Las federaciones de servicios públicos de CCOO y UGT han convocado movilizaciones el 24 de noviembre y el 14 de diciembre para empujar al Gobierno a sellar un acuerdo sobre salarios y empleo público de cara a 2018 antes de que acabe el año, con o sin unos Presupuestos acordados. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda no lo ven posible sin tener al menos un atisbo de acuerdo sobre las cuentas del próximo año, un marco claro de cuáles serán los ingresos y los gastos previstos del Estado.

Entre tanto, las negociaciones de este perímetro presupuestario dependen en gran parte de lo que ocurra en las elecciones del próximo 21 de diciembre en Cataluña. Por eso, desde el Gobierno afirman que “no hay tiempo”.

De esta forma, los empleados públicos vuelven a ser directos damnificados un año más del retraso en los Presupuestos del Estado, como ya ocurrió con los de 2017. Y corren además el riesgo de que sus sueldos queden congelados hasta que no haya un entendimiento entre el Gobierno y una porción suficiente de la oposición para poder aprobar los Presupuestos para 2018, aunque sea en los primeros meses de ese mismo año.

Los funcionarios corren el riesgo de ver congelado su salario hasta que no haya nuevos Presupuestos

Así lo dejó claro el Ejecutivo en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas a mediados del pasado mes de octubre cuando se estaba ultimando ya un acuerdo para ampliar la oferta pública de empleo, y para el que prácticamente solo faltaba poner cifras a las subidas retributivas para el año siguiente.

En este sentido, el anuncio de que el Gobierno daba por hecho que no sería posible sacar adelante un nuevo Presupuesto con la ayuda del PNV en plena crisis institucional en Cataluña fue un jarro de agua fría para los sindicatos de la función pública.

No obstante, los sindicatos no solo defienden que el Gobierno debería subir los salarios públicos un 1% en  2018 en un escenario de prórroga de los Presupuestos de 2017, ya que esa era la subida prevista para este año. Además, creen que el Ejecutivo puede disponer a través de sendos reales decretos tanto la nueva subida retributiva como la próxima oferta de empleo público al margen de la tramitación de los Presupuestos.

Ahora que parecen calmarse las aguas políticas, el Ministerio de Hacienda ha dado el paso para reunirse este miércoles con las centrales sindicales. Sin embargo, salvo CSI-F, que habla de una reanudación de las negociaciones, ni CCOO ni UGT confían en que estas se produzcan. Creen, por el contrario, que se tratará de una reunión de trámite y temen que el Gobierno se escude en el problema catalán para no avanzar en las negociaciones o para enfriar los avances alcanzados hasta la fecha. De hecho, el Ejecutivo ha revisado a la baja la previsión de crecimiento para el próximo año por el efecto del desafío independentista.

En primer lugar porque Hacienda no ha comunicado un orden del día detallado como ha hecho en ocasiones anteriores y porque, según han asegurado fuentes sindicales, se ha ceñido el encuentro a un representante por sindicato, en lugar de más de uno, como suele ocurrir en las fases de negociación.

En este sentido, fuentes de Hacienda advierten que sin entrar en si los acuerdos que se acariciaban hace un mes siguen vigentes, insisten en que no es posible sellar un pacto sin contar con un nuevo Presupuesto, en la línea con lo trasladado a Bruselas.

Movilizaciones para meter presión al Gobierno

Ante esta falta de expectativas, CCOO y UGT han anunciado la convocatoria de movilizaciones bajo el lema ‘Ahora: salarios, empleo público y derechos’, que comenzarán el próximo 24 de noviembre con concentraciones de delegados sindicales en todas las capitales de provincia frente a delegaciones del Gobierno y que continuarán el próximo 14 de diciembre con una concentración en Madrid frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Los sindicatos defienden que “sin Presupuestos también hay salarios”

Durante la presentación de estas protestas, el responsable del Área Pública de CCOO, Pepe Fernández, criticó la “actitud rácana” del Gobierno, mientras que su homólogo en UGT, Julio Lacuerda, aseguró que “el tener dificultades para alcanzar una mayoría parlamentaria no es excusa” para no subir los salarios públicos. “Sin Presupuestos también hay salarios”, resumió. Ambos representantes sindicales avisan de que ya se preparan para intensificar estas presiones en enero, tras el 21-D, si es necesario.

Los acuerdos pendientes

Antes de que se interrumpieran las negociaciones, el Gobierno y los sindicatos daban cerrado, por ejemplo, un acuerdo para extender a toda la administración el pacto alcanzado en marzo para reducir la temporalidad y la interinidad al 8% en el sector público.

Pero no solo eso. El Ejecutivo había propuesto hasta entonces una subida salarial del 8% en tres años, que, entonces, resultaba insuficiente para los sindicatos. Y es que sostienen que el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos desde 2010 ha sido del 13%. CSI-F eleva esta cifra incluso hasta el 20%.