Las grandes eléctricas y otras 300 empresas amenazan con frenar inversiones por los recortes de Nadal

El Gobierno prepara una nueva ola de recortes a las retribuciones que cobran las eléctricas tanto por sus actividades reguladas en el sector de la luz como en el del gas. El más afectado por los ajustes que planea el Ministerio de Energía es el sector de la electricidad, que concentraría recortes por importe de unos 200 millones de euros anuales a partir de 2019. A los que se sumaría una revisión de las retribuciones de las redes de distribución y de las renovables en 2020, que podría suponer un nuevo ajuste de otros 1.500 millones más.

Ante este escenario, las grandes eléctricas han empezado a moverse y la patronal Unesa -que agrupa a Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP- ha solicitado ya una reunión urgente con el Ministerio de Energía para conocer de primera mano los detalles de esta nueva oleada de tijeretazos a sus ingresos regulados. No obstante, varias fuentes del sector confirman que en las últimas semanas ya había habido contactos directos entre la patronal y el Ministerio.

A la espera de que ese nuevo encuentro se produzca, la asociación de las grandes eléctricas y otras dos organizaciones que agrupan a más de 300 empresas distribuidoras de electricidad (Aseme y Cide) se quejan de que el Gobierno vuelva poner en jaque la estabilidad regulatoria y amenazan con frenar inversiones en sus redes por los recortes de los ingresos y por la incertidumbre de cara al futuro de las mismos.

En principio, la retribución que cobran las compañías por las redes de distribución no tocaba revisarla hasta 2020. Pero el plan del Gobierno es conseguir que el Congreso le habilite para modificar ya algunos de los parámetros, sin esperar al plazo previsto. “Las modificaciones anunciadas se producen de manera inesperada al estar fuera de los periodos regulatorios que establece la citada norma, lo que pone en cuestión la estabilidad jurídica exigible”, se quejan en un comunicado conjunto Unesa, Aseme y Cide.

Las más de 300 compañías advierten de que la transición energética que España debe afrontar en los próximos años y décadas para caminar hacia un futuro 100% renovable exigirá ampliar las redes de distribución existentes. “La incertidumbre generada por los cambios regulatorios no favorece la inversión”, avisan las empresas, que subrayan que sus inversiones en las rede superan los 1.100 millones de euros anuales.

Hachazo de 170 millones a las redes de distribución

Los recortes que prepara el Ejecutivo golpea muy directamente a las redes de distribución eléctrica. El Ministerio de Energía quiere revisar la compensación que reciben las eléctricas por tardar dos años en empezar a ser retribuidas por sus redes de distribución y de transporte (equivalente a un tipo de interés del 10% en ese bienio), y pasar a fijar un índice financiero ligado al nivel real de tipos. Con esta medida, el Ejecutivo calcula que el sistema se ahorraría más de 100 millones de euros al año. Asimismo, el Gobierno propone rebajar la retribución a determinados activos de las grandes eléctricas (recortándoles unos 70 millones) y otros de Red Eléctrica (entre 15 y 20 millones más).

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, reclama el apoyo del resto de grupos parlamentarios a estas medidas y otros recortes adicionales para conseguir reducir los costes del sistema energético y con ello conseguir abaratar su funcionamiento. Reclama su apoyo, y con rapidez. “Cada día que pasa hacemos perder dinero a los consumidores”, sentenció Nadal esta semana en la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados.

Y en 2020, más recortes

El Gobierno busca apoyos para aplicar estos ajustes con carácter inmediato, pero el ministro ha confirmado que sus planes pasan por dejar que se produzca en 2020 la revisión automática que marca la ley para la retribución de las eléctricas por sus redes de distribución y para los incentivos de rentabilidad razonable de las renovables. Con esa revisión automática, el Ministerio de Energía, según ha desvelado Nadal, augura que el recorte de estas retribuciones rondaría los 1.500 millones de euros.

El Gobierno fijó en 2013 con la reforma energética la rentabilidad de las renovables y de lo que cobran las eléctricas por sus redes de distribución ligándola a los bonos del Estado. En ambos casos la rentabilidad se estableció por seis años, hasta el 31 de diciembre de 2019. En el caso de los proyectos renovables era el rendimiento del bono español a 10 años más un diferencial de 300 puntos básicos y de 200 puntos básicos para las redes eléctricas.

En un par de años la rentabilidad se revisará, y va a ser a la baja. Los planes del Gobierno pasan por no tocar ese diferencial, así que como actualmente el rendimiento del bono es muy inferior al que había en 2013, cuando toque revisar la rentabilidad para otros seis años la retribución que reciben las compañías por sus renovables y por sus redes sufrirá un zarpazo de 1.500 millones.