“Estamos abocados al Gran Hermano”. Esta mezcla de profecía y amenaza salió de la boca de Santiago Menéndez en unas jornadas sobre impuestos organizadas hace poco por la consultora Deloitte. Santiago Menéndez es el director de la Agencia Tributaria y su aviso alude a la “potencia de fuego” de la que, según afirma, dispone la Agencia para detectar y controlar el fraude fiscal, así como para recaudar las cuotas, intereses y sanciones correspondientes. Por no hablar de su facultad para enviar a los incumplidores al juez de instrucción si la Administración aprecia la probable comisión de un delito contra la Hacienda Pública.

Sorprende que un alto funcionario de un Estado democrático se refiera a la famosa distopía orwelliana (una organización totalitaria, indeseable por su propia naturaleza) para exhibir músculo y advertir al personal de que no le gustan las bromas fiscales. Pero no cargaré las tintas. Como buen asturiano, el señor Menéndez sufre raptos del grandonismo habitual de la tierra. Es una exaltación del ánimo sin importancia que no perjudica a terceros. El bueno de Menéndez sólo ha presumido de la eficacia del centro que dirige, que aún será mayor en el futuro. Y es aquí donde se equivoca. Porque, si Menéndez estuviera en lo cierto, ¿qué necesidad tendría el Estado de la colaboración de particulares como Hervé Falciani? Ítem más: ¿por qué los inspectores de Hacienda proponen que la Ley recompense a los denunciantes de ilícitos tributarios mediante la concesión de un premio en metálico?

El fascismo, el nazismo o el franquismo fueron el paraíso de delatores, soplones y denunciantes

El fascismo, el nazismo, el franquismo… fueron el paraíso de delatores, soplones y denunciantes. Como dichos regímenes eran esencialmente perversos, utilizaron medios deleznables (la “confidencia”, el “soplo” o la delación, generalmente a cambio de dinero) para conseguir unos fines también deleznables. Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, surgió, al menos en Occidente, una pléyade de Estados liberales (los conceptos son de Fukuyama) que disponían de mucha “fuerza” y “alcance”.

Fue la época dorada del Estado-nación, de sus programas de bienestar para las clases subalternas, de la presión fiscal a la que eran sometidas las rentas más altas y, en definitiva, fue la era más brillante del Imperio de la Ley. Los medios y los fines no se encontraban en una relación de discordia.

Este idilio (que siempre estuvo lejos de la perfección) murió hace medio siglo. La era de la globalización, de la economía digital y de la tecnología de la información ha mermado el poder real de los Estados, mientras que, gracias al mercado mundial de capitales, han irrumpido en la escena trasnacional grandes agentes privados que rivalizan con los poderes públicos. Muchas veces esos agentes dictan su ley a los Parlamentos. Y no sólo a los nacionales, sino también al poder legislativo de instancias superiores al Estado.

No deja de ser una paradoja que, en aras de la eficacia de los poderes legítimos (democráticos), éstos recurran a medios éticamente dudosos

No es extraño, por tanto, que los órganos políticos hayan vuelto a requerir la colaboración (desinteresada o no) de denunciantes o soplones con la finalidad de que los poderes públicos estén en condiciones de controlar y reprimir conductas antisociales gravísimas, como el terrorismo internacional, el blanqueo de capitales o la delincuencia económica y fiscal organizada. No deja de ser una paradoja que, en aras de la eficacia de los poderes legítimos (democráticos), éstos recurran a medios éticamente dudosos. Unos medios que, en ocasiones, no garantizan la obtención de la verdad y son meramente la expresión de venganzas privadas.

El pasado 23 de abril se aprobó la Propuesta de Directiva sobre la protección a los denunciantes de irregularidades. Es una herramienta legal que defenderá, en todos los Estados miembros, el Derecho europeo en determinadas materias, todas relevantes: contratación pública, servicios financieros, blanqueo de capitales, protección del medio ambiente, las normas del Impuesto sobre Sociedades, los intereses financieros de la Unión…

Si el texto consigue la luz verde del Parlamento Europeo, la futura Directiva impondrá a algunas entidades la creación de procedimientos internos para tramitar las denuncias y dará las oportunas garantías a los denunciantes para que no sean víctimas de represalias (estableciendo una sorprendente inversión de la carga de la prueba). Las entidades afectadas serán las compañías que cuenten con más de 50 empleados o tengan una facturación superior a 10 millones de euros. Igualmente, todas las administraciones nacionales y regionales, así como los municipios con más de 10.000 vecinos. Las citadas organizaciones deberán responder a los denunciantes en el plazo máximo de tres meses.

El denunciante se asoma al balcón del Obispo de Roma, pero no para bendecir a los fieles sino para condenar a los malvados

Las facultades del denunciante no se limitan a su acto inicial. Si las autoridades competentes no eliminan las supuestas irregularidades, el denunciante podrá dirigirse “a los medios de comunicación o al público”. Incluso podrá acudir directamente a esta vía “en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público, o de daños irreparables”. En todo este asunto veo un prurito escolástico y un exceso de teología. El denunciante se asoma al balcón del Obispo de Roma, pero no para bendecir a los fieles sino para condenar a los malvados.

El denunciante goza del dogma de la infalibilidad en cuestiones de fe y es el vicario del Gran Hermano en los ángulos muertos que escapan a su visión. ¿Orwell o el comisario Torrente, el brazo tonto de la Ley? Porque le va muy holgado el nombre de Gran Hermano a quien cede su poder jupiterino a cualquiera que esté en el lugar correcto en el momento indicado.