Un círculo a punto de cerrarse. Esa podría ser la representación gráfica del efecto macroeconómico que podrían ocasionar en el corto, medio y largo plazo las reformas de las pensiones de 2011, durante el anterior Gobierno socialista, y de 2013, ya con el PP en el Palacio de la Moncloa.

Porque si la destrucción de empleo y la pérdida de cotizantes a la Seguridad Social durante la crisis está detrás de las tensiones que hoy vive el sistema de pensiones y también de dichas reformas (además del evidente envejecimiento de la población), ese mismo retroceso, aunque menos feroz, puede ser también la consecuencia del deterioro del poder adquisitivo al que se verán abocados los futuros jubilados por efecto de estas mismas reformas.

Menos empleo ha llevado a peores pensiones y, de esa forma, puede derivar en menos consumo, menos economía y menos empleo. Nada menos que 330.220 empleos menos de los que cabría esperar al año hasta 2035.

Se trata solo de un ejercicio teórico, pero muy cargado de lógica, que se incluye en el informe ‘Soluciones para la jubilación. Naturaleza, ventajas, defensa y fomento de las rentas vitalicias en España’, elaborado por AFI bajo la batuta del economista José Antonio Herce.

El estudio parte de la evidencia, que ya pocos discuten, de que el efecto conjunto de las reformas de pensiones de 2011 y 2013 será una caída del poder adquisitivo de las pensiones durante las próximas décadas. Hasta de 350 euros mensuales para aquellos que se jubilen ahora.

De hecho, la razón de las modificaciones introducidas en 2011, más centradas en los parámetros de cálculo de las pensiones –elevación de la edad de jubilación hasta los 67 años, por ejemplo– y, sobre todo, en 2013, con la introducción del ya en marcha índice de revalorización, era contener el gasto del sistema de pensiones. Y, de hecho, el Gobierno ya ha cuantificado este ahorro para el Estado en 200 euros por jubilado en el último año.

Pero aún queda la aplicación del Factor de Sostenibilidad a partir del 1 de enero. Mientras que el índice de revalorización ha limitado la subida anual de las pensiones al 0,25% desde 2013, este factor, que tendrá en cuenta elementos a futuro como la esperanza de vida, amenaza con suponer una importante merma para las nuevas pensiones que entren en el sistema.

Según el informe, la tasa de sustitución de estas pensiones, que hace referencia a la equivalencia de la primera pensión sobre el último salario, se precipitará del 81% actual al 63,2% en 2035. Por ello, habrá pérdidas de poder adquisitivo que rozarán el 30% por el efecto combinado de estos cambios.

Menos pensión, menos economía

En un ejercicio poco usual, el informe alerta de que “entre el plano individual y el plano macroeconómico, los efectos pueden ser relevantes, pues el consumo de los jubilados es una parte muy importante del consumo privado”. “Cientos de miles de empleos podrían perderse de manera permanente como consecuencia del impacto agregado de la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones públicas”, precisa el estudio.

La razón radica en la conexión del poder adquisitivo de los pensionistas con su capacidad de consumo y ésta con la economía en general. Así, durante los años más duros de la crisis, las pensiones –que se revalorizaban con el IPC, sin entrar a valorar su idoneidad o no– mantuvieron un poder adquisitivo que les permitió ser el sustento de muchos hogares azotados por el paro.

Sin embargo, en el contexto que se prevé a futuro, AFI cree que el consumo total de los hogares españoles se verá “seriamente afectado” y, con él, el PIB, ya que el consumo privado viene a representar alrededor del 60% del mismo.

Esto, de no compensarse con ahorro privado o con nuevas reformas que permitan mantener el poder adquisitivo de las pensiones, tendría un impacto de 46.000 millones de euros en el año 2035 y de 754.700 empleos menos sobre los que cabría esperar ese año. En una estimación anual de este efecto, el resultado sería de 20.100 millones de euros en términos de valor añadido bruto (VAB), un 1,5% del PIB anual de media al año, que dejaría de percibirse.

Y la consecuencia inmediata de este efecto se observaría sobre el empleo: hasta 330.200 puestos de trabajo que, de media, no se cubrirán frente a las perspectivas iniciales, por la reducción de la actividad económica derivada de las menores rentas de los jubilados.

Se trata de un ejercicio teórico, pero de una efecto lógico desde el punto de vista de la teoría macroeconómica que el Gobierno, de forma directa o indirecta, trata de conjurar con medidas como los recientes cambios normativos para fomentar el ahorro privado.