Un jubilado junto a su hijo y su nieto.

Un jubilado junto a su hijo y su nieto. iStock

logo
La gran amenaza de la Seguridad Social: las pensiones que vienen

Economía

La gran amenaza de la Seguridad Social: las pensiones que vienen

Subir las prestaciones con el IPC, como reclaman los jubilados, tendría un impacto reducido en el gasto hoy, pero multiplicador en el futuro por las mayores carreras de cotización acumuladas

El Pleno del Congreso de los Diputados albergará el próximo 14 de marzo un debate clave: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se enfrenta aislado a una oposición que pide en bloque revisar la fórmula de revalorización anual de las pensiones y que presiona para volver a vincularlas al IPC, como han demandado en las calles los jubilados.

El Gobierno se resiste con uñas y dientes a dar ese paso y revertir la reforma de 2013, que implantó el índice de revalorización, un mecanismo automático que frena el gasto en pensiones durante los años de déficit del sistema -actualmente supera los 18.000 millones de euros- y que ha tenido como consecuencia una subida anual del 0,25% desde ese año.

Para ganar tiempo, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha pedido a la oposición informes cuantitativos sobre el coste de sus propuestas, argumentando que solo se puede dar una respuesta a sus peticiones si se conocen sus efectos. Gana tiempo, pero ¿acaso no es conveniente saber la verdadera envergadura de una subida de las pensiones, por ejemplo, en línea con el IPC?

A la salida de la comisión del Pacto de Toledo, el portavoz del PP, Gerardo Camps, reiteraba en su defensa que una subida así de las pensiones tendría un efecto de bola de nieve, consolidando incrementos en las prestaciones –solo en 2017 la factura sería de entre 1.200 y 1.800 millones adicionales– que luego se harían estructurales y perdurarían muchos años en la factura de la Seguridad Social.

Sin embargo, partiendo siempre de que la suficiencia de las pensiones es un objetivo compartido, alinear otra vez las pensiones con el IPC -dando por hecho que una economía en crecimiento dará lugar a tasas positivas superiores al 0,25%- sería una carga de profundidad para las finanzas públicas que, sin embargo, no vendría del lado de los actuales pensionistas que se manifiestan en las calles, sino de los que vienen. Una oleada de trabajadores próximos a jubilarse, con muchos derechos acumulados que a día de hoy se retiran con pensiones de casi 1.500 euros brutos al mes de media.

El problema, por tanto, no es subir la pensión a quien gana 600 o 650 euros y que ronda los 80 años, sino a alguien que ya cobra 1.500 euros y tiene 65 o 67 años.

¿Sabes cuánto tendrás de pensión cuando te jubiles?:

Cabe recordar que cuando hablamos de pensiones no solo hablamos de jubilados. Estos suponen el 61,5% de todas las prestaciones que paga el sistema, sin embargo, alcanzan el 71% en términos de gasto. Más aún, al contar con la cuantía media más alta, cualquier revalorización supone un efecto multiplicador mayor en este tipo de pensión.

Pues bien, baste señalar que la pensión media de los jubilados es a día de hoy de 1.077,52 euros brutos. Ese es el ingreso promedio que cobran en 14 pagas. Sin embargo, solo echando un vistazo a las nuevas altas de jubilación de enero, la pensión media alcanza los 1.362,6 euros, cantidad que asciende a 1.482,21 euros en el caso de los jubilados.

Es una cuantía abultada si se piensa en los primeros salarios que se suelen cobrar en España, a menudo procedentes de contratos temporales. Además, no hay que olvidar que se trata de una media, y es que la pensión máxima en España roza los 2.600 euros brutos al mes.

De un primer vistazo se observa, por tanto, que la revalorización de las pensiones con el IPC tendrá un efecto mucho mayor sobre el gasto en el caso de las nuevas pensiones que sobre las que se vienen cobrando de muchos años atrás.

El PSOE ya avisó en 2010

España ya cuenta con un simulacro que muestra el efecto de la subida de las pensiones con el IPC.  La serie histórica de Empleo muestra que, si bien entre 2008 y 2009 el gasto en pensiones se disparó un 9,27% y un 6,89% por subidas extraordinarias en las pensiones mínimas, salvando la congelación de 2010, la factura de las pensiones de jubilación creció por encima del 5% entre 2012 y 2013, año en el que se aplicó ya la última reforma. Sin embargo, el número de jubilados subió a un ritmo algo inferior al 2%.

Ya en el año 2010, gobernando el PSOE, el entonces secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, avisaba a la comisión del Pacto de Toledo del riesgo de seguir indexando las pensiones con el IPC y cuantificaba en 40.000 millones solo el impacto en años posteriores de la revalorización de 2009. Su llamada, decía entonces, no era “muy correcta ni electoral”, pero era un aviso que, como se ve, aún hoy genera debate, precisamente en un año preelectoral.

Lo que ha ocurrido desde 2013 es que, mientras que las pensiones han seguido creciendo a ritmos de entre el 1,5% y el 2%, el gasto se ha atemperado por las revalorizaciones del 0,25% hasta porcentajes algo superiores al 3,5%. Sin embargo, ¿por qué siguen subiendo a ese ritmo los gastos si las prestaciones se revalorizan un 0,25%? Por el efecto de las nuevas prestaciones.

Crece el gasto con las nuevas pensiones, no por la revalorización

Salta a la vista si se compara la evolución de los desembolsos por nuevas altas y por la revalorización de las pensiones. El gasto anual se ha incrementado un 28,3% por las nuevas incorporaciones desde 2013, no solo por el crecimiento de prestaciones en línea con el envejecimiento, sino por su mayor cuantía, mientras que el importe causado por las revalorizaciones una vez aplicada la última reforma ha descendido un 17,4%.

Esto muestra que volver a revalorizar las pensiones con el IPC no solo impactaría sobre este último capítulo de gasto, sino que aumentaría como una bola de nieve el primero, de la mano de los que entran en el sistema.

El grado de riqueza y de pobreza de los pensionistas

La portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Mercé Perea, insistía el pasado 7 de marzo en que la pregunta clave es qué pensiones quiere tener España. Dentro de esta pregunta no cabe compararse con otros países, y en todo caso corresponde hacer un diagnóstico. Porque aunque el gasto sea elevado, lo cierto es que todos los grupos de la oposición coinciden en que la situación de los pensionistas exige garantizar su poder adquisitivo y luego pensar en cuánto habrá que dejar y cómo se paga.

Actualmente hay en España una élite de jubilados, hasta 1,3 millones de personas, que cobran pensiones de jubilación por encima de los 1.500 millones de euros, mientras otros 2,1 millones tienen pensiones de jubilación por debajo de los 650 euros y, en medio, hay 2,3 millones de personas que se sitúa entre los 650 euros al mes y los 1.500 euros.

Pues bien, es este último tramo en el que se están jubilando de media los nuevos pensionistas. Y es el que podría hacer estructural durante algunas décadas una subida del IPC.

Por el contrario, el número de pensiones mínimas del sistema (no olvidemos que las de jubilación son solo una parte), está decreciendo, en parte también porque las pensiones más bajas se van extinguiendo. No hay que olvidar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero las salvó de la quema en 2010: congeló las prestaciones, pero siguió revalorizando las mínimas y las no contributivas.

Además, una de las medidas emprendidas por el Gobierno de Mariano Rajoy para aligerar la carga de la Seguridad Social fue la separación de fuentes del sistema, incluyendo un trasvase de los complementos a mínimos a los Presupuestos. Ahora se observa que ese gasto es cada vez menor, porque no hace falta completar tantas pensiones.

Visto de otro modo, los jubilados están cada vez más presentes en los deciles más altos entre las rentas totales. Hasta un 30% se concentraba en 2016 entre los tres últimos con más rentas, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, y esto se debe a la entrada en el sistema de estos nuevos pensionistas.

¿Quiénes son los futuros pensionistas?

Pero lo más importante tal vez sea que la entrada de nuevas pensiones de mayor cuantía frente a muchos salarios no irá sino en aumento. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente a 2017, de los casi 19 millones de ocupados, hay un 3,2 millones trabajadores de 55 años o más en el disparadero que se jubilarán aproximadamente en la próxima década.

Al mismo tiempo, más de 10 millones de trabajadores llevan más de seis años en el mismo puesto, una proporción creciente durante la crisis por el efecto de la dualidad en el mercado de trabajo, que en los años más duros expulsó principalmente a jóvenes con contratos temporales y mantuvo en sus puestos principalmente a los indefinidos.

Esto quiere decir que personas con largas carreras profesionales y, por ello, habitualmente con buenos sueldos, accederán en breve a la jubilación. Y lo que se decida hacer con la revalorización de las pensiones les afectará de lleno. A ellos y, al mismo tiempo a aquellos que tendrán que financiar sus pensiones, puesto que cualquier impuesto finalista, por ejemplo sobre las transacciones bancarias como propone el PSOE, previsiblemente acabará repercutiéndose a la ciudadanía.

Según reflejan las estadísticas del Ministerio de Empleo, cada vez se crea más empleo de calidad. Sin ir más lejos, el número de contratos indefinidos suscritos en febrero ha sido de 174.287, un 15,37% más que un años antes y el mayor registro de contratación indefinida en un mes de febrero en 10 años. Sin embargo, en una fotografía más amplia, sólo el 5,2% de los 21,5 millones de contratos que se realizaron en 2017 fueron indefinidos y a jornada completa.

Es decir, independientemente del salario de entrada que es más bajo, poco más de 1,1 millones de empleados tiene ahora acceso a un contrato fijo y con una jornada cercana a las ocho horas diarias. Cuando empezó la crisis se hacían más de 1,6 millones de contratos anuales, y representaba casi un 9% de la contratación total. Así pues, a menos que se quiera hacer recaer la nueva imposición sobre las empresas directamente, o se quiera llevar a cabo una redistribución de la imposición a través del IRPF o el IVA, estos son los empleos que soportarán la carga, al menos desde la cotizaciones.

El factor de sostenibilidad es más importante

Llegados a este punto entra en juego el conocido como factor de sostenibilidad, la segunda fase de la reforma de las pensiones. Un nuevo mecanismo que debería entrar en vigor en enero de 2019 para, teniendo en cuenta ya la esperanza de vida, modular las nuevas pensiones que entran al sistema. Los cálculos de los expertos estiman que la rebaja de la tasa de sustitución de las nuevas pensiones sobre los salarios caerá en alrededor de medio punto porcentual ya el primer año.

Es la aplicación de este mecanismo el que alienta, sobre todo, previsiones como la de que los jubilados dejarán de ingresar 350 euros mensuales los próximos años. Por ello, la reforma de 2013 no consistía tanto en reducir las pensiones existentes, sino, en todo caso, en revalorizarlas menos, y en modular las nuevas pensiones que entran, para evitar la bola de nieve.

Pues bien, el debate al que se enfrentará Rajoy el próximo miércoles será duro porque también estará sobre la mesa la derogación de este factor de sostenibilidad. En la oposición se da por hecho que el Gobierno no tendrá el valor de aplicarlo en la actual situación de protestas. Sin embargo, hasta que no haya otra nueva propuesta que aún suficiencia y equilibrio en el sistema, Rajoy tiene delante un tsunami, a elegir, social o económico.