Que el Congreso de los Diputados apruebe una Ley para que las empresas den más información sobre lo que cobran los hombres y las mujeres es cuestión de tiempo. El Gobierno, PSOE y Podemos han presentado en cuestión de tres meses sendas propuestas legislativas para reducir la brecha salarial por razón de género, principalmente en el sector privado. Se trata de tres soluciones para un mismo problema. Lo sorprendente es que, mientras que no coinciden a la hora de ponerle cifras a esta injusticia, en cambio, sus propuestas son, en muchos casos, también calcadas.

Por su parte, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos está «trabajando en una iniciativa en la que se incluirá este asunto», pero de la que aún no han informado, concretan desde la formación naranja.

La razón de tanta coincidencia se debe, en gran parte, a que todos estos documentos toman como punto de partida directivas europeas que hace tiempo deberían haberse aplicado al menos en parte y que vienen a introducir o reforzar la legislación española preexistente. No hay que olvidar que la Constitución española ya incluye el mandato de la no discriminación por razón de género.

Sin embargo, todo confluye en el tiempo, como en una carrera, en la antesala además de la huelga convocada por los sindicatos CCOO y UGT para el 8 de marzo coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

Por lo demás, esta confluencia de propuestas da la medida de la división existente en el Parlamento, que igual complica el poder completar una legislatura, como le está sucediendo al actual Gobierno ante el bloqueo de los Presupuestos para 2018, como invita a pensar en una mayor alternancia de fuerzas políticas en el Gobierno para la que todas toman posiciones.

Lugares para el consenso

Por ahora, el Ejecutivo ha presentado su propuesta a los agentes sociales en la mesa para la calidad en el empleo, mientras que Podemos ha presentado una Proposición de Ley que ya ha sido admitida a trámite en el Congreso y el PSOE ha hecho lo propio, pero está a la espera que de que la cámara baja debata su iniciativa.

¿Qué tienen en común estas propuestas? En primer lugar la necesidad de cerrar la conocida como brecha salarial. El Gobierno se remite a Eurostat para cifrar esta distancia en un 15% a favor de los hombres, mientras que el PSOE, que también toma como fuente a la oficina estadística europea, habla de un 16,3% en términos de salario bruto por hora. Podemos, tomando la misma referencia, da una cifra del 17,3%.

Todas las fuentes constatan que los hombres cobran al menos un 15% más que las mujeres

Sea como fuere, otras fuentes señalan que esta brecha alcanza el 23% en el caso del personal directivo en las empresas, mientras que se reduce al 8% en actividades más feminizadas, como el comercio o los servicios o en los empleos a tiempo parcial. Asimismo, el problema se agranda en los tramos de edad de los 55 a los 64 años (21,1%) y se reduce por debajo de los 25 años (5,7%).

A partir de ahí, aunque el principio de igualdad retributiva se encuentra integrado en los tratados fundacionales de la UE, unos y otros se remiten a la directiva europea 2006/54 y a la recomendación de la Comisión Europea de 7 de marzo de 2014, que reman a favor de reconocer la igualdad de hombres y mujeres en términos retributivos y, especialmente la última, de su derecho a conocer con transparencia las tablas salariales según las funciones y por géneros dentro de las empresas y administraciones.

Pero antes, la Comisión Europea insta a determinar un concepto clave, el de trabajo «de igual valor», ya que sin partir de una definición de lo que es comparable y lo que no a nivel de desempeño dentro de una empresa poco se puede hacer para detectar posibles discriminaciones.

En este punto, Gobierno, PSOE y Podemos incluyen en sus propuestas esta llamada a consensuar el criterio de partida. Pero no acaban ahí las coincidencias. Todos ellos se centran en la necesidad de que las empresas hagan pública toda la información salarial desglosada en términos medios por géneros para que los trabajadores y sus representantes puedan denunciar en su caso situaciones de discriminación.

Todas las propuestas obligan a las empresas a dar más información

El PSOE considera que se trata de un derecho individual, pero además recuerda que la directiva 2006/54 llama a la obligación de las empresas de suministrar anualmente información a los representantes sindicales en las empresas de más de 50 trabajadores. Los socialistas van más allá y extiende esta obligación a todas las empresas que tengan representación de los trabajadores, como es el caso de microempresas y las pequeñas compañías.

Podemos también se refiere a esta obligación con arreglo a la recomendación de 7 de marzo de 2014, pero en este caso no circunscribe la obligación solo a la existencia de un comité de empresa (obligatorio a partir de los 50 trabajadores), sino a las empresas que tengan al menos un delegado de personal.

Al respecto, la propuesta del Gobierno es más somera y, mientras que asume el derecho individual de los trabajadores a reclamar información sobre tablas salariales a su empresa desglosadas por género, insta a las empresas a informar a los representantes legales de los trabajadores, con una periodicidad al menos anual, sobre las retribuciones de los grupos profesionales, categorías y puestos de trabajo.

Auditoria salarial para las grandes empresas

Otro punto de coincidencia se refiere a lo que se conoce en los tres documentos como una auditoría salarial. Las directivas europeas llaman a realizar una de estas revisiones específicas en las empresas de más de 250 trabajadores para detectar incumplimientos en las obligaciones de informar sobre tablas retributivas o directamente casos de discriminación.

En la iniciativa del Gobierno se hace referencia a la Ley de Igualdad de 2007. Dicha norma obligó a las empresas de más de 250 trabajadores a elaborar planes de igualdad, entendidos como medidas para alcanzar un trato no discriminatorio dentro de las empresas, pero no establecía la necesidad de incluir demasiados detalles.

En este sentido, el Gobierno incluye entre sus propuestas la modificación de esta norma para incluir la realización de auditorías salariales en las empresas de más de 250 trabajadores, a modo de evaluación para poder después introducir mejoras y  modificaciones en las medidas adoptadas en marco del plan de igualdad.

Las empresas deberán someterse a auditorías salariales

PSOE y Podemos también toman este camino. Los socialistas precisan que estas auditorias son un paso adicional en la transparencia salarial, que obliga no solo a registrar y suministrar información, sino también a analizarla para desvelar si se incurre en alguna discriminación salarial, directa o indirecta. Dicho esto, señala que parece razonable regularlas mediante la obligación de su inclusión en los planes de igualdad a los que están obligadas las empresas de más de 250 trabajadores. Esta es también la opción de Podemos.

Por lo demás, PSOE y Podemos difieren ligeramente del porcentaje que puede considerarse brecha salarial discriminatoria –el PSOE habla de una diferencia de un 25% o superior, mientras que Podemos pone el límite en el 20%–, pero vuelven a coincidir en la necesidad de extender la transparencia en cuestiones salariales en las Administraciones Públicas o de proteger también a los trabajadores a tiempo parcial.

Algunas especificidades

Con todo, ambas formaciones, que son las que más han concretado sus propuestas hasta ahora, ponen sobre la mesa algunas soluciones específicas y diferenciadoras. Por ejemplo, el PSOE se adentra en el terreno de las sanciones. Así, tipifica como posible infracción grave un incumplimiento del deber de información como no contar con un libro de registro con toda la información salarial a disposición de los trabajadores, o no cumplir con el deber de auditoría. En este caso prevé sanciones que van desde el 0,11% al 0,70% de su masa salarial.

Para infracciones muy graves, cuando se llegue incluso a no elaborar o aplicar planes de igualdad, las empresas podrían llegar a pagar entre un 0,71%  el 1,30% de su masa salarial.

En el caso de Podemos, se lleva la obligación de retribuir por igual a hombres y mujeres en el seno de las empresas hasta las subcontratas, puesto que las empresas multiservicios están altamente feminizadas. También plantean cuotas de mujeres en los comités de empresa, para generar una sensibilidad hacia la igualdad desde los ámbitos negociadores o la necesidad de vigilar los casos de discriminación en los permisos de reducción de jornada por maternidad.

Desde el PSOE no adelantan si se sumarán vía enmiendas al texto de Podemos. Los socialistas esperan aún sacar adelante su propia iniciativa. Sin embargo, el PP que ha presentado una propuesta similar a los agentes sociales Gobierno mediante, votó en contra de la Proposición no de Ley de Podemos. Sigue la carrera por apadrinar la sutura a la brecha salarial por razón de sexo.