«Estaba a punto de caramelo», comentan fuentes sindicales a propósito del acuerdo que el Gobierno estaba dispuesto a firmar esta semana para que la conversión de empleos temporales en fijos, también interinos, se extendiera por fin a toda la Administración, y para incrementar plantillas más allá de la oferta de empleo público histórica de 2017.

Era uno de los puntos más avanzados en las negociaciones entre las partes de cara a los Presupuestos de 2018, pero que permanecía abierto a la esperar de un mayor entendimiento respecto a las subidas salariales de los funcionarios para el próximo año.

Sin embargo, la falta de apoyos al Gobierno para sacar adelante las cuentas, con la crisis independentista en Cataluña de telón de fondo, ha desembocado, para sorpresa de muchos, en un aplazamiento sine die de la aprobación de los Presupuestos y, en estos momentos, ni las subidas salariales, ni la oferta pública de empleo ordinaria, ni este plan para estabilizar las plantillas públicas se dan por seguro.

Fuentes de Hacienda confirman que la parálisis en la que se encuentra el nuevo Presupuesto no interrumpirá las negociaciones con los sindicatos, aunque, por lo pronto, la reunión prevista para mañana aún no se ha convocado. Además, señalan que, como ha ocurrido este año, una subida salarial es perfectamente aplicable con carácter retroactivo en el caso de que sea necesario prorrogar las cuentas de 2017, antes de aprobar las de 2018 una vez iniciado el ejercicio.

Los sindicatos creen que la conversión de plazas podría aprobarse por decreto porque no tiene gasto

Por parte de los sindicatos CCOO, UGT y CSI-F, estas buenas palabras no traen calma. Quieren amarrar al menos lo que tiene que ver con el empleo público y, por ello, argumentan que el Gobierno tiene «la posibilidad legal» de aprobar una oferta pública extraordinaria por la vía del Real Decreto, como también ocurrió este año para reforzar la Agencia Tributaria.

Más aún, sobre el proceso de estabilización de plantillas, en tanto que afecta a puestos que ya se están pagando –plazas con más de tres años de antigüedad–, entienden no supondría un coste adicional y no tendrían por qué aprobarse dentro del marco presupuestario. Sobre este último extremo, el Ministerio de Hacienda no ha respondido aún a las consultas de este periódico.

¿Qué es lo que está en juego?

La incertidumbre se extiende sobre unas cifras que volvían a ser halagüeñas para los sindicatos. Porque si el acuerdo para estabilizar plantillas de marzo afectaba a a más de 200.000 plazas, en esta ocasión las cuentas que se manejan entre las centrales hablan de entre 150.000 y 180.000 plazas, de las que aproximadamente 55.000 serían interinos. Eso sí, los representantes de los funcionarios dan estos datos con muchas cautelas, puesto que la información disponible en algunos sectores de actividad es escasa.

Otros cálculos, incluso, rebajan mucho esta cifra puesto que el proceso inicial afectaba a los sectores de la educación, la sanidad y la justicia, allí donde más temporalidad hay y esto hace que las plazas a convertir sean muchas menos. Ya entonces, el baile de cifras no acabó por cerrarse: los sindicatos hablaban de casi 300.000 puestos a convertir en indefinidos y el Gobierno de 250.000.

La creación de empleo neto se aleja

Otros de los puntos en los que el acuerdo estaba cerca es el de la oferta de empleo público ordinaria. Los sindicatos ya hablaban de un acuerdo que, sobre los avances logrados en 2017, permitiera, después de muchos años, una creación neta de puestos de trabajo en el sector público.

La oferta de empleo público ordinaria estaba llamada a crear empleo neto en el sector público

Daban casi por cerrado, que la tasa de reposición para cubrir bajas en los servicios esenciales, especialmente por jubilación, seguiría siendo del 100%, pero que se elevaría al 115% para las fuerzas de seguridad del Estado y policías locales y autonómicos. Para los servicios no esenciales, que actualmente tienen una tasa de reposición del 50%, la cifra podría elevarse al 75%. Y como novedad, una vez aplicados estos límites, cada administración podría incrementar su personal en el sector que considere en un 5% para cubrir eventualidades como la creación de servicios nuevos o para cubrir vacantes por vacaciones.