El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido los créditos acordados por el Ayuntamiento de Madrid en su Presupuesto para 2017, con lo que pretendía compensar la inmovilización de 238 millones que tuvo que realizar por exigencia del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, en la práctica esta decisión tendrá escaso recorrido, según aseguran fuentes del consistorio que dirige Manuel Carmena.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Admnistrativo del TSJM acuerda en un auto la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado en su recurso, en representación de la Delegación del Gobierno, y suspende la ejecutividad de los acuerdos.

Madrid incumplió en 2016 la regla de gasto más de 230 millones, por lo que estaba obligado por la ley de estabilidad presupuestaria a aprobar un plan económico financiero (PEF) para mostrar su solvencia e introducir medidas de reducción del gasto. El Gobierno de Manuela Carmena, con el apoyo del PSOE, aprobó un PEF que, en lugar de proponer recortes, planteaba al Gobierno una interpretación alternativa de la regla de gasto y las normas de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no estuvo conforme y lo recurrió.

A causa de las exigencias de Hacienda, el Ayuntamiento de Madrid se vio obligado a inmovilizar 238 millones de euros de su presupuesto por incumplir la regla de gasto en 2016, operación que culminó el pasado 31 de mayo. Sin embargo, para seguir adelante con los proyectos y las actuaciones consignadas en el Presupuesto, el Consistorio concedió tres créditos extraordinarios por un importe total de 104.629.598 euros con fecha de 26 de abril de 2017, y otro de 133.697.941 euros, con fecha de 31 de mayo también de 2017, que computaban como inversiones financieramente sostenibles, que son las que a priori permitía la regla de gasto dentro de la Ley de Estabilidad.

Sin embargo, los magistrados han acordado su suspensión cautelar, al entender que de ejecutarse los acuerdos impugnados quedaría comprometida la eficacia de la sentencia y el recurso perdería su finalidad.

Además, la Sala aprecia como prevalentes en el caso presente los intereses generales representados por la Administración del Estado, ya que la garantía de la estabilidad presupuestaria es una de las claves de la política económica y responde a un mandato constitucional y tiene como objetivos garantizar la sostenibilidad financiera de todas las administraciones públicas.

Muchos proyectos ya se han ejecutado

El Consistorio ya elevó también al TSJM un recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones del Ministerio, alegando «indefensión jurídica». Ahora, el Ayuntamiento también va a recurrir para intentar levantar estas medidas cautelares, aunque indica que los proyectos finalizados y en curso no se pueden anular con carácter retroactivo.

Respecto a los que aún no se han iniciado con cargo a esos créditos, aseguran las mismas fuentes que el Ayuntamiento prevé presentar, en el caso de que no se revoquen las medidas cautelares, una serie de alternativas para que el Presupuesto se siga ejecutando, amparándose en la Ley de Enjuiciamiento Civil.