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Economía

La I+D en España no es verdad

Es cuestión de tiempo que el nuevo Gobierno del PSOE, como corresponde en cada nueva legislatura, anuncie un incremento del esfuerzo presupuestario destinado a la I+D+i en el marco de los Presupuestos para 2019.

Además, en el entorno del presidente Pedro Sánchez se asegura que, con un mandato de corto recorrido y una aritmética parlamentaria adversa, habrá que elegir bien las batallas que se quieren librar y apuestan por no renunciar a una mayor inversión en innovación.

Es una de las piedras angulares del nuevo modelo económico que el Gobierno dice querer propiciar para que el conocimiento acuda al relevo de la hostelería o la construcción, y el empleo de calidad sustituya al precario.

Sin embargo, al margen de que muchos hayan visto un golpe mediático en el nombramiento de Pedro Duque, el astronauta patrio, como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, ciertos estudios reflejan que sobrerreaccionar y disparar la inversión en I+D no es necesariamente garantía de éxito. Cuidado con los gestos.

Es el caso del estudio La inversión en I+D y la innovación después de la crisis: sector público y sector privado, realizado por el profesor de la ESCI-UPF, investigador del Centro Sector Público-Sector Privado IESE y colaborador del BCE, Ramón Xifré. El trabajo, publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), se centra en el escurridizo concepto de inversión en I+D como termómetro de la salud de las políticas públicas de apoyo a la innovación.

En este entorno, la lectura es la sabida, pero con matices importantes: la apuesta española por la innovación ha sido tradicionalmente preocupante, más aún desde el estallido de la crisis, no necesariamente por la situación económica, sino por falta de voluntad política o empresarial. Pero más preocupante aún es que la innovación no se ha afrontado como una política de Estado y ha estado sujeta a un gran mal: la volatilidad. Esto quiere decir que incrementar la inversión en unos años concretos no supone ni siquiera un parche.

“La innovación, por definición, es una actividad difícil de medir ya que es una proceso amplio”, recuerda Xifré, quien parte de un informe sobre el estado de la situación en España de hace cuatro años, al inicio de la recuperación.  Pues bien, con la excepción de los años 2009 y 2010, que bien podrían tomarse como excepcionales por el repunte en la inversión aplicada por el último gobierno socialista, tanto el componente público –Administración, universidades, instituciones de educación superior—como el privado –empresas e instituciones privadas sin finalidad de lucro (IPSFL)–, han fluctuado en la misma dirección.

Hasta 2008, en la antesala de la crisis, se produjeron incrementos en ambas vertientes y entre 2011 y 2014, caídas. Después, los datos de 2015 reflejaron un pequeño incremento de la inversión en ciencia y desarrollo tecnológico. Sin embargo, los registros de 2016 volvieron a arrojar pesimismo.

Con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ese año la inversión en I+D aumentó un 0,7% respecto al año anterior, fundamentalmente por un incremento del 3% en el sector privado, frente a una caída del 2% en el público. Sin embargo, el mayor avance del PIB en ese año hizo que el esfuerzo inversor se diluyera del 1,22% en 2015 al 1,19% del PIB, frente a la media de la UE-28, que superó el 2%.

Esto es volatilidad y nada ayuda a mantener un ritmo investigador e innovador que de frutos.

Pero no es culpa de la crisis

En una comparación internacional, mientras que países como Alemania, Francia o Italia muestran un patrón más estable, en España, tanto en la esfera pública como en la privada, se han producido incrementos anuales del 15% o el 20% en los años de expansión, junto a caídas significativas en los períodos de crisis.

Sin embargo, a la vista de las conclusiones del informe, estas caídas en la inversión en I+D en tiempos de crisis no se deben (o al menos únicamente) a los menores recursos disponibles, sino a las decisiones de los Gobiernos y las empresas, siempre con la excepción de los años 2009 y 2010.

Porque la crisis azotó a todos los países europeos por igual. Y siendo cierto que Alemania o Francia estaban más preparadas que España para la batalla, Italia sufrió como España, sin que por ello registrara descensos en la inversión en innovación.

Además, el informe considera “muy inquietante” que en el año 2016 se produjera un comportamiento diferenciado entre el sector público y el privado, algo que no había ocurrido antes.

Y si al menos se ejecutara la inversión

Con todo, otro gran mal mantiene infrafinanciada a la innovación en España. No toda la inversión que se presupuesta, ni mucho menos, se acaba ejecutando. En los organismos públicos autónomos y agencias estatales, la tasa de ejecución de los Presupuestos se ha mantenido relativamente constante, alrededor del 90%, desde el año 2000 hasta 2016, según los últimos datos disponibles.

En cambio, en el caso de la Administración General del Estado (AGE), la tasa de ejecución presupuestaria se ha desplomado a partir de 2008 llegando a ser en el año 2017 tan solo del 30%. En otras palabras, el presupuesto público para la I+D+i ejecutado por la AGE se viene reduciendo de forma continua desde el año 2010 con el resultado de que el importe correspondiente al año 2017 (1.376 millones de euros) es inferior al del año 2000 (2.005 millones), lo cual implica una reducción del 31%.

Hay que resaltar que ambas cifras se expresan en términos nominales; si se tiene en cuenta el aumento de los precios ocurrido durante los últimos 18 años, el recorte que ha sufrido el presupuesto público ejecutado por la AGE en materia de I+D+i en términos reales sería todavía mayor.

¿Cuál es la razón última de esta baja ejecución? Todo radica en que, habitualmente, los anuncios de mayores inversiones presupuestarias mezclan lo que son subvenciones y los créditos (o estímulos) para las empresas. Son esas subvenciones las que se suelen ejecutar en un 90%, mientras que las partidas en forma de créditos no suelen materializarse más que en un 18%, según el dato de 2017, entre otras cosas por las exigencias que llevan aparejados y que, al final, desincentivan a las empresas.

Así es que, a la volatilidad en el presupuesto dedicado a la innovación se suma que en su mayoría no acaba siendo una realidad a pie de empresa.

Se necesita estabilidad y ejecución

Por ello, fuentes de la Fundación para la Innovación (Cotec) señalan que lo que hace falta es hacer de la innovación «una política de Estado», lo que implicaría un esfuerzo inversor sostenido, si no creciente, y real. «Con que se ejecutaran los presupuestos, eso ayudaría mucho», señalan las mismas fuentes.

Más aún, desde Cotec lamentan que la responsabilidad de que esto no ocurra no se circunscribe solo a los Gobiernos de turno, sino a todas las fuerzas políticas. Señalan que las políticas en materia de ciencia no suelen estar en el debate parlamentario, como tampoco los recortes sufridos durante la crisis «no encontraron la oposición que cabía esperar».

Así pues, desde el ámbito investigador se echa en falta, más inversión, pero también «más estabilidad en el tiempo», sobre todo en el apartado de subvenciones y ayudas directas; más «habilidad» para ejecutar el presupuesto para créditos y para estimular la inversión privada en I+D; y, por último, menos burocracia, «un lastre gigantesco para la ciencia y la innovación española».

Hay mucho en juego. Desde Cotec lo resumen así: «Una economía que desarrolla su propio conocimiento, que no necesita comprarlo fuera, es una economía fuerte, con más facilidad para, entre otras cosas, pagar las pensiones, la sanidad o la educación, que son políticas que el ciudadano interpreta con más facilidad como prioritarias para el buen funcionamiento del país».

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