El ahorro en pensiones que las últimas reformas del sistema público está suponiendo para la Seguridad Social ya se puede cuantificar. Lo hace el propio Gobierno en el Plan Presupuestario de 2018 remitido a Bruselas este lunes, en el que se detalla el impacto económico de las medidas adoptadas hasta la fecha para frenar el déficit público y equilibrar las cuentas, con efectos en 2017 y 2018. En el caso de las pensiones, el documento precisa que las reformas emprendidas entre 2011 y 2013 supondrán solo este año un menor gasto de 1.200 millones de euros.

El Ejecutivo detalla que este ahorro proviene de la aplicación de las Leyes 27/2011, de reforma de la Seguridad Social, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; el Real Decreto Ley 5/2013, que endurece las condiciones de acceso a la jubilación anticipada; y la Ley 23/2013, reguladora del factor de fostenibilidad y del índice de revalorización, estas dos últimas normas ya bajo el mandato de Mariano Rajoy.

Como se detalla en el Plan, estas reformas inciden fundamentalmente en las pensiones de jubilación, y de forma marginal en otros aspectos del sistema público.

La pensión media mensual de los jubilados supera ligeramente los 1.000 euros

Los datos del mes de septiembre muestran que en España hay actualmente 5.845.842 pensiones de jubilación, con una pensión media de 1.066,8 millones de euros. A partir de este dato se puede extraer que el ahorro previsto equivale a un esfuerzo de unos 205 euros por cada una de estas pensiones al año. Si se prorratea esta cantidad al mes la cifra es de unos 15 euros.

A simple vista puede parecer una cantidad muy limitada. Sin embargo, es preciso tener en cuenta, primero, que esta cantidad se refiere solo al año en curso, pues no aparece consignada ninguna cantidad en 2018. Además, de las cuatro reformas a las que alude el Plan Presupuestario, hay dos que no se han implementado por completo y que desplegarán sus efectos con plenitud a partir de 2019. Así pues, las cifras consignadas solo dan una idea de la merma de ingresos que puede suponer para los pensionistas la aplicación de las últimas reformas, sobre la que incluso el Banco de España se ha manifestado.

Además, el Gobierno cuenta con 300 millones de euros extra este año, en este caso por el canal de ingresos, por el impacto que tendrá la elevación de la bases máximas de cotización a la Seguridad Social en un 3% este año.

Los cuatro ‘jinetes’

Por orden, el Gobierno tiene en cuenta para estimar este ahorro la reforma de las pensiones de 2011, en la que se introdujo una elevación progresiva de la edad de jubilación ordinaria, desde los 65 a los 67 años, en un horizonte hasta 15 años, a razón de un mes por año durante los seis primeros y de dos, en los nueve últimos. Además, la norma exigía más años de cotización para poder jubilarse elevaba de 20 a 22 años el número de años cotizados para poder acceder al 100% de la prestación.

También el Real Decreto Ley 5/2013, un refuerzo a la reforma de 2011 para tratar de alargar la vida laboral de los trabajadores, endureciendo el acceso a la jubilación anticipada y parcial, para aligerar la carga de gasto de la Seguridad Social. Para ello, incrementaba los coeficientes reductores en caso de la anticipación en el acceso a la pensión. Además, esta norma incluía la posibilidad de jubilarse y seguir cobrando el 50% de la pensión, proporción que el actual Gobierno quiere ampliar al 100%.

Sin embargo, en este caso, la norma incluía una disposición transitoria en virtud de la cuál se podría seguir aplicando la regulación de la pensión de jubilación “en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley”, esto es, según la reforma del PSOE. Solo se limitaba esta posibilidad a los jubilados que se acogieran a la modalidad anticipada y causaran ese derecho antes de 1 de enero de 2019, dentro de una serie de supuestos. Como resultado, la gran mayoría de las jubilaciones anticipadas siguen sin aplicar esta normativa, con lo que el ahorro de la Seguridad Social por esta vía aún es limitado.

Por último, la reforma de las pensiones de 2013 introdujo el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad. El primero es una fórmula por la que se establece la subida anual de las pensiones en virtud de la situación financiera del sistema en cada momento, del número de pensiones a pagar o de la evolución de la pensión media. Establece un suelo del 0,25% y un máximo del IPC más un 0,5%. Dada la mala situación de las cuentas de la Seguridad Social, desde su puesta en marcha en 2013, las subidas desde entonces han sido siempre del 0,25%, lo que ha supuesto en los últimos ejercicios pérdidas de poder adquisitivo respecto al IPC del año. La previsión es que esta sea la tónica en los próximos años.

Por su parte, el factor de sostenibilidad es un mecanismo que introduce una nueva variable: la esperanza de vida. Al ser un indicador que previsiblemente irá en aumento, la aplicación de este factor devendrá en una contención adicional de las pensiones para hacer viable el sistema en pleno envejecimiento de la población. Este mecanismo empezará a aplicarse en 2019 si nada lo impide, porque parte del arco parlamentario, con el PSOE a la cabeza, está demandando que se elimine este factor y se busquen soluciones alternativas. Los socialistas insisten en volver a vincular las pensiones con el IPC.

El Pacto de Toledo está bloqueado

Estas cuestiones, de hecho, está ralentizando los trabajos en el seno del Pacto de Toledo, puesto que el PP rechaza retocar este aspecto de su reforma de las pensiones. Con ERC y PDeCAT más pendientes de los acontecimientos en Cataluña, están proliferando iniciativas parlamentarias para tratar de mejorar los ingresos de determinados colectivos de pensionistas.

PSOE y PP mantienen un pulso por volver a vincular las pensiones al IPC

La última ha sido la proposición de Ley presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados para elevar la cuantía de la pensión de viudedad de aquellas personas mayores de 65 años que no tengan derecho a otra pensión pública, no perciban ingresos por trabajos realizados por cuenta ajena o propia, ni tampoco rendimientos o rentas superiores a la propia prestación.

Podemos también se ha mostrado a favor de elevar el gasto en pensiones, en alrededor de 2.500 millones de euros al año, dentro de un presupuesto alternativo para el Estado. Fuentes de Ciudadanos indican que pueden estudiarse modificaciones de las reformas, siempre que no se comprometa la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social.