El nuevo presidente de Ineco Jordi Garcés, sustituto de Isaac Martín-Barbero y nombrado el miércoles 1 de agosto, fue condenado en 2000 por apropiarse del trabajo de un alumno que demandó a la Universidad de Valencia y al propio Garcés. El suceso se produjo en 1994 y la resolución judicial del Supremo, seis años después, dando la razón al alumno y tras una retahíla de sentencias de los juzgados de Primera Instancia y de la Audiencia Provincial valenciana que habían fallado a favor de una y otra parte.

Así lo ha recordado El País, evocando la noticia que en su día se publicó y que afecta a Garcés. En declaraciones a ese medio, el nuevo presidente de la ingeniería pública con 2.500 trabajadores ha indicado que aquella resolución judicial fue errónea, que nunca hubo plagio y que el trabajo se realizó en equipo. El Supremo no lo consideró así.

Cinco millones de pesetas

Y es que Garcés, profesor catedrático de la Universidad de Valencia, dirigió un proyecto subvencionado por la ONCE sobre las “dificultades de acceso de los discapacitados a las distintas dependencias de la Universidad”. El estudiante afectado (quien tuvo la “idea original” según el auto de 2000) se apartó por discrepancias con cómo se estaba llevando a cabo el trabajo y decidió demandar a la universidad y a Garcés por apropiarse de la autoría intelectual de una obra que era suya.

“El documento presentado como el manuscrito inicial del proyecto es casi copiado literalmente por el proyecto presentado ante la Universidad”, falló entonces el Supremo. El alto tribunal condenó tanto al catedrático como a la Universidad de Valencia a indemnizar con 30.000 euros (cinco millones de pesetas de entonces) al alumno apartado del trabajo.