La Comisión Europea quiere obligar a los abogados, asesores, contables y bancos a que den cuenta a las autoridades tributarias nacionales de las estructuras fiscales internacionales que diseñan para que sus clientes optimicen el pago de sus impuestos. Además, quiere que los Estados impongan multas a aquellos que no cumplan con estas medidas de transparencia.

Bruselas persigue con estas medidas combatir la evasión y la elusión fiscal a raíz de escándalos como los ‘papeles de Panamá’, según un comunicado publicado este miércoles, en el que se refiere directamente a los “complejos” entramados fiscales transfronterizos que utilizan empresas y particulares para evitar pagar impuestos, como es el caso también de los hechos que se imputan en estos días al futbolista Cristiano Ronaldo.

La Comisión Europea establece que los esquemas fiscales transfronterizos que cumplan determinadas características deberán ser “automáticamente” comunicados a las autoridades fiscales nacionales antes de que hayan sido utilizados y en un plazo de cinco días desde que se llegó a un acuerdo con el cliente.

En concreto, los intermediarios tendrán que comunicar toda esa información si los esquemas fiscales implican un pago a un residente en un paraíso fiscal, si involucran a una jurisdicción con una legislación “débil” sobre blanqueo de capitales, sortean los requisitos de intercambio de información de la UE sobre ‘tax rulings’ o si existe una relación directa entre el dinero que el contribuyente evita pagar y los beneficios del intermediario.

Posteriormente, los Estados miembros tendrán que intercambiar cada tres meses la información que reciben sobre estos modelos de planificación fiscal a través de una base de datos centralizada, de forma que puedan tener acceso a un sistema de “alertas tempranas” sobre nuevos riesgos de evasión fiscal y puedan actuar para adoptar medidas que bloqueen estas prácticas.

Además, el Ejecutivo comunitario ha apuntado que los países del bloque comunitario tendrán que imponer multas “efectivas y disuasorias” para aquellos intermediarios que no cumplan con los requisitos de transparencia. Bruselas ha destacado que la decisión sobre la “naturaleza exacta” de estas sanciones corresponde a los Estados miembros y podrían incluir desde sanciones administrativas a multas económicas.

Disuadir antes que juzgar

El principal objetivo de la propuesta de Bruselas es disuadir a estos intermediarios fiscales de proponer modelos de planificación fiscal agresiva. “Queremos crear una nueva disuasión de forma que los intermediarios se lo piensen dos veces antes de ofrecer un esquema que pueda perjudicar a la justicia fiscal”, ha explicado el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en una rueda de prensa, informa Europa Press.

“Quiero crear un escrutinio sobre las actividades de los intermediarios como hemos hecho ppara las cuentas bancarias ‘offshore’ y para las prácticas fiscales de las multinacionales”, ha subrayado.

La propuesta, que en concreto enmienda la directiva para la cooperación administrativa, entraría en vigor el 1 de enero de 2019 una vez que haya sido aprobada por los países del bloque comunitario.