Economía

El envejecimiento cargará al Estado con más de 24.000 millones extra hasta 2050

El Banco de España advierte de que el incremento de la esperanza de vida conllevará mayor gasto en pensiones, sanidad y cuidados a largo plazo, hasta el 21% del PIB en tres décadas

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El envejecimiento cargará al Estado con más de 24.000 millones extra hasta 2050
El Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en el Congreso.

El Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en el Congreso. EFE

Resumen:

 

La creciente esperanza de vida es una buena noticia con un reverso peligroso. El gasto público asociado al envejecimiento va camino de convertirse en la principal carga presupuestaria para el Estado. No solo son las pensiones, sino también la atención sanitaria que necesitan los mayores y los cuidados que requieren aquellos que se convierten en personas dependientes. El Banco de España le ha puesto cifras y alerta de que, si se cumplen las actuales proyecciones demográficas, la carga presupuestaria derivada de estas tres partidas aumentará entre 1,5 y 2 puntos del PIB en un horizonte de tres décadas, hasta 2050.

Concretamente, el gasto conjunto de estas tres partidas pasará del 19% al 21%, algo que es muy difícil de cuantificar en términos absolutos puesto que se desconoce cuál será el PIB en ese año. Sin embargo, tomando como referencia el nivel actual, el Banco de España estaría hablando de gasto extra de entre 15.000 y 24.000 millones de euros.  Además, en una perspectiva de PIB al alza, es de prever que el incremento de la carga presupuestaria supere esas cifras durante las próximas tres décadas.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, puso estas previsiones sobre la mesa durante su comparecencia en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados de este lunes, en la que alertó de que el impacto del envejecimiento de la población sobre el gasto público en el medio y largo plazo es “un reto de primer orden” para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La creciente esperanza de vida es una buena noticia con un reverso peligroso. El gasto público asociado al envejecimiento va camino de convertirse en la principal carga presupuestaria para el Estado. No solo son las pensiones, sino también la atención sanitaria que necesitan los mayores y los cuidados que requieren aquellos que se convierten en personas dependientes. El Banco de España le ha puesto cifras y alerta de que, si se cumplen las actuales proyecciones demográficas, la carga presupuestaria derivada de estas tres partidas aumentará entre 1,5 y 2 puntos del PIB en un horizonte de tres décadas, hasta 2050.

Concretamente, el gasto conjunto de estas tres partidas pasará del 19% al 21%, algo que es muy difícil de cuantificar en términos absolutos puesto que se desconoce cuál será el PIB en ese año. Sin embargo, tomando como referencia el nivel actual, el Banco de España estaría hablando de gasto extra de entre 15.000 y 24.000 millones de euros.  Además, en una perspectiva de PIB al alza, es de prever que el incremento de la carga presupuestaria supere esas cifras durante las próximas tres décadas.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, puso estas previsiones sobre la mesa durante su comparecencia en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados de este lunes, en la que alertó de que el impacto del envejecimiento de la población sobre el gasto público en el medio y largo plazo es “un reto de primer orden” para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Solo en los Presupuestos para 2018 se puede observar un incremento en estas partidas. Por ejemplo, el gasto en pensiones crece un 3,7% hasta rozar los 145.000 millones de euros, más del 40% de todo el gasto, mientras que las partidas de sanidad suponen 4.251 millones, uno 3,9% más, más del 6% del gasto total. En el caso de la dependencia, el presupuesto destinado crece en 46 millones, eso sí tras dejar de ejecutarse algo más de 40 millones de euros del Presupuesto de 2017.

El reto de incrementar los ingresos

Ante estas perspectivas, el gobernador del Banco de España lanzó un mensaje claro. Si se quiere mantener el mismo nivel de gasto será necesario proveer al Estado de mayores ingresos públicos.

Actualmente está actuando un índice de revalorazación que lleva desde 2013 limitando el gasto en pensiones con revalorizaciones anuales del 0,25%. En enero de 2019, si el Gobierno no da un golpe de timón, entrará en vigor el factor de sostenibilidad, que de forma adicional vinculará las nuevas pensiones que entren al sistema a la esperanza de vida, frenando aún más el gasto.

Esto quiere decir que serán los pensionistas los que carguen sobre su espalda el ajuste del presupuesto en envejecimiento. Más aún, el Banco de España señala como los principales perjudicados a los nuevos jubilados desde enero del 2019. Pero matiza que esto será así mientras no haya ingresos adicionales.

Linde lo resumió en esa misma intervención: “de los análisis disponibles se puede concluir que el mantenimiento de las tasas de sustitución actuales, que son elevadas en comparación internacional, exigiría incrementos muy significativos de los ingresos del sistema”.

En todo caso, Linde recomendó que, decida lo que decida el Pacto de Toledo, foro en el que a día de hoy ha cobrado mayor peso el debate de los ingresos, “sería deseable que cualquier estrategia de reforma elegida reforzara la relación entre contribuciones y prestaciones, y mantuviera un mecanismo de ajuste que garantice el equilibrio financiero”.