La brecha entre Cataluña y el resto de España se agiganta. Al menos, en términos de solvencia financiera. Mientras el país y hasta once comunidades autónomas han podido celebrar ya en 2018 distintas mejoras de su calificación crediticia, la región catalana no solo mantiene la nota más baja para las tres principales agencias de rating, sino que todas ellas mantienen una perspectiva negativa sobre su nota, lo que representa una amenaza de nuevas rebajas de la nota.

S&P y Moody’s han dejado clara, en los últimos días, la frontera que, a ojos del mercado, aísla el territorio catalán del resto del país y que le está impidiendo beneficiarse de la dinámica positiva en que se halla inmersa la economía española.

Los analistas de S&P consideran que el clima de enfrentamiento político entre el Gobierno central y los dirigentes políticos catalanes representa un riesgo incluso para la capacidad de pago de Cataluña. “Continuamos viendo tal inestabilidad política como un factor de riesgo para la coordinación fluida entre los dos gobiernos, que en nuestra opinión es esencial para el pago puntual o la refinanciación de las obligaciones de deuda de Cataluña, incluida la deuda a corto plazo”, precisaba la nota emitida este martes.

Las amenazas que S&P ve en torno a Cataluña contrastan con la favorable visión que mantiene sobre España, a la que elevó la calificación el pasado mes de marzo a niveles de A- (siete escalones por encima de la nota que otorga a Cataluña) y de la que prevé que seguirá liderando el crecimiento entre las grandes economías europeas durante los próximos tres ejercicios.

Moody’s ha elevado este miércoles el rating que otorga a nueve regiones españolas

Así, mientras las tensiones políticas nublan las perspectivas para la economía catalana, S&P ha mejorado en las últimas semanas la calificación que da a la deuda de cuatro de las once comunidades autónomas que analiza: País Vasco, Navarra, Canarias y Galicia. Tras esta medida, la nota de estas regiones se sitúa entre siete y ocho escalones por encima de la de Cataluña y, además, las tres primeras muestran una perspectiva positiva, lo que implica amplias posibilidades de mejoras adicionales en los próximos trimestres.

Esta brecha de solvencia resulta aún más evidente en la visión de Moody’s. Este miércoles la agencia ha decidido elevar la calificación que otorga a nueve de las diez regiones españolas que cubre: País Vasco, Galicia, Madrid, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia. Sólo Cataluña ha quedado al margen. Fitch, por su parte, sólo ha subido la nota del País Vasco en el presente ejercicio.

Estas decisiones son reflejo de que el desafío soberanista ha sido visto como un agravante de las dificultades financieras que ya acusaba Cataluña y que han hecho su economía especialmente dependiente de los fondos del Estado para cubrir sus obligaciones. Y la priorización de las cuestiones relativas a la independencia sobre otros ajustes económicos impiden que esas deficiencias se corrijan.

En esa tesitura, las agencias comprenden que las tensiones entre el Ejecutivo central y los grupos nacionalistas catalanes impiden que esta región puede derivar en un impacto económico negativo centrado en la propia Cataluña. «El riesgo de crédito más importante que vemos es que las tensiones relacionadas podrían llevar a una caída sostenida de la confianza empresarial y del consumidor, especialmente en Cataluña», observaba en marzo S&P.

Y este miércoles Moody’s recalcaba «la débil posición fiscal de la región, reflejada en la presencia de niveles de deuda muy altos y la opinión de Moody’s de que las tensiones políticas persistentes entre la región y el gobierno central afectan a la economía regional, particularmente la inversión directa extranjera».

Lo cierto es, aunque agrandada en las últimas semanas, la divergencia entre la visión que mantienen las agencias de rating sobre Cataluña y el resto de comunidades autónomas españolas viene de lejos. No en vano, entre finales de 2015 y principios de 2016, la nota de la deuda catalana ya fue rebajada tanto por S&P como por Moody’s y Fitch. Es la única región que ha visto reducida su calificación en un periodo en el que, además de las once regiones mencionadas, han recibido mejoras en su nota Baleares y Aragón (por parte de S&P).

Persiste la elevada deuda

En líneas generales, las agencias de rating han aplaudido el control del gasto público, que, auspiciado por las presiones del Gobierno, han llevado a cabo las distintas comunidades autónomas, reduciendo sus déficits, pero advierten de que la deuda sigue siendo elevada y que mantienen una elevada dependencia de la liquidez estatal.

Así, Moody’s resalta en su informe de este miércoles que en 2017 ha sido «la primera vez desde el comienzo de la crisis financiera en 2008 que las regiones españolas han cumplido el límite de déficit impuesto por el Gobierno cental». En este sentido prevé que, a pesar de que la mayoría celebrarán elecciones en 2019, «es probable que el déficit regional continúe disminuyendo en 2018 a medida que el fuerte crecimiento del PIB refuerce los ingresos tributarios regionales».

En lo referente a las diferencias financieras entre unas y otras, los analistas de las firmas de calificación suelen observar que, aunque parte pueda justificarse por las ineficiencias del sistema actual de financiación autonómica, también reflejan las diferencias de compromiso de los distintos gobiernos regionales con la consolidación fiscal y el control de gastos.

S&P reserva sus mejores notas entre las regiones españolas a País Vasco y Navarra (A+), que presentan una calificación superior a la de España -gracias a su régimen fiscal especial-, seguidas de Canarias y Galicia (A-). País Vasco (A3) y Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha (Baa1) presentan las mejores notas entre las autonomías que cubre Moody’s. Y Fitch otorga sus mejores ratings a País Vasco (A-), Canarias, Madrid, Cantabria y La Rioja (BBB).