Indexar los valores monetarios es una operación que tiene consecuencias perversas. Este método de actualización inocula en el sistema económico un virus maligno: cuando el precio de un bien o servicio aumenta, los índices de precios como el IPC suben, y esto significa un incremento automático del precio de otros bienes simplemente porque están vinculados al mismo índice. Los perjuicios para el conjunto de la economía son aberrantes porque muchas veces no hay conexión directa entre el precio de unos bienes y el de otros. La indexación produce una inflación más elevada, favorece su persistencia en el tiempo y, por consiguiente, deteriora la competitividad de una economía. Todas estas anomalías desvirtúan la información que deben transmitir los precios a los agentes económicos. Los precios, en este caso, suministran una información errónea porque su cuantía evoluciona al margen de los costes propios de cada sector de actividad y su formación tiende a ser homogénea en todos ellos. En definitiva, la indexación crea un círculo vicioso, un abanico de efectos nocivos al que los economistas denominan “efectos de segunda ronda”.

Para evitar los “efectos de segunda ronda”, los agentes sociales actuaron con racionalidad en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, en el que renunciaron a una revisión directa de los salarios conforme al IPC. Para evitar esos efectos perniciosos, el Gobierno se comprometió entonces a desindexar jurídicamente la economía española en el marco del Programa Nacional de Reformas 2013-2014, que dio lugar a la aprobación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo. Y, también para que la economía española evitara los citados “efectos de segunda ronda”, el Consejo de la Unión Europea nos dirigió en su momento una recomendación específica contraria a la indexación.

Los perjuicios para la economía son aberrantes porque muchas veces no hay conexión directa entre el precio de unos bienes y el de otros

Si finalmente llega a buen puerto el pacto alcanzado por el Gobierno y el PNV de revisar la cuantía de las pensiones en 2018 y 2019 de acuerdo con la previsión estimada del incremento del IPC (dejando ahora al margen la revisión de las pensiones mínimas y las de viudedad), dicha medida tendrá un coste inicialmente no presupuestado de unos 3.300 millones de euros. Pero esta cifra es lo de menos. Lo trascendente es que Rajoy, con la indexación de las pensiones y el retraso hasta 2023 de la aplicación del “factor de sostenibilidad”, renuncia definitivamente a su proyecto reformista sobre la estructura económica de nuestro país, mientras compra de forma miserable su particular supervivencia política a corto plazo.

Es cierto que el artículo 3 de la expresada Ley 2/2015 deja fuera de su contenido (prohibición de indexar los valores monetarios o al menos su recomendación, según los casos) algunas cuestiones. Como la negociación colectiva de los salarios, en la que los agentes disponen de un plus de libertad garantizado por la Constitución. O las pensiones de la Seguridad Social y también las reguladas por la Ley de Clases Pasivas del Estado. Pero esta exclusión legal de las pensiones de la Seguridad Social no significa en absoluto que la revisión de su cuantía al compás de las variaciones que se produzcan en el IPC sea el criterio defendido por el legislador. Sucede todo lo contrario. El mismo Preámbulo de la Ley 2/2015 nos dice que las pensiones “se rigen por su normativa específica”, ya “…que dicha normativa identifica un índice de revalorización de las pensiones que se basa en un conjunto amplio de variables económicas que aseguran la sostenibilidad del sistema de pensiones de la Seguridad Social”.

Es el truco habitual de los malos sacristanes: desnudar a un santo para vestir a otro

La Seguridad Social cerró 2017 con un déficit de 18.800 millones de euros, el mayor de su larga historia. Con el fin de maquillar esta pésima situación, los gastos adicionales en que incurrirá dicho sistema como consecuencia de la indexación de las pensiones, la subida de las pensiones mínimas y de viudedad, así como por el retraso de varios años en la aplicación del “factor de sostenibilidad”, no los soportará la Seguridad Social. Por decisión del Gobierno, dichos costes adicionales se cargarán sobre el pasivo de la Hacienda Pública. Es el truco habitual de los malos sacristanes: desnudar a un santo para vestir a otro. El arte (de aficionados) al disimulo tiene un segundo acto teatral: la revisión de las pensiones la pagarán, mediante la creación de un nuevo impuesto, los bolsillos de las grandes multinacionales tecnológicas. Es decir, la enésima versión de un mix que reúne dos ingredientes: el cuento de la lechera y la función de chivo expiatorio que los gobiernos impotentes atribuyen al ubicuo sector tecnológico, el Gran Satán del capitalismo global.

Hay que garantizar el futuro de las pensiones y dignificar a los jubilados. Pero no de esta forma, que significa pan para hoy y hambre para mañana incluso para los mismos pensionistas. Al PNV no cabe reprocharle nada. Es un equipo de provincias que sólo juega para su parroquia. Otra cosa merecen la frivolidad y el egoísmo de Rajoy y los suyos, que han subordinado el interés general a sus privilegios personales. Al inclinar la cabeza (y sus principios) por debajo de las horcas caudinas del PNV con la intención de desbloquear la tramitación de los Presupuestos han sacrificado en su propio beneficio el déficit público, que superará el estimado por todas las previsiones racionales.

Al inclinar la cabeza (y sus principios) por debajo de las horcas caudinas del PNV, han sacrificado en su propio beneficio el déficit público

Pero lo más grave es que los “efectos de segunda ronda” inherentes a la indexación erosionarán nuestra competitividad en relación con las economías de la zona euro, a la que se dirigen las dos terceras partes de nuestras transacciones comerciales. Si los precios españoles alcanzan una tasa anual de crecimiento superior a la media de la zona euro, la tripleta de centrales compuesta por Rajoy, Montoro y Escolano le habrá roto el fémur y el peroné a la actividad económica y la generación de empleo en nuestro país, precisamente justo ahora, en la fase expansiva del ciclo, cuando más peligros representa la erosión de la competitividad. Los “efectos de segunda ronda” imputables al aumento de las pensiones no serán automáticos por necesidad, porque los precios de otros bienes o servicios no están indexados al IPC. Pero la probabilidad de que el riesgo potencial se convierta en realidad es indiscutible cuando nada menos que el Gobierno de la nación da un ejemplo pésimo para que otros lo imiten.

Hay que ser un verdadero patriota para, en vez de apostar por el interés general, inyectar con la jeringa de la indexación el riesgo de aumentar la inestabilidad macroeconómica de nuestro país, algo verdaderamente impropio en un sistema económico eficiente, justo y desarrollado. Uno de los diccionarios más prestigiosos del idioma español otorga a la palabra “granuja”, entre otras acepciones, la de “persona hábil para engañar o para atraerse la simpatía de otras” y también la de “pilluelo”, especialmente referidas a los muchachos o jóvenes. Para calificar moralmente a los indexadores de las pensiones, vistos sus antecedentes, contradicciones y la edad que tienen estos prestidigitadores de feria de pueblo, creo que el término “granuja” es como la cerveza sin alcohol. Un donoso eufemismo.