El Ministerio de Empleo recibirá este miércoles a la patronal CEOE-Cepyme y a los sindicatos CCOO y UGT para reanudar los trabajos de la mesa del diálogo social relativa a la calidad en el empleo, en la que se va a dirimir una nueva reforma laboral en toda regla. Desde una posible simplificación de contratos –indefinido, por necesidad temporal y formativo–, con la creación de uno temporal con indemnización creciente, hasta medidas para fomentar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Todo ello para garantizar que, ahora que el empleo avanza con paso firme, lo haga también en mejores condiciones.

En esta cruzada contra la temporalidad, fuentes de Empleo han informado de que la reunión tratará, sobre todo, las propuestas planteadas por Empleo en materia de contratación. Es decir, que los agentes sociales expondrán sus aportaciones al documento remitido previamente por el Gobierno para, a partir de ahí, negociar cambios definitivos para los que, al menos desde el departamento que dirige Fátima Báñez, no se ha fijado un límite temporal.

Sin embargo, en este intercambio de pareceres, los sindicatos acuden con una contrapropuesta que echa por tierra el contrato de indemnización creciente y se centra en medidas para tratar de que a los empresarios les salga más caro afrontar las eventuales sanciones por contratar a un trabajador en fraude de ley que incluso despedir a un trabajador indefinido de forma improcedente.

Los sindicatos rechazan el contrato con indemnización creciente de Empleo

A grandes rasgos, la filosofía de la propuesta del departamento que dirige Fátima Báñez pasa por que todo contrato es indefinido mientras que no se demuestre lo contrario. Esto implica que si una empresa quiere hacer un contrato temporal deberá justificar incluso por escrito sus causas. Además, ningún contrato temporal, aunque sea justificado, podrá durar más de dos años con carácter general. En todo caso, podrá durar tres años siempre que haya un pacto entre las partes.

Además, la propuesta de Empleo entra de lleno en el terreno de los incentivos y, por un lado, plantea un contrato temporal con indemnización creciente a partir del primer año, para que al empresario le salga cada vez menos rentable mantener a un trabajador con un contrato de duración determinada en lugar de hacerle fijo; y, por otro, una sistema de ‘bonus-malus’ para premiar, en principio por la vía de las bonificaciones, a las empresas que recurran a los contratos temporales por debajo de la media y penalizar a los que lo hagan por encima.

Concretamente, el Gobierno propone que un contrato temporal con una indemnización de hasta doce días de salario por el año de servicio, como actualmente, pero ascendente a 16 días por el segundo año y veinte días por el tercero. Esto en aquellos casos en los que el contrato temporal sea extrictamente necesario.

Para aquellos contratos que se hayan firmado en fraude de ley, la propuesta del Gobierno indica que se presumirá que todos ellos son indefinidos. Del mismo modo, se considerarán fijos aquellos trabajadores con dos o más contratos temporales dentro de una misma empresa o grupo de empresas, que abarquen al menos 24 meses dentro de un periodo de 36.

Más allá, el Gobierno deja abierta al acuerdo en el marco de la negociación colectiva la posibilidad de determinar las necesidades de temporalidad, cupos de empleos de duración determinada en las empresas o compromisos de conversión de empleos temporales en indefinidos. Fuentes de Empleo indican que también se dejará abierta la opción en la mesa del diálogo social para que patronal y sindicatos pacten los incentivos y desincentivos dentro del sistema de ‘bonus-malus’

Los sindicatos quieren sanciones más duras

En Empleo se trabaja con el convencimiento de que esta partitura suena bien a las partes, a la espera de los detalles. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, los sindicatos acudirán a la reunión de mañana con una contrapropuesta que rechaza el contrato de indemnización creciente y que, más allá del sistema de incentivos, persigue que contratar en precario le salga más caro a las empresas que despedir a un trabajador fijo de forma improcedente, lo que tras la reforma laboral de 2012 equivale a 33 días por año.

Ya había avisado CCOO que era necesario endurecer el régimen de sanciones, pero no había consensuado con UGT hasta dónde.

Las centrales se quejan de que actualmente la sanción judicial por contratar a un trabajador temporal en fraude de ley equivale al coste del despido de un indefinido, que el régimen indemnizatorio es tan pobre que no invita a los afectados a denunciar a las empresas y que la sanción administrativa no supera los 600 euros, no por un contrato, sino por el conjunto de temporales injustificados en una misma empresa.

CCOO y UGT han consensuado una propuesta para endurecer las sanciones por contratos en fraude de ley

Es por ello que los sindicatos harán uso de la invitación de Empleo para debatir con el Gobierno y la patronal y plantearán un endurecimiento de las sanciones y un aumento de las indemnizaciones a las que tienen derecho los trabajadores para que sean más los que denuncian y para que a las empresas les cueste más pagar por un contrato en fraude de ley que por despedir a un fijo.

Para ello plantean, no solo que las sanciones administrativas vayan más allá de esos 600 euros, sino que además se establezcan indemnizaciones crecientes en función del tiempo que el trabajador haya estado trabajando con un contrato temporal o mayores cotizaciones sociales en este tipo de modalidad.

Por su parte, en Empleo defienden que en 2012 ya se endureció este régimen sancionador y se pone en valor que desde ese año la Inspección de Trabajo ha propiciado la conversión de 332.522 contratos temporales en indefinidos.

El problema no es el coste del despido

Por otro lado, los sindicatos insisten en que el coste del despido no es la clave para atajar la temporalidad injustificada, por lo que consideran que tiene aún menos sentido establecer una indemnización creciente.

Uno de los argumentos que sostienen es que los trabajadores en precario que más protección necesitan son aquellos que tienen contratos de duración inferior a un año, para los que la indemnización no varía en la propuesta de Empleo. Para la CEOE, el encarecimiento del coste del despido en estos casos tampoco es una solución.