El Ayuntamiento de Madrid ha comunicado al Ministerio de Hacienda que acatará la fiscalización de sus cuentas en cumplimiento de la interpretación que el Gobierno hace de la regla de gasto, aunque no por ello dejará de recurrirla por la vía contencioso-administrativa. Mientras tanto, el consistorio que dirige Manuela Carmena ha decidido retener créditos por valor de 173,5 millones de euros en 1.206 partidas presupuestarias de 2017, el equivalente al 3,3%.

De acuerdo con las cuentas del Ayuntamiento, el Plan Económico-Financiero (PEF) presentado en abril incluyó una primera congelación presupuestaria de 238 millones de euros. Con posterioridad, ante la obligación del presentar un nuevo PEF en octubre, el consistorio incluyó una nueva retención de 127 millones de euros. Sin embargo, un supuesto cambio en la interpretación de la regla de gasto por parte de Hacienda llevó a tumbar también este PEF y a pedir otros 238 millones adicionales.

Ahora, el Ayuntamiento asume una nueva reformulación del PEF que incluye de nuevo esos 127 millones de euros rechazados por Hacienda y además suma otros 45,8 millones de euros de los capítulos 2 y 6 del Presupuesto de gastos. Sin embargo, siempre de acuerdo con los cálculos del Ayuntamiento, faltarían casi 200 millones a bloquear antes de final de año.

Con todo, el Ayuntamiento asegura que están garantizadas todas las subvenciones, ayudas y servicios sociales municipales para los titulares actuales y potenciales de los mismos. En la práctica, los diferentes departamentos han ‘cedido’ parte de sus compromisos de gasto que, en algunos casos, no estaba previsto agotar. El Ayuntamiento habla de bajas de adjudicación en las licitaciones, que ascienden a más de 8 millones, retrasos en la realización de proyectos o programas, o presupuesto inicial suficientemente dotado.

Es el caso por ejemplo de una ayuda para aquellas personas con dificultades para pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El Ayuntamiento remitió 44.000 cartas a potenciales beneficiarios, a las que contestaron 4.100 personas. Finalmente, solo 1.800 personas reunían las condiciones necesarias para cobrar la ayuda. Pues bien, el coste final de esta iniciativa será menor de lo previsto, de modo que el remanente quedará ahora congelado.

Por otro lado, en el caso de los gastos de personal, se ha procedido a una retención de 17 millones procedente de plazas no cubiertas, mientras que en lo que afecta a proyectos e inversiones comprometidas, en el Ayuntamiento aseguran que solo se podrían ver aplazadas «unos meses».

El delegado de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha explicado en rueda de prensa que se ha optado en un primer momento por adoptar esta decisión contable para someterla a votación bajo el formato de acuerdo de no disponibilidad de gasto en el Pleno de la Corporación de finales de este mes.

Carmena: «Hemos cumplido y cumpliremos»

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado en la rueda de prensa que su consistorio «ha cumplido y cumplirá». El problema, ha dicho, es una diferencia de interpretaciones entre Madrid y Hacienda en la aplicación de la regla de gasto. Más aún, cuando, ha asegurado, el Ministerio cambió de criterio en el mes de octubre.

Ese supuesto viraje es el que Carmena llevará a los tribunales. «Es nuestro deber con todos los ayuntamientos», ha dicho, en referencia a las presiones que desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se están ejerciendo para que el Gobierno permita que las entidades locales saneadas puedan disponer de sus superávit.