El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha registrado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para que investigue si el viaje realizado por unos 200 alcaldes independentistas a Bruselas para apoyar a Carles Pugdemont se financió con dinero público.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, el secretario de Estado argumenta que, de acuerdo con las informaciones de diversos medios de comunicación -entre los que cita a El Mundo y a El Independiente– hay indicios que apuntan a que los alcaldes no sufragaron el viaje de su propio bolsillo, sino con cargo a al erario público.

En este sentido, Hacienda se hace eco de que el viaje podría haber tenido un coste de entre 70.000 y 75.000 euros, solo en lo que tiene que ver con el alquiler del vuelo charter contratado a la compañía European Aviation. Además, se refiere a un posible coste de 200 euros por persona y a la necesidad de esclarecer la factura del alquiler del local del Centro Cultural BOZAR de Bruselas o los gastos de manutención.

«Por los hechos relatados existen fundados argumentos que permiten apreciar indiciariamente que en todo o en parte los gastos derivados del viaje en avión, transporte en la ciudad de Bruselas, manutención y alquiler del local para la celebración de la reunión en apoyo a los ex miembros del Gobierno de Cataluña en Bruselas no han sido sufragados por medios privados, sino en todo o en parten han podido emplearse fondos de carácter público», señala el texto.

De ser así, Hacienda considera que el empleo de estos fondos para una finalidad distinta para la prevista legalmente podría suponer la existencia de una eventual «responsabilidad contable».

Llamadas a declarar y peticiones de información

A partir de ahí, el secretario de Estado de Hacienda considera que deben ser enjuiciados todos aquellos que participaron «de forma determinante en decisiones de gasto o de gestión de fondos públicos».

Por ello, Hacienda pide que se tome declaración a la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, para que aporte el listado de todos los alcaldes que realizaron la visita y sus eventuales acompañantes; y también el conjunto de actuaciones organizadas y su coste, en tanto que la iniciativa partió, según señala, de esta organización y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). En este sentido, también pide que declare el alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, también presidente de la ACM, con el mismo fin.

En tercer lugar, el Gobierno quiere que el Tribunal de Cuentas llame a declarar a la alcaldesa de La Garriga, Meritxell Budó, para que indique los gastos imputados al erario público en concepto del viaje. Pero, en último término, la denuncia señala que «se entendería necesario tomar declaración y requerir información al resto de alcaldes que hubieran participado en la reunión celebrada en Bruselas», una vez identificados.

Las peticiones no acaban ahí. El Ministerio de Hacienda también quiere que aporten su testimonio los europarlamentarios Ramón Tremosa (PDeCAT), Josep Maria Terricabras (ERC) y Jordi Solé (ERC), para que aclaren el origen de los fondos con los que se reservó el local donde se celebró la reunión.

También se pide en el escrito que se requiera información a la compañía European Aviation en relación al vuelo fletado y su coste, así como el de servicios adicionales contratados.

Por último, el departamento que dirige Cristóbal Montoro insta a indentificar a los responsables de los daños causados al erario público autonómico «o incluso estatal», tanto de los responsables del manejo directo de los fondos públicos como de aquéllos con capacidad de decisión sobre los mismos, y a reclamarles la responsabilidad contable procedente.