El Ministerio de Hacienda ha decidido intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid tras un tira y afloja sobre el incumplimiento del gasto municipal que data desde la llegada de Ahora Madrid a la alcaldía, en mayo de 2015. El ministerio que tutela Cristóbal Montoro ha enviado una carta al Consistorio que dirige Manuela Carmena explicando que ejercerá una fiscalización “semanal de las cuentas públicas” de Cibeles.

Montoro no ha aplicado un 155 al ayuntamiento como el Gobierno a la Generalitat de Cataluña; más bien un artículo 25 y 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, también conocida como Ley Montoro que fija el techo del gasto de las administraciones locales. De acuerdo con lo publicado, en la carta de Hacienda, según agencias, se dice que ese control fiscal se ejercerá directamente en contacto con la interventora del gobierno municipal de Ahora Madrid, María José Monzón Mayo (nombrada en 2016). Según la carta, no se prevén contactos directos entre los técnicos ministeriales y el concejal de Economía del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato. El gran perjudicado de la pugna estos días.

Hacienda así pues esquiva cualquier relación con Sánchez Mato (IU), muy bien visto por las bases de Ahora Madrid pero no tanto por el núcleo duro de la alcaldesa. El concejal sigue imputado por “malversación de caudales públicos y prevaricación” en el caso Open de Tenis, según una denuncia del PP. De acuerdo con esta demanda, Sánchez Mato y Celia Mayer habrían encargado dos informes externos para denunciar presuntas irregularidades penales. Y en dicho encargo incurrirían en otra irregularidad según el PP, algo que está por dirimirse judicialmente.

También se habla de una posible entrada del PSOE en el Gobierno de Carmena. Y una de las áreas en liza sería el área de Economía y Hacienda.

En la carta, Hacienda evita tratar directamente con el concejal Sánchez Mato

La carta lleva la estampa del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya Romero, el cual trasladó la semana pasada a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que una vez analizado el Plan de Estabilidad Financiera (PEF) se observaba que parte de una “premisa errónea” y es que para determinar el techo de gasto de los años se ha tomado como base “el gasto ejecutado en 2016 pese a haber excedido el máximo legal”.

Así, desde Hacienda subrayan que la propuesta de PEF del Gobierno local prevé un gasto para los años 2017 y 2018 que excede el límite en un importe de 238.025.715,54 euros y 243.586.509,71 euros respectivamente. Fernández de Moya Romero recordaba a la alcaldesa que la senda de gasto del Ayuntamiento debe “acomodarse al marco legal definido” en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.