España está saliendo de la crisis y es ahora cuando se ven con más claridad algunas de las cicatrices que ésta ha dejado a su paso. Un ejemplo es que, con algo más de 3,7 millones de desempleados y una tasa de protección que, pese al descenso de los últimos años aún ronda el 50%, el gasto del Estado central –excluidas comunidades autónomas y ayuntamientos– en desempleo sobre el PIB es superior a la media de la UE. Sin embargo, con esos recursos cautivos, el Gobierno destina menor proporción de gastos para proteger a los mayores.

Así lo muestran datos de Eurostat, el organismo estadístico oficial de la UE, a partir de datos del año 2016. Los registros muestran que el Estado español, como el resto de las economía europeas, destina la mayor parte de su presupuesto a protección social. El promedio de la Unión es del 19,1% del PIB, pero en España este porcentaje se limita al 16,8%.

Esta diferencia con el promedio europeo se mantiene en prácticamente todas las funciones que se integran dentro de lo que se conoce como protección social, es decir, en discapacidad, cuidado de familias e hijos, etc. Sin embargo, en el caso del desempleo, el Estado destina un 1,8% del PIB, frente al 1,3% de la UE y el 1,6% de la eurozona.

En cambio, en el caso de protección a los mayores, lo que incluye el gasto en pensiones, el porcentaje destinado del PIB alcanza supera el 10% en la UE, mientras que en España no supera el 9,2%.

Sorprende además que entre aquellos países que suben la media, esto es, que emplean más del 10% del gasto a proteger a los mayores, se encuentran, no solo los países nórdicos (Suecia o Finlandia), sino también aquellos que se llevaron la peor parte de la crisis en Europa: Grecia (16%) o Portugal (12,1%).