiores a 10 años (al obligarse a que esos informes siempre fueran acompañados de una RPS), y con ello se impedía que el Ejecutivo pudiera ampliar los permisos por encima de ese límite. Pero desde ahora –como ya ha sucedido con el expediente de la central de Garoña– el CSN podrá avalar la ampliación de la vida de las centrales sin límite.

Con el nuevo texto de la Guía 1.10 el CSN ha eliminado la garantía de que renovaciones y revisiones vayan siempre asociadas. Un cambio que acabará permitiendo que las futuras renovaciones puedan aprobarse por el plazo que el Gobierno considere oportuno (15, 20, 25 años…) o incluso sin ningún límite temporal, frente al máximo de 10 años que hasta ahora estaba fijado. Un cambio que fue propuesto durante la tramitación por la patronal de las eléctricas Unesa y finalmente adoptado por el supervisor.

Las eléctricas ganan tiempo

Asimismo, el pleno del CSN ha dado el visto bueno por el trámite de urgencia a la propuesta del Ministerio de Energía de reformar las licencias vigencias de todas las centrales nucleares de España para dar más tiempo a las eléctricas para que decidan si piden la renovación de las autorizaciones. El cambio se ha tenido que tramitar a toda la prisa, ya que tiene que estar vigente antes del próximo 8 de junio, que es cuando expira el plazo para que los dueños de la central de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Gas Natural) inicien el proceso para su ampliación.

La normativa actual obliga a las eléctricas a iniciar la renovación de las licencias de las centrales tres años antes de que expiren las autorizaciones. Con el visto bueno del CSN obtenido hoy, el Gobierno ahora eliminará ese límite y permitirá a las compañías que no adopten una decisión vinculante hasta dos meses después de que esté aprobado el Plan Integral Energía y Clima, que contendrá la planificación del futuro mix energético del país y que debe entregarse a la Comisión Europea en marzo de 2019.

O, en su defecto, las eléctricas podrán aplazar su decisión sobre el futuro de las plantas hasta el momento en que cada planta tenga que someterse a su siguiente revisión periódica de seguridad, previstas según cada caso entre 2019 y 2023.

Algunas compañías eléctricas, con Iberdrola a la cabeza, reclamaban más tiempo para decidir sobre la ampliación de la vida útil de sus centrales nucleares a la espera de conocer la apuesta a largo plazo del Ejecutivo por esta energía y poder así echar cuentas sobre su rentabilidad.  Y el Gobierno se lo ha concedido, como ya adelantaron fuentes del Ministerio de Energía la semana pasada.

El pleno del CSN avala la modificación propuesta por el Gobierno de las autorizaciones de explotación vigentes de las centrales de Almaraz, Ascó, Cofrentes, Vandellós y Trillo. El Ministerio de Energía, dirigido por Álvaro Nadal, propone directamente eliminar ese plazo de 3 años y dejarlo sin determinar, vinculándolo a esa planificación del mix (el reparto del peso que tendrá cada tipo de energía –nuclear, renovables, gas natural, carbón…- en la generación de electricidad).

En la práctica, supone darle dos años más de plazo a Almaraz y Vandellós (que debían iniciar el proceso este año) y de un año a Ascó y Cofrentes (que tenían que iniciarlo en 2018).

Las eléctricas sí que tendrán que cumplir con ese plazo de 3 años para presentar al CSN toda la documentación técnica necesaria para que el organismo evalúe una eventual futura renovación sin saber si finalmente se producir y si todo el trabajo realizado realmente valdrá de algo. Los dueños de las centrales remitirán los informes sobre el envejecimiento de las instalaciones y sobre la operación a largo plazo de las centrales, pero sin tener que pedir formalmente la renovación.

Desde la Asociación Profesional de Técnicos de Seguridad Nuclear (ASTECSN) se critica que el personal del CSN vaya a tener que realizar evaluaciones de la documentación de las eléctricas sin que éstas hayan presentado formalmente la solicitud de renovación, ya que “si finalmente se decidiera no presentar solicitud por razones de cualquier índole, el CSN habría llevado a cabo un trabajo ingente absolutamente inútil, con el consecuente despilfarro de recursos  públicos”.

El Gobierno se ha lanzado a reformar las licencias de todas las centrales después de que Iberdrola lanzara un órdago poniendo en duda la continuidad de sus nucleares por una falta de rentabilidad provocada, según la compañía, por los nuevos impuestos que soporta el negocio nuclear desde 2012. Un órdago que ha enfrentado al grupo con Endesa, con la que comparten accionariado en varias plantas y que era firme defensora de solicitar ya la ampliación de la vida de las centrales hasta los 60 años.