La Comisión Europea ha propuesto poner en marcha un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP), para complementar las pensiones públicas en cada Estado miembro, que en el caso de España se encuentra en una situación de déficit, según ha informado la propia institución en un comunicado.

Este producto, que deberá debatirse en el Parlamento Europeo y en el Consejo, tendrá las mismas características básicas en toda la UE y está pensado para que pueda ser ofrecido por una gran gama de proveedores privados, entre compañías de seguros, bancos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión o gestores.

La Comisión Europea deja claro que estos productos no están llamados a sustituir los sistemas nacionales de pensiones, ni tampoco armonizarlos. Lo que si pretende es que los diferentes Estados miembro “otorguen el mismo trato fiscal a este PPEP que a los productos nacionales similares ya existentes”.

Por tanto, no se trataría de armonizar las pensiones públicas, sino más bien las privadas. La filosofía de este producto es también reforzar, en última instancia, el plan de la Comisión para crear una Unión de Mercados de Capitales y fomentar la competencia entre los proveedores de pensiones nacionales.

Según el responsable de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, Vladis Dombrovskis, este producto es “un hito importante hacia la realización de la Unión de Mercados de Capitales” y “ofrecerá a los ahorradores de toda la UE más posibilidades de elección a la hora de guardar dinero para la jubilación”.

¿En qué consiste el plan de pensiones paneuropeo?

La Comisión Europea asegura que el mercado europeo de pensiones privadas está fragmentado y es asimétrico, de forma que la oferta se concentra en unos pocos Estados miembro, mientras que en otros es casi inexistente. Achaca esta situación a la falta de uniformidad en las regulaciones nacionales, y asegura que supone un freno al desarrollo de un mercado de pensiones privadas a escala de la UE “de gran dimensión”.

Por ello, afirma que el producto que pretende lanzar permitirá a los consumidores, “de manera voluntaria”, ampliará la capacidad de elección de los consumidores, ya que habrá un “amplio elenco de proveedores de PEPP”, y “sacarán provecho de la mayor competencia”.

Además, valora que los consumidores también se favorecerán de “estrictas obligaciones de información que pesarán sobre los proveedores y por las normas de distribución”, puesto que estos deberán estar autorizados por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para ofrecer los PEPP.

Según la reglamentación de la Comisión Europea, aquellos que opten por contratar uno de estos productos podrá cambiar de proveedor una vez cada cinco años, tanto a escala nacional como transfronteriza, debiendo pagar una cuantía cuyo máximo estará regulado. Asimismo, los PEPP se podrán transferir de un Estado a otro.

Por último, el consumidor podrá elegir entre distintas opciones de rescate al final de la vida útil del producto.

Del lado de los proveedores, se les permitirá desarrollar estos productos en varios Estados miembros y ofertar sus productos a toda la UE a través de canales electrónicos.

No habrá un tratamiento fiscal homogéneo

En lo que no entra la Comisión Europea es en un tratamiento fiscal único. Su propuesta tan solo se acompaña de una recomendación en la que anima a los Estados miembros a conceder a los PEPP el mismo trato fiscal que actualmente se dispensa a los productos nacionales análogos, “aun cuando los PEPP no cumplan exactamente los criterios nacionales de desgravación fiscal”.

Según datos que maneja Bruselas, solo el 27% de los europeos de entre 25 y 59 años han adquirido un plan de pensiones.