El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere conjurar la intervención de las cuentas del ayuntamiento de Madrid desde la raíz. Para ello ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley de reforma de la regla de gasto, la norma con la que el Ministerio de Hacienda ha justificado la fiscalización de las cuentas del consistorio que dirige Manuela Carmena.

La reforma establece unos nuevos criterios a aplicar para eximir a aquellos ayuntamientos que tengan las cuentas saneadas. Estas modificaciones se ajustan como un guante a la situación de Madrid y se extienden a todos los ayuntamientos que puedan estar en la misma situación, aunque aún no hayan sido intervenidos.

La regla de gasto es un límite que la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 establece sobre las disposiciones presupuestarias de las administraciones públicas y que está en línea, a grandes rasgos, con la previsión de crecimiento de la economía a medio plazo. Con ello, se pretende amoldar la evolución del gasto público al devenir de la economía para no incurrir en situaciones de déficit.

En el caso del ayuntamiento de Madrid, la regla de gasto se viene incumpliendo desde 2015, lo que ha motivado que Hacienda echara por tierra sistemáticamente sus planes económico-financieros desde entonces. El Ejecutivo de Carmena argumenta que sus cuentas están saneadas, con un superávit que supera los 1.000 millones de euros.

Y ese mismo argumento es el que esgrime Unidos Podemos en su proposición de Ley. Considera «cuestionable» referenciar la variación de la regla de gasto a una, «por naturaleza inexacta y volátil, previsión de crecimiento, que provoca que la regla vaya variando con dichas previsiones». Por el contrario, encuentra «más lógico» ligar dicho gasto a las necesidades concretas de la economía y la sociedad a medio y largo plazo. «En concreto, sería necesario asegurar un nivel de gasto que permita una financiación correcta de los servicios públicos fundamentales», añade.

La excepción de los ayuntamientos saneados

Con este preámbulo, el grupo parlamentario considera «desproporcionado» que los ayuntamientos, que han venido cuadrando las cuentas del déficit de las administraciones año tras año, tengan que plegarse a una regla tan estricta reduciendo sus posibilidades de gasto social.

Por ello, propone eximir de su cumplimiento a aquellas que corporaciones locales que tengan equilibrio presupuestario o superávit, una deuda inferior al 110% del PIB y que mantengan un periodo medio de pago por debajo de los 30 días.

Pues bien, en el caso de Madrid, el consistorio tiene un superávit milmillonario, una deuda de unos 3.500 millones de euros, tras un descenso de 1.000 millones respecto al año pasado, y su periodo medio de pago a proveedores ronda los 15 días.

Por su parte, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha recordado este lunes que ya hay constituido un grupo de trabajo para analizar el «presente y futuro» de la regla de gasto y atender las «reflexiones» de las entidades locales sobre dicha regla, que es «comunitaria» y «hay que cumplirla».