El equipo saliente de Adif, que con toda seguridad va a ser cesado por el Gobierno entrante -probablemente este mismo viernes- lleva desde otoño de 2016 de fracaso en fracaso en sus varios intentos por sacar adelante un concurso millonario de seguridad y vigilancia para el periodo 2017-2019, dotado de 88 millones hasta 2019. No lo ha conseguido y el último traspié tuvo lugar el 13 de abril, cuando el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (el TACRC) anuló el contrato de seguridad a raíz de una impugnación planteada por Ilunion (antigua ONCE), según ha sabido El Independiente.

Previamente el concurso ya había sido declarado desierto en octubre de 2017. Por lo que el administrador de infraestructuras decidió abrir un procedimiento negociado sin publicidad con un aumento en el precio de la licitación del 10%. En su resolución del pasado mes de abril, el tribunal administrativo estima la reclamación de Ilunion y rechaza las alegaciones de Adif, que ha pedido al TACRC “mantener los efectos del procedimiento anulado”.

Si la respuesta del TACRC a esto último no es afirmativa, la empresa pública procederá a “contratar los servicios de vigilancia y seguridad a través de un procedimiento de extrema urgencia o, en su caso, de emergencia”.

Adif abrió un procedimiento negociado sin publicidad tras quedar desierto el concurso

El contrato afecta a toda la red de estaciones, según publicó El Economista. Y fue lanzado por primera vez hace un año y ocho meses, cuando el Consejo de Administración aprobó el 28 de octubre de 2016 el “expediente, gasto y apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de servicios de vigilancia y seguridad periodo 2017-2019”. Desde entonces todos los intentos han sido abortados: se han detectado errores en los contratos o directamente las empresas no han acudido.

En el tercer y malogrado intento, una impugnación ha frustrado las esperanzas de la compañía propietaria de la vía y de las estaciones de tren. Adif alega que la subida del precio de la licitación no es “sustancial”, a lo que el tribunal responde sin ambages que “el 10%, no puede considerarse como una modificación no sustancial”. “Tal límite”, añade la resolución, “abre una posibilidad de acceso al negociado sin publicidad no querida en las Directivas Europeas”.

Un contrato tuvo errores, otro quedó desierto y otro ha sido anulado

El TACRC igualmente rechaza la “actualización en las tarifas” que esgrime Adif para respaldar el alza del precio de licitación. “Se ha intentado justificar el aumento de casi un 10% con una supuesta actualización de precios que no es tal o que desde luego no se nos ha explicado qué factores son los que han de ser actualizados, los criterios de tal actualización y como se incide en la determinación final del precio”, dice el tribunal.

En el informe presentado ante el Consejo de Administración de Adif el pasado 13 de mayo, se destaca además que hay que “tener en cuenta los efectos que se derivan en este sector del conflicto de vigilancia y seguridad en el Aeropuerto de El Prat que se produjo en verano de 2017”. Sin embargo, nada de esto ha sido alegado ante el tribunal. En dicho conflicto, que afectó a miles de viajeros, los trabajadores de Eulen se declararon en huelga. Finalmente, un árbitro nombrado por Fomento resolvió el embrollo al ordenar una subida salarial y un refuerzo de plantilla.

Adif defiende que quiere evitar un conflicto como la huelga de Eulen en El Prat

Portavoces de Adif consultados opinan que la problemática no es tan grave. El TACRC “es un tribunal de carácter exclusivamente administrativo”, aseguran, y “hay que tener en cuenta que el procedimiento de licitación anterior de marzo de 2017 se había declarado desierto por falta de ofertas”. “Se actualizó el presupuesto a fin de que el mismo resultara adecuado a las condiciones del mercado al tiempo de la nueva licitación”, agregan fuentes oficiales, que afirman que en el concurso negociado sin publicidad “se mantuvieron inalteradas las condiciones iniciales del contrato desierto pero se actualizó el presupuesto de licitación y el valor estimado del mismo”.

Siempre según la empresa, las firmas que seguirán prestando servicios de vigilancia y seguridad son Prosegur, Eulen y Securitas, “las adjudicatarias del contrato objeto de resolución por parte del TACRC”.