La conflictividad laboral va en aumento al calor de la recuperación económica, que empuja a los trabajadores a reclamar parte del pastel de la incipiente bonanza en forma de mejoras laborales, salariales o mayores inversiones en sus sectores. Pero ese no es el único motivo por el que las huelgas, los trabajadores que las secundan y las horas perdidas por el camino se han incrementado en lo que va de año, como refleja el último informe sobre conflictividad que elabora la patronal CEOE con datos a mes de julio.

Solo en los siete primeros meses del año se han registrado 523 de estos conflictos, a un ritmo de 74 mensuales. Pero lo más destacado es que, al haberse concentrado en amplios sectores de actividad, el número de trabajadores que han participado se han más que duplicado frente al pasado año. Mientras que el número de huelgas ha repuntado un 2,95%, los empleados que han secundado paros ha crecido un 123,1%, hasta rozar los 200.000. En consecuencia, las horas perdidas por estas huelgas han aumentado también un 67,5% en este periodo, hasta superar las 6,3 millones.

La horas perdidas por huelgas repuntan un 67,% en lo que va de año

Dentro de estos cálculos se incluyen los grandes choques laborales que se han venido produciendo desde principios de año, empezando por el de la enseñanza pública. En marzo de 2017, el sector protagonizó la tercera huelga del curso y lo hizo en todos los niveles educativos, alentado por la Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública, en la que están representados las organizaciones de padres, estudiantes y sindicatos de profesores. Sus reivindicaciones, menos recortes, más inversión y la derogación de la LOMCE.

Además, la enseñanza se volvió a parar en el País Vasco en mayo, mes en el que, en cambio, los que más ruido hicieron fueron los taxistas de Madrid y Barcelona, que protagonizaron una huelga contra la competencia desleal que, en su opinión, suponen las licencias de transporte de viajeros con conductos (VTC). Con posterioridad, el sector amenazó con paros en la capital de España coincidiendo con la celebración del Orgullo Gay, los días 29 y 30 de junio, pero finalmente desconvocó después de que después de que el Ayuntamiento pidiera personarse en el recurso interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para limitar las licencias de Uber y Cabify.

Pero fue en junio cuando el clima de crispación subió de tono. Los estibadores cerraron puertos españoles con paros intermitentes entre los días 5 y 20 de junio. En esta ocasión, los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco lograron un acuerdo a finales de ese mes sobre las líneas básicas para negociar el nuevo convenio. La clave: la aceptación de la patronal -tras meses y meses de rechazo- de subrogar a todos los trabajadores (casi 7.000) de la estiba y mantener así todos los puestos de trabajo tras la reforma que liberaliza el sector.

Esta movilización no ha sido la última hasta la fecha. Los trabajadores de Renfe y Adif se declararon en huelga movilizados por CGT ante la falta de acuerdo con las compañías para garantizar a futuro la continuidad del ferrocarril como servicio público.

Si se discriminan las cifras de huelgas entre sector público y privado se observa que las protestan están más concentradas en las empresas. Así, la conflictividad estrictamente laboral (descontados los servicios públicos y las motivaciones extralaborales), en los siete primeros meses de año se produjeron 346 huelgas (+1,91%), secundadas por 41.397 trabajadores (121,2%) y con 2,4 millones de horas perdidas (92,7%).

Las huelgas que se avecinan

Sin embargo, el repunte de la conflictividad laboral sugiere continuidad a la vista de los conflictos que aún no se han contabilizado, los que ya se han convocado y los que podrían convocarse en próximas fechas.

Por ejemplo, la estadística no recoge la huelga de cinco días en el sector del taxi que se produjo en Málaga en la primera quincena de agosto y que finalizó después de que la Junta de Andalucía se comprometiese a establecer una base de datos con las licencias de VTC existentes en la comunidad y una página web para registrar los servicios que prestan y de esa forma poder intensificar la labor de inspección.

Tampoco se han contabilizado los paros de los trabajadores de a bordo del AVE o los de los trabajadores de seguridad de Eulen en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), que se vieron finalmente interrumpidos por el atentado terrorista del pasado jueves en Barcelona.

Aún no se han contabilizado conflictos como los de AENA o El Prat

Y en el horizonte, están pendientes la huelga de los trabajadores de AENA, que han amenazado por suspender su actividad durante 25 días, y una segunda vuelta de paros por parte de los trabajadores de seguridad de Eulen, en una maniobra para burlar el laudo obligatorio impuesto por el Ministerio de Fomento para zanjar el conflicto antes de la operación retorno de agosto. Por si fuera poco, este conflicto amenaza con extenderse a otros aeropuertos.

Sin embargo, a lo largo del verano las huelgas se han concretado básicamente en los sectores que más pueden entorpecer el día a día de los ciudadanos (el cometido último de una huelga), como son los de los transportes y las comunicaciones. Por eso, es de esperar que nuevos focos de conflictividad surjan una vez finalice la época estival.

De momento, los examinadores de tráfico mantienen la convocatoria de huelga indefinida a partir del 4 de septiembre, que se sumará a los paros alternos que vienen desarrollando desde junio. Según han reiterado, demandan fundamentalmente una subida salarial de 200 euros y una mejora de las condiciones laborales.

Se prepara un otoño caliente

Fuentes sindicales consultadas por El Independiente aseguran que huelgas como las de El Prat no responden a una estrategia más amplia para ir calentando motores de cara a la vuelta del verano, pero si confirman que en los próximos meses endurecerán sus posiciones y que cabe esperar posturas más combativas en otros sectores.

Los sindicatos se han propuesto llevar a cabo esta estrategia de guerrilla desde echara a andar la legislatura. No obstante, después de que las negociaciones con la patronal CEOE-Cepyme acabarán sin éxito en junio sin un pacto salarial de cara a 2017, los dos grandes sindicatos CCOO y UGT aseguraron que darían la batalla empresa por empresa y sector por sector en lo que denominaron un «otoño difícil».

Su máxima es que si la economía española ya crece por encima del 3% y esto debería reflejarse en los salarios. Por eso propusieron incrementos retributivos para este año de entre el 1,8% y el 3%, con cláusulas de revisión salarial para no perder poder adquisitivo en caso de que el IPC se disparase. El acuerdo no fue posible a nivel confederal y si tampoco lo es aguas abajo, la conflictividad laboral irá a más.