La reunión de este jueves entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos de la función pública ha sido productiva. Así al menos lo aseguran los representantes de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, que han salido del encuentro asegurando que hay un acuerdo prácticamente cerrado para extender el pacto para convertir hasta 300.000 plazas temporales y de interinos a todos los ámbitos de la Administración General del Estado (AGE) y para aprobar una Oferta de Empleo Público que por primera vez en la crisis dará lugar a una generación neta de plazas.

Por su parte, fuentes de CSI-F no quiere hablar aún de avances. Desde su posición, mientras no haya plasmación «por escrito» de los acuerdos no quieren generar «falsas expectativas». Señalan que siguen sobre la mesa reivindicaciones como la creación de empleo neto, la recuperación de la jornada de 35 horas o del poder adquisitivo perdido durante la crisis.

Se trata de las cuestiones que más maduras estaban en el mes de octubre, cuando el desafío independentista echó por tierra las negociaciones de los Presupuestos para 2018. El Gobierno ya se comprometió entonces a abrir aún más la mano para que el acuerdo suscrito en el mes de marzo, por el que el 90% de las plazas temporales fundamentalmente en la sanidad, educación, justicia, servicios sociales o policía local pasarán a ser indefinidas, se extienda al resto de las administraciones y empresas pública, sin excepción. El resultado final será que la tasa de temporalidad no superará el 8% en todo el Estado en un horizonte entre 2018 y 2020.

Esto no quiere decir que los interinos de la Administración, con nombre y apellido, pasen a ser indefinidos, sino que sus plazas, en su mayor parte, saldrán a concurso como un puesto fijo. Así pues, la oferta de plazas se llevará a cabo dentro de los límites y reglas de gasto establecidos y respetando los principios de libre concurrencia, igual, mérito, capacidad y publicidad.

Con todo, ya de entrada la puesta en práctica del acuerdo de marzo está siendo compleja por la dificultad para establecer un censo de trabajadores temporales e interinos, sobre todo en las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

En cualquier caso, a la salida de la reunión, la secretaria de Políticas Públicas de FSC-CC.OO., Miriam Pinillos, y el secretario de Organización de FeSP-UGT, Frederic Monell, han asegurado que la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se ha mostrado a favor de estos avances, pero han matizado que no se podrá dar por cerrado el acuerdo hasta que no haya un pacto global que incluya otras materias como la jornada laboral, el cobro íntegro del salario durante las bajas o en el apartado de salarios. Este último ocupará la reunión del próximo lunes.

Satisfacción entre los sindicatos

Según Pinillos, este acuerdo en materia de empleo va a permitir empezar a recuperar el empleo perdido, no solo en los servicios prioritarios, sino en el conjunto de las administraciones y sectores públicos, con la creación de nuevo empleo público.

El acuerdo previsiblemente supondrá aumentar las tasas de reposición en los sectores prioritarios y no prioritarios — consensuadas en un 100% y en un 75%, respectivamente, hasta septiembre, cuando las negociaciones sufrieron un parón por la situación en Cataluña–, hasta poder superar el 100% en sectores prioritarios, y en algunos de ellos incluso llegar al 115%, como en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por su parte, el secretario de Organización de FeSP-UGT, Fréderic MOnell, ha destacado que la reunión ha sido «positiva» y de «avance» respecto a las condiciones de trabajo, como la jornada o la incapacidad temporal, de hasta el 100% para los empleados públicos, si bien no se ha llegado a cerrar un acuerdo.

Las partes se volverán a ver el lunes para hablar de salarios

En cambio, Monell ha explicado que se ha avanzado de manera «muy significativa» y ya casi cerrada la parte referida al empleo, tanto en estabilización de plantillas como en oferta de empleo público en lo referido a recuperación de empleo neto.

Así pues, las partes se volverán a ver el próximo lunes para tratar la cuestión salarial. La propuesta por parte de la Administración es de una subida de entre un mínimo del 5,25% y un máximo del 8% para los tres próximos años. En detalle, el incremento que ofreció Hacienda contempla una subida fija del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución de la economía española.

Esta parte variable podría aportar, si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, un alza adicional del 0,25% en 2018, del 0,5% en 2019 y otro 0,5% en 2020. En el caso de que se superase en cuatro décimas la previsión del PIB, la subida adicional sería del 0,5% en 2018 y otro 0,75% en 2019 y en 2020. En la práctica, el salario de los funcionarios podría subir un máximo del 2% este año, un 2,5% en 2019 y un 2,75% en 2019.

Hacienda y sindicatos se han fijado el 1 de marzo como fecha límite para alcanzar un acuerdo sobre sueldos, empleo público y condiciones laborales de los funcionarios, si bien CC.OO. considera que la negociación sobre las condiciones laborales y la retribución de los empleados públicos se puede estirar mientras continúe la referida a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.