Los fondos buitre acreedores de las nueve autopistas quebradas que el Ministerio de Fomento rescatará el próximo mes de enero prevén reclamar 4.500 millones al Estado por la liquidación de las concesiones de carretera. El ministro De la Serna ya anunció que se relicitarán las nueve autopistas de peaje a partir del 15 de enero, cuando las nueve revertirán a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública.

Los fondos van a reclamar 4.500 millones, que es más del doble de lo que Fomento prevé que tendrá que pagar por la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA). La RPA es lo que el Estado debe pagar por contrato a los actuales concesionarios de las autopistas por las inversiones que realizaron en su construcción, ya que al firmar los acuerdos con las constructoras en la etapa de José María Aznar éstos incluían cláusulas por la que se compensaba a los acreedores en caso de pérdidas.

Litigar durante “miles de millones de años”

Así lo ha declarado al Financial Times Manuel Martínez-Fidalgo, director de Houlihan Lokey, firma representante de algunos de los fondos acreedores de las autopistas, entre ellos King Street, Taconic, Strategic Value Partners y Attestor Capital. “Litigaremos durante miles de millones de años si es necesario para obtener lo que consideramos que nos corresponde”.

A partir de 2012 las nueve autopistas cayeron en concurso de acreedores en cascada. Y la deuda de las autopistas (en manos de la banca extranjera) fue adquirida por fondos buitre a cambio de quitas masivas a la deuda. Poco a poco se han hecho con 3.700 millones de euros de deuda financiera de las autopistas quebradas, la mayoría radiales en la periferia de Madrid (pero no solo).

“Demora intencionada”

Así pues, el siguiente episodio entre Fomento y los fondos probablemente se dirimirá en los tribunales, ya que los segundos buscan maximizar su beneficio a toda costa. Martínez-Fidalgo ha asegurado que las firmas “están preparadas para un largo litigio”, tanto en los tribunales españoles como en instancias internacionales, en caso de que no logren un acuerdo con el Estado español.

Los fondos acreedores de las autopistas también consideran asimismo que el Ejecutivo está “demorando de forma intencionada” la consecución de una solución para las vías de pago, con el fin de retrasar en lo posible el problema que el pago de su liquidación supondrá para las arcas públicas en términos de déficit público.