El 15 de enero de 2018 las nueve autopistas de peaje en concurso de acreedores no serán rescatadas por el Estado, tal y como preveía Fomento. La nacionalización de las carreteras de pago quebradas a través de la empresa pública Seittsa se retrasa sine die hasta que el juez del Juzgado de lo Mercantil Número Seis de Madrid presente el plan de liquidación. Se esperaba que el plan estuviera listo para noviembre, pero éste no ha sido presentado aún, según ha sabido este medio.

Los planes de Fomento, plasmados en el Boletín Oficial del Estado del pasado 25 de agosto, no cumplirán con los plazos previstos: el ministerio que dirige Íñigo de la Serna quería abonar 2.000 millones de euros para rescatar las autopistas (que Ana Pastor en su etapa al frente de Fomento dijo que saldrían «gratis» al contribuyente) y sacarlas posteriormente a concurso para que las exploten y conserven concesionarias privadas; sin embargo y como figura en el BOE, «la celebración de contratos con terceros en ejercicio de las funciones de
conservación y explotación» se haría «según resulte del plan de liquidación».

La nacionalización y posterior relicitación no arrancará en enero, sino a mediados de 2018

El juez todavía no ha entregado el plan, al parecer por algún contratiempo técnico-jurídico relacionado con una de las nueve concesiones de peaje, según las fuentes consultadas. Así que las previsiones más halagüeñas de Fomento, que incluyen un sorprendente beneficio neto de 34,4 millones de euros por la gestión de los nueve peajes, se van ya a la mitad de 2018, más allá de enero. Las nueve autopistas son las radiales de Madrid R-2, R-3, R-4 y R-5, el Eje-Aeropuerto (peaje por entrar en la T-4), la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda, la Circunvalación de Alicante y el peaje Cartagena-Vera.

Estaban explotadas por ocho concesionarias que entraron en concurso de acreedores en cascada a partir de 2012, cuando la caída del tráfico propiciada por la crisis no se correspondía con las previsiones marcadas en la etapa de José María Aznar en el Gobierno (todas fueron diseñadas en aquella época). Erigidas por las grandes constructoras y financiadas por la gran banca internacional, hoy los propietarios son fondos buitre que compraron la deuda a las entidades financieras (Société Générale, ING, etcétera) mediante agresivas quitas a la deuda.

Fomento ofrece 2.000 millones por el rescate; los fondos piden 4.500

Hoy los fondos buitre rechazan los 2.000 millones que les ofrece el Gobierno por la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), una cláusula suscrita en el contrato con el Estado cuando Francisco Álvarez-Cascos era ministro de Fomento. Exigen no menos de 4.500 millones, cantidad que probablemente tendrá que ser fijada por un juez en el futuro.

Dos auditorías

El plan de liquidación del Juzgado de lo Mercantil a continuación será revisada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), siempre de acuerdo con la hoja de ruta ministerial. En estos momentos tienen lugar dos auditorías: una que lleva a cabo la ingeniería pública Ineco para estudiar la viabilidad de las autopistas de peaje rescatadas y otra que aún no realiza nadie porque el concurso quedó recientemente desierto, según publicó Vozpópuli. Se trata la elaboración de la elaboración de las due-dilligence, convocadas por el ministerio hace más de dos meses.